A pesar de las cifras que señalan que los homicidios en Colombia han disminuido, aún es alarmante situación de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país.

La alerta está relacionada con tres causas estructurales, según el Observatorio de los Defensores de Derechos Humanos, un organismo creado por la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Dichas razones son esencialmente: el paramilitarismo, la estigmatización y la impunidad. Al respecto, la Misión considera que sin un abordaje estructural y con enfoque territorial seguirán las amenazas y los muertos; y con ello, no habrá paz.

Tras una misión en Colombia, realizada entre el 11 y el 19 de julio en Medellín, Cúcuta, Cali, Buenaventura y Bogotá, la delegación reportó los hallazgos preliminares sobre el riesgo actual de los defensores de derechos humanos y advirtió que mientras la tasa de homicidios es la más baja de los últimos 40 años, las amenazas y homicidios contra estas personas van en aumento.

Aunque hay diferencias en cifras reportadas por entidades como la Defensoría del Pueblo y el Gobierno sobre la cantidad de asesinatos que se han producido, para el Observatorio lo importante es que se están presentando y que ha habido un cambio importante en estos crímenes, al centrarse en los líderes locales sobre los nacionales, por su trabajo en las regiones.

“Es un cambio de tendencia. Ya no son los más atacados los más visibles y reconocidos, sino que los ataques se centralizan en líderes locales. Estas amenazas se están centrando en personas que trabajan con la tierra, el territorio y el medio ambiente, además de líderes de Juntas de Acción comunal”, indicó Miguel Martín Zumalacárregui, director de la oficina en Bruselas de la Organización Mundial contra la Tortura, quien agregó que han aumentado los ataques contra líderes que hacen parte de la comunidad Lgbti y las mujeres.

Entre las principales recomendaciones citadas por el observatorio está mejorar la respuesta institucional, pues si bien hay múltiples entidades para ello, las actividades son centralizadas y los líderes siguen siendo amenazados y asesinados.

“Hay un desarrollo legislativo a nivel nacional en Bogotá con numerosas directrices en la Procuraduría, la Fiscalía y diferentes unidades, pero lo que falta es que las medidas pasen a lo local, hasta el municipio más pequeño. Mientras las directrices sean un papel que no tiene una estrategia clara, no habrá cambios estructurales y el papel se queda en papel”, dijo Miguel Martín.

De acuerdo con los expertos, mientras no se avance en la desmantelación de estructuras paramilitares, en poner fin a la estigmatización, y mientras no avancen las investigaciones, no habrá prevención de los ataques. Para esto, se debe pasar por asuntos como la revisión de los esquemas de protección, para que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres defensoras de derechos humanos y de aquellos que hacen parte de comunidades étnicas y afros.

Para Jael Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y vocera de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, el enfoque regional es urgente, de cara a las elecciones del próximo año.

“Hay que poner enfoque en los territorios. Creo que hay una alerta porque los acuerdos de La Habana están centralizados en los territorios. Y creo que va a poner en alerta a los defensores que van a estar allí”, dijo Quiroga.

Según esta experta, los defensores en las ciudades principales cuentan con una protección y un reconocimiento por su interlocución con varias entidades estatales, que no se extiende a los defensores regionales.

“Hay que estar alertas sobre lo que puede pasar en la implementación de los acuerdos (de paz) a nivel territorial. Se pueden aumentar los ataques contra los defensores rurales y de poblaciones pequeñas y en donde se van a desarrollar las circunscripciones especiales de paz, que son 16 regiones y 68 municipios”, agregó.

Tres causas, implicaciones y recomendaciones

Enfoque regional para desmantelar estructuras paramilitares.

Aunque se reconoce que no son estructuras idénticas a las Autodefensas Unidas de Colombia, sí son organizaciones paramilitares.

“Tienen mando y estructura, amenazan a defensores y líderes por su trabajo en la localidad y sigue habiendo nexos con miembros de la Fuerza Pública y autoridades civiles”, explicó el analista Vincent Vallies.

“Con independencia del nombre que se les está dando y tomando en cuenta que el Estado está negando la existencia de estos grupos, lo importante es atacarlos y desmantelarlos.

