El Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP) aborda, desde 1972, con una mirada crítica y alternativa el análisis de la realidad colombiana fundamentada en la producción sistemática de información, en la reflexión con rigor investigativo, en las propuestas de educación popular para el fortalecimiento de las organizaciones y las comunidades y, en acción de incidencia intencionada en lo público.

Desde una opción preferencial por las comunidades, hombres y mujeres excluidas y víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, el Cinep/PPP anima el cambio social a partir de las orientaciones de la Compañía de Jesús en Colombia.

Cinep/ Programa por la Paz presenta este informe a la opinión pública como servicio a las víctimas en un ejercicio de recuperación de la memoria de los sufrimientos del pueblo, con la esperanza de contribuir en la construcción de una Colombia diferente, justa, sostenible y en paz.

El Cinep y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por grupos paramilitares contra líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos. Así como los centenares de casos de agresión -asesinatos, amenazas y heridos- contra líderes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda sin que haya datos sobre los presuntos responsables.

A pesar del descenso en el registro de casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH entre 2015 y 2016, resulta difícil afirmar que hay una mejora del respeto a los derechos de los colombianos y llama la atención el aumento de violencia por razones políticas.

Según información de la Base de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, en 2016 se atribuyen a los paramilitares 550 victimizaciones y a actores armados no identificados 833, por lo que es posible afirmar que continúa la “guerra sucia” contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda.

1. El paramilitarismo sí existe

El Cinep/ Programa por la Paz quiere llamar -de nuevo- la atención sobre la expansión del paramilitarismo, que se expresa mediante la violación sistemática de los derechos humanos, en particular a través de amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales y políticos, y defensores de derechos humanos.

Esto, a pesar de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó enfáticamente la existencia de grupos paramilitares al decir: “No hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgar reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada” .

El Banco de Datos ha registrado un preocupante incremento de víctimas de amenazas por parte de grupos paramilitares. En 2016 se registraron 395 amenazas, 83 ejecuciones extrajudiciales, 44 personas heridas, nueve fueron desaparecidas y 12 más torturadas .

Entre las tantas evidencias de la existencia del paramilitarismo está la distribución de panfletos amenazantes que tienen similitud en todo el país, lo que constituye un indicio de patrón y estructura organizada de carácter nacional.

En la Base de Datos llama la atención el número de victimizaciones atribuidas a actores armados no identificados. Se registran 279 asesinatos, 239 amenazas y 56 civiles heridos. En total hay 833 victimizaciones, sin que se tenga datos sobre los presuntos responsables en 2016. Como los métodos más recurrentes aparecen los asesinatos y las amenazas. Lo anterior evidencia que la “guerra sucia” sigue vigente en Colombia.

Los afectaciones por violaciones a los DD.HH. ocurrieron en su mayoría en Boyacá, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Santander y Chocó. 

2. Repuntan violaciones contra la protesta social

Igualmente, las acciones represivas de la Policía preocupan, en especial a través del Esmad. En 2016 hubo 548 victimizaciones, de las que 256 personas fueron heridas: 196 detenidas de forma arbitraria, 58 amenazadas, 17 ejecutadas extrajudicialmente, 12 torturadas y nueve víctimas de violencia sexual.

Un caso registrado en la revista ‘Noche y Niebla’ No. 54 da cuenta de ello: el 12 de julio de 2016, mientras se dirigía del trabajo a su casa, al pasar por Postobón en Duitama (Boyacá), Luis Orlando Saiz fue víctima de un impacto de cápsula de gas lacrimógeno lanzado a su cara por miembros del Esmad, que le produjo un trauma craneoencefálico que derivó en su muerte.

Esto motivó protestas multitudinarias contra el Esmad y su sepelio fue muy concurrido. La arremetida brutal del Esmad se dio en el paro nacional de transportadores de carga dentro del que fueron numerosas las violaciones a los derechos fundamentales.

