Hace poco más de un mes la ministra de Educación, Janeth Giha Tovar, se vio cara a cara, por primera vez, con Carlos Enrique Rivas, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), durante la instalación de las mesas de negociación destinadas a revisar los pliegos de peticiones de los maestros.

Dicha reunión se sostuvo el 10 de marzo pasado. Ese día uno de los reclamos de los educadores estuvo relacionado con las duras circunstancias por las que atraviesan 350 mil docentes en todo el territorio nacional, una cifra que se acerca al millón de afiliados si se tienen presentes esposas, hijos y padres de los profesores quienes, como beneficiarios, son cobijados por el servicio de salud contratado por la Fiduprevisora. En este último caso se hace referencia a cerca de 650 mil personas.

Al respecto, el pasado 7 de abril los maestros recibieron las buenas nuevas. Las noticias provenían de la Procuraduría General de la Nación, que en un concepto firmado de puño y letra por máximo jefe de ese organismo, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) suspender la licitación que por 5,3 billones de pesos se adelanta para garantizar los servicios de salud de los docentes durante los próximos cuatro años.

La petición fue hecha luego de que el Jefe del Ministerio Público encontrara “inconsistencias y anomalías” durante la vigilancia al proceso de contratación de los servicios de salud para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

En ese sentido, recordó Carrillo que el referido proceso había sido declarado desierto hace un año, debido a que ninguno de los proponentes cumplía los requisitos técnicos establecidos. Con esto se dio paso a un nuevo proceso que terminó en la invitación pública 2 de 2017, sobre la que ahora se pronuncia.

A pesar de ello, dijo la Procuraduría, este nuevo proceso “no refleja integral y sustancialmente ajustes que superen definitivamente las falencias observadas respecto del proceso anterior (2016).

Uno - cero a favor de los docentes

Este podría ser quizá la mejor manera como los profesores iniciaron la Semana Santa, y no sólo por el espaldarazo dado por el propio jefe del Ministerio Público, sino porque así se abrió la puerta para que en la línea de protección al derecho a la salud que reclaman, se haga presente la Procuraduría General como ente de control.

Carlos Enrique Rivas Segura, presidente de Fecode, se mostró complacido por la determinación que tomó dicho organismo, instancia a la que espera arribar la próxima semana para buscar el acompañamiento que permita garantizar la salud de los profesores del país.

“Lo que sucedió es una gran noticia, y evidencia lo que tantas veces hemos reclamado”, dijo Rivas Segura, a pesar de lo cual señaló que esta determinación lo que hace es prorrogar en el tiempo los actuales contratos, los mismos que -dijo- tienen grandes problemas a la hora de la prestar los servicios de salud.

“Ante esto, estamos pidiendo a la Procuraduría que nos conceda una entrevista para que, ante este panorama, entre a vigilar la manera como se está prestando el servicio médico y la asistencia por parte de los actuales prestadores”, dice el dirigente gremial, quien admite no conocer de manera puntual las razones o los hallazgos reportados por el Ministerio Público para reclamar la suspensión de la licitación, la misma de la que se espera se conozca un pronunciamiento desde el Fondo antes del 20 de abril próximo, es decir, antes de terminar la semana de Pascua.

Cara a cara con la Procuraduría

“Para este organismo de control, el proceso contractual en curso no cumple los principios de contratación estatal y la gestión fiscal”, aseguró el procurador Carrillo, quien recordó lo encontrado hace un año de cara a este mismo proceso, cuestionamientos de los cuales señaló: “persisten”.

Según la Procuraduría, en aras de avalar por los principios de planeación y economía, y con el objetivo de precaver una mayor estimación o un déficit en el presupuesto oficial asignado “debe soportarse, razonarse y justificarse la cuantía de la convocatoria actual, esto es 5,277 billones de pesos, en comparación con el monto de la contratación del anterior proceso, que ascendió a 4,9 billones de pesos”.

Para el jefe del Ministerio Público, las modificaciones recientes y con las que se reporta un incremento en la cifra, no están plenamente justificadas.

Otro de los argumentos propuestos por la Procuraduría está relacionado con los documentos en los que conste la manera como se fueron otorgando las prórrogas a los contratos en cuestión, y precisa que a pesar de la insistencia para conocer dichos documentos no se los han entregado.

“Esta Procuraduría ha solicitado al Consejo Directivo del Fomag y a la Fiduprevisora la remisión de las prórrogas, modificaciones o de cualquier otro instrumento que hubiere ampliado el plazo del contrato, a partir del 31 de diciembre de 2015, sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta”, precisa Carrillo Flórez.

A este duro reclamo, y por el cual conminó su pronto envío, la Procuraduría General prendió las alarmas frente a la adecuada prestación de los servicios reclamados por los docentes, esto frente a la posibilidad de que durante la ejecución de lo pactado no exista un contrato de fiducia mercantil.

Esto -reza el concepto- “impediría al Consejo Directivo del Fomag y a los destinatarios de la atención contar con una entidad independiente que asegure la vigilancia, el control y el pago de los servicios desarrollados”.

Otra entidad sobre la que recayó el llamado de atención es el Ministerio de Educación, instancia que, según Carrillo Flórez, no ha destinado, o por lo menos, no se ha evidenciado en este proceso, la presencia de un equipo de supervisión o interventoría que vigile el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Fiducia Mercantil.

En este sentido, requirió al Mineducación, al Fomag y a la Fiduprevisora, para que adopten los mecanismos necesarios con que se asegure una evaluación objetiva de los proponentes y de las propuestas que se presentan para el desarrollo de la tarea que se licita.

Las razones de la Procuraduría

Una de las expectativas con la que los docentes salieron a sus vacaciones de Semana Santa es precisamente la de verse cara a cara con el Procurador para reclamar su intervención directa en la manera como se les presta el servicio de salud, y para lo cual esperan que la semana de Pascua lograr la respuesta afirmativa del Ministerio Público.

La propuesta no es gratuita, y es, además, justificada por el organismo de control al concluir que a esta altura del proceso una de sus preocupaciones es precisamente la falta de una instancia que coordine y articule los servicios de salud en el ámbito nacional, y que sea distinta a la figura del defensor del usuario, lo mismo que de las coordinaciones regionales o departamentales.

Este reclamo está relacionado con una instancia que se encargue de formular y ejecutar los procedimientos para controlar la atención integral, eficiente oportuna y de calidad en los servicios suministrados por las IPS.

Así la cosas, el concepto de la Procuraduría recomienda de manera directa al Gobierno nacional evaluar la posibilidad de crear o fortalecer el “andamiaje institucional que sea responsable de la administración del Fondo, además de evaluar el cambio estructural al funcionamiento del régimen de salud de los docentes“.

Ante este enredo, la salida, por lo menos para reanudar el proceso, y que contempla la Procuraduría, es la participación en este escenario de universidades u organismos internacionales para ganar en cuanto a la imparcialidad y la transparencia.

“Esta solicitud de suspensión debe ser considerada, teniendo en cuenta la adopción de medidas que garanticen la continuidad y la idoneidad de los servicios de salud del Magisterio para los usuarios y sus familias”, finaliza la Procuraduría.

Dato

Los docentes han hecho énfasis en los requisitos legales para la prestación del servicio médico asistencial como son cinco años de experiencia, capacidad suficiente para prestar los servicios en la región respectiva, servicios alternos, capacidad administrativa y dinero suficiente para convalidar el servicio médico asistencia.