Esta situación es grave, porque los grupos paramilitares están intentando imponer un control social con manual de convivencia y toques de queda”, agregó Vallies.

La preocupación se agrava ante el proceso electoral para el 2018 y en medio de la puesta en marcha de la implementación del acuerdo de paz, que incluye la creación de una Unidad en la Fiscalía dedicada para este fin exclusivo.

“Bien implementadas podrían funcionar. Para eso se necesita voluntad política. Si no se desmantelan las estructuras paramilitares, van a seguir los asesinatos y las amenazas a líderes y defensores de derechos humanos. Eso es un riesgo para el proceso de paz actual”, agregó.

Vallies consideró que la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales relacionadas con el paramilitarismo debe tener independencia de la Fiscalía, así pertenezca a ella. Debe tener presupuesto y planta de personal propio, recomienda.

Ahora, para la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, es preocupante que sectores políticos hayan calificado a la unidad como un organismo al servicio de las Farc. “Si estamos hablando de funcionarios judiciales que tienen que ir a los territorios, es muy difícil que de entrada se esté estigmatizando su labor. Es importante que la Unidad tenga una autonomía e independencia fuerte”, dijo.

Estigmatización defensores y protesta social

Como segunda causa, el Observatorio detectó la persistencia de señalamientos y estigmatizaciones de quienes recurren a la protesta social y cuestionaron el nuevo Código de Policía al cual calificaron de “ir en contra del cambio cultural que debe producirse en Colombia”.

“Sigue produciéndose el uso excesivo de la Fuerza Pública en manifestaciones. Hay un enfoque represivo y el Esmad suele actuar con excesiva violencia y lo pudimos constatar en Buenaventura”, agregó Martín.

El experto reseñó igualmente como preocupante la judicialización y estigmatización de los defensores, como señalamientos de ser parte del ELN y la falta de reconocimiento público de esta labor. De acuerdo con el Observatorio, los países no pueden centrarse en los debates sobre las muertes, sino también en estas dinámicas de hostigamiento, amenazas y seguimientos.

“Se necesita un cambio cultural que pase a legitimar la protesta y la exigencia de derechos. La protesta ayuda a analizar los conflictos y que no puedan escalar”, señaló Martín.

Enfoque de género y Lgbti

La abogada de la CCJ, Ana María Rodríguez, reclamó la falta de un enfoque de género y Lgbti en su protección y por la no puesta en marcha del programa especial para la protección de mujeres defensoras y lideresas, a pesar de que existe -desde el 2012- y aún sabiendo que su decreto reglamentario se expidió el año pasado.

Rodríguez señaló que la polémica sobre la inexistente ‘ideología de género’ en el Acuerdo de Paz terminó convirtiéndose en facto de aumento de amenazas, agresiones verbales, abusos sexuales y hostigamientos a líderes y defensores de derechos humanos de estas personas y a sus familias.

“Se ha evidenciado el uso de lenguaje ofensivo contra las mujeres y líderes Lgbti y seguimientos y hostigamientos en sus causas”.

Impunidad

La tercera causa estructural que encontró el Observatorio es la impunidad, y se refirió al reporte de solo una sentencia condenatoria por el homicidio de cinco defensores y una por amenazas. Las preocupaciones recogidas por la Misión señalan que hay un temor en las regiones de denunciar, por cuenta de la revictimización, y por recibir nuevas amenazas por ello.

Un caso reseñado por el Observatorio se dio en Cúcuta. En este caso se alegó que cuando fue a la Fiscalía las dos primeras preguntas que recibió el denunciante estaban relacionadas con su condición sexual y sobre su comportamiento personal con la pareja, aseguró Vallies.

La recomendación busca que las investigaciones pasen del autor material, para encontrar a quiénes ordenan estos crímenes y lograr la prevención de nuevos casos. “La impunidad ha enviado un mensaje a los perpetradores de que pueden hacer lo que quieran, que pueden seguir haciéndolo, que el Estado está tolerando las agresiones. La impunidad tiene un impacto fuerte, que crea terror. La impunidad es la certeza de que las cosas van a seguir iguales”, agregó el analista.