Las cifras de las victimizaciones de paramilitares y unidades de la Policía son similares en 2016: paramilitares 550 victimizaciones, y Policía, 548.

En la crisis humanitaria vigente, el Banco de Datos conserva su decisión de contribuir al recaudo, sistematización y difusión de las violaciones más graves a los derechos humanos fundamentales.

Estamos convencidos de que poner en conocimiento público lo ocurrido sirve como presión social para que no se repita. Además, contribuye a reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

Colombia tiene un profundo problema de credibilidad en las estadísticas oficiales, debido a que la incidencia de la violencia y del conflicto social y armado polariza intensamente los intereses de las diversas fuerzas, que se ven proyectados en los parámetros de información.

Particularmente en los últimos gobiernos, existe una política estricta de control de la información oficial que, de alguna manera, encubre y legitima estrategias extremadamente polémicas, como la supuesta “desmovilización” de las fuerzas paramilitares.

Una de las características de lo oficial ha sido el manejo de cifras y números no respaldados por nombres, lugares, fechas y circunstancias verificables. El Banco de Datos funda su credibilidad en la visibilización de los datos a través de ‘Noche y Niebla’, exponiéndolos a la verificación pública, reservando solamente las fuentes para no exponer la seguridad de los denunciantes.

Nuestro trabajo se concibe en fundamento como servicio a las víctimas en su búsqueda de verdad y de protección y como servicio al país y a la humanidad en la salvaguarda de la memoria histórica de los sufrimientos de un pueblo. 

3. Caso del Magdalena Medio

El Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI), del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, presenta un informe sobre la situación de derechos humanos en la región respecto a: agresiones contra la vida (muertes violentas e intentos de homicidio), hechos victimizantes entre 1985 y 2016, y homicidios, amenazas y detenciones arbitrarias a líderes sociales, entre otros asuntos que ponen en riesgo a la región.

A pesar de las inversiones estatales de conectividad y a las inversiones privadas en lo agroindustrial y minería, la región sigue presentando altos índices de violaciones a los derechos humanos. En efecto, solo las agresiones contra la vida de la población civil en los 31 municipios que cubre el Observatorio de Paz Integral (OPI), entre 2014 y 2016 se presentaron 439 agresiones contra la vida, así: 310 muertes violentas de civiles asociadas al conflicto armado y 129 intentos de homicidios con heridos por arma de fuego. La mitad de estos crímenes se cometieron en Barrancabermeja. Los demás, en 16 municipios, principalmente en Aguachica, Sabana de Torres, San Pablo, Puerto Wilches, Puerto Berrío, Tiquisio y Santa Rosa del sur.

Tanto en Barrancabermeja como en San Pablo son frecuentes los panfletos por un grupo denominado R 15, que amenaza a jóvenes, presuntamente consumidores de droga y ladrones. El objetivo de estas agresiones son jóvenes entre los 15 y 20 años. Este año los panfletos amenazantes se han distribuido en las comunas Cuatro, Cinco, Seis y Siete, señalando los nombres de los jóvenes que son objetivo militar en cada comuna. A su vez, en enero, el grupo R15 recibió amenazas de muerte, en un panfleto, por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En los últimos tres años, el OPI ha registr ado la presencia de los siguientes grupos paramilitares -unos ligados a estructuras regionales y nacionales y otros de carácter local-municipal-: Clan El Golfo – Úsuga - Urabeños o Gaitanistas, Los Rastrojos, Los Botalones, Pablo Acuña, Los W, Los Cuatreros, 9 De Abril, Los Búcaros, Los Platinos, Los Costeños, El Palmar, Los Yeyos, Los Comuneros, Los Paputas, Cardales, Águilas Negras, Los Bares, Los Sabaneros, Los Paisas, El Centro, Autodefensas de la Nueva Generación, Kennedy, Ramón Danilo, Combatientes, Puerta del 11, Los Trillos, Los Álvarez, Los Acuamanes, R15 y Ejército Paramilitar Nortesantandereano.