Alias ‘Mildred’ fue capturada en flagrancia cuando pretendía cobrar una extorsión a una mujer de 42 años a cambio de no publicar unas fotos íntimas, que de ser divulgadas, seguramente le causarían un gran daño a su imagen y buen nombre.

La extorsionista era una mujer de 20 años que conocía muy bien a su víctima, pues era su amiga y además confidente. De esta manera ganó su confianza y logró obtener con consentimiento de la víctima aquellas imágenes a través de la misma red social por la cual la intimidó y manipuló. El pasado 14 de marzo, ‘Mildred’ fue captura en el Parque Romero, cuando cobraba $100.000 de la cuota extorsiva. Esta práctica es conocida como “sextorsión”, una de las tantas modalidades que tiene la violación de datos personales.

En el caso de los hombres, el delito estaba relacionado con el acceso y divulgación de información confidencial, datos financieros, historias clínicas.

Pero en el de las mujeres, se trató de la publicación de material íntimo e incluso el registro fotográfico o de video de mujeres realizando actividades cotidianas como cambiar la ropa interior o bañarse. Situación que, por el rol que a las mujeres se les asigna en sociedad, trascendió de un ambiente digital a diferentes esferas de sus vidas, generando no sólo un detrimento en la imagen de estas mujeres, también desembocó en otra serie de violencias de género, como el repudio y la discriminación social.

Además, la publicación de este tipo de información va acompañada, en algunos casos, de otros delitos como la extorsión. Vale la pena preguntarse por qué en la mayoría de este tipo de imágenes y videos íntimos son el rostro y el cuerpo de una mujer los protagonistas. Si fuera el de un hombre, sin duda no tendría el mismo ‘éxito’ de difusión o generaría el mismo escándalo o juicio social.

Desde 2009, en Colombia se tipificaron una serie de conductas como delitos informáticos. Y la información y los datos personales se convirtieron en un bien jurídico protegido. A partir de la Ley 1273 se tipificaron como tal el acceso abusivo a un sistema informático, la obstaculización ilegítima de un sistema o red de telecomunicaciones, la interceptación de datos informáticos, daño informático, la suplantación de sitios web para capturar datos personales, el hurto por medios informáticos y semejantes, además de la violación a datos personales.

Se conoció el caso de Paula Benavides, una joven de 21 años, a quien un ciberdelincuente difundió en la red social WhatsApp un video íntimo, en el cual sostenía relaciones sexuales con su pareja sentimental. Benavidez y Claudia Molina Turriago, abogada e investigadora de temas de violencia simbólica y género en contextos digitales, son la imagen de una campaña de la Fundación Mujer y Futuro que busca concientizar a los ciudadanos para que no se conviertan en delincuentes virtuales por desconocimiento o simple morbo.

A pesar de las críticas y juicios de valor que ha debido afrontar la joven, Paula Benavides decidió que le contaría al mundo, si es necesario, que ella es víctima de violación de datos personales bajo las modalidades de la denominada ‘pornovenganza’ y trata virtual de personas. Porque de esta manera, dice, logrará que mujeres que han sido o son víctimas silenciosas de estas modalidades dejen el miedo y denuncien. Además, la campaña busca que las personas, ya sea por morbo o desconocimiento, no se conviertan en ciberdelincuentes al compartir y difundir este tipo de contenido que pueda generar un perjuicio a una persona. Precisamente la campaña tiene como mensaje #noseaunciberdelincuente.

Un caso de ‘pornovenganza’

Paula Benavides ya había sido avisada por varios de sus amigos sobre un supuesto video en el que ella aparecía sosteniendo relaciones sexuales con un hombre. Sólo hasta el 23 de febrero, cuando el video llegó a su celular a través de WhatsApp, Benavidez confirmó que lo que decían era cierto. Sí, la mujer del video era ella y el hombre, a quien no se le ve el rostro, su expareja sentimental. “Sí, yo sé que estaba siendo grabada. Sin embargo no di el consentimiento para que ese video saliera a luz pública, que fuera difundido y menos publicado en una página porno. Fue un shock para mí saber que había un video íntimo mío y de mi expareja; fue algo difícil de asimilar. Me sentí atacada y denigrada no sólo por hombres, también por otras mujeres”, explica Paula.

El video, que empezó a compartirse en WhastApp, terminó en una sección de amateurs de una página de Internet que se lucraba con la explotación ilícita de la imagen de Paula Benavides. Gracias a la actuación del grupo de delitos informáticos del CTI el contenido ya no está en línea. Sin embargo, la cadena de la red social continúa.

“Paula es víctima de porno venganza y trata virtual. ¿por qué? Primero porque es un video de contenido sexual explícito y segundo porque la persona que lo publicó tenía la intención de causarle un perjuicio. El ciberdelincuente la conoce, sabe quiénes son sus amigos y familiares. Y es trata virtual, porque el cuerpo y el rostro de Paula fueron cosificados y comercializados, permitiendo satisfacer las apetencias sexuales de un consumidor o espectador y además lucró ilícitamente a terceros”, afirma la abogada Claudia Molina Turriago.

Según la abogada, los usuarios de la red creen que toda la información que llegue a sus cuentas de redes sociales es de su propiedad, lo cual es un error. “Es cuando debemos preguntarnos quién es el titular o el dueño de la imagen o del video en cuestión: ¿la persona que lo filmó?, ¿el usuario al que le llegó a su cuenta de correo, por ejemplo?, o ¿la persona con la que se vincula el video, es decir quien fue filmada? La respuesta es la última, es aquella persona con la cual se vincula el material o a quien se perjudica con la difusión y publicación del mismo”.

Las únicas personas que tenían en su poder ese video eran Paula Benavides y su exnovio. Al preguntarle a ella si cree que el material fue publicado por su expareja, Benavides dice: “hasta ahora es muy difícil decir quién fue. Se intentó hablar con la primera persona que me dijo de la existencia del video, sin embargo, no dijo quién se lo había proporcionado y es totalmente indiferente frente a mi situación. Y así como esa persona, hay muchas que creen que esto no le puede ocurrir a un mujer de su familia, a una amiga, incluso a sí mismo. Nadie está exento de ser víctima de trata cibernética o de violación de datos. Yo no puedo inculpar a mi exnovio”.

Y aunque en el registro fílmico no es posible identificar a su expareja, pues no aparece su rostro, Paula cree que “él es una víctima como yo. Esto hasta que las autoridades digan lo contrario. Él dice que sus cuentas virtuales fueron hackeadas”.

De acuerdo con la abogada Molina, no existe todavía una sola sentencia condenatoria por violación de datos personales que esté relacionado con violencia sexual o de género, se debe tener en cuenta que la tipificación del delito es reciente e implica un reto en materia investigativa. “Conseguir la prueba reina que lleve al ciberdelincuente y a quienes participaron en grado de coautoría y determinación es muy difícil, pues la mayoría de empresas proveedoras de los servicios, como por ejemplo Facebook, están Estados Unidos. El grupo de investigadores de delitos cibernéticos del CTI es un equipo muy juicioso que ha venido haciendo acuerdos de cooperación con entidades y organismos internacionales”, reconoce la investigadora.

Sin embargo, Molina Turriago afirma que las mujeres que se deciden a denunciar y a enfrentar un proceso judicial son revictimizadas en los estrados judiciales. “Conozco casos de procesos que se han archivado porque se ha considerado a la mujer una víctima pasiva y provocadora. Todavía hay jueces que culpabilizan a la mujer y no se reprocha la conducta del ciberdelincuente”.

“He escuchado en audiencias los siguientes reproches: “pero ¿por qué se dejó grabar?”, “¿usted no sabía con el tipo de hombre con el que se metía?”, “una mujer decente no hace ese tipo de cosas””, recalca la abogada.

Este tipo de casos de violación de datos que están relacionados con violencia sexual no sólo puede ocurrir por la traición de una pareja o una amiga. Hay mujeres que, sin saberlo, son grabadas y espiadas. Otras son engañadas a través de perfiles falsos en las redes sociales

Un proceso por violación de datos personales puede durar entre 10 y 14 años. Sólo la etapa de indagación, estado en el que se encuentra la investigación judicial por el caso de Paula Benavides, puede tardar dos años.

Por ahora las autoridades preparan una carta rogatoria a la empresa o red social para que permita el acceso a información de usuarios, entre otros datos personales, que lleven a encontrar al culpable.

Difundir también es delinquir. Una mujer no puede dejar de vivir su sexualidad libremente, dice la abogada Claudia Molina. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la tecnología y el software de los sistemas informáticos no son totalmente fiables y que son vulnerables a cualquier ataque cibernético.

Paula Benavides, la joven víctima de la denominada ‘pornovenganza’, asegura que después de esta experiencia aprendió que “no se puede confiar en nada ni en nadie. Ni en la tecnología y tampoco en las personas. Lo importante es que la gente entienda que el ciberdelincuente no es solo el que publica por primera vez el video íntimo, también lo es el que lo difunde y ayuda en su cadena. Esta situación ha sido muy difícil. Lloro todos los días. Me sentí sumamente avergozada. Afortunadamente mi familia y amigos me han apoyado incondicionalmente y han respetado la decisión personal de hacer mi caso público”.

Las mujeres que han sido violentadas en razón de su género y rol social a través de medios digitales tienden a desarrollar pesamientos suicidas, depresión, aislamiento social y sentimiento de culpa, lo cual impide que el duelo personal sea lento y veces no pueda ser superado. Hay que romper el silencia y rodear a estas víctimas de violencia.