El proyecto de reforma a la política criminal del Estado, que presentó el Gobierno a consideración del Congreso de la República y que prevé la despenalización de varios tipos punibles, ha despertado tantos elogios como críticas por parte de los expertos.

Para algunos, se trata simplemente de otro esfuerzo del Gobierno por cumplir con el deshacinamiento carcelario ordenado en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional; otros expertos aplauden algunas de las modificaciones planteadas en el articulado, y otros no están de acuerdo con despenalizar aspectos como la injuria y la calumnia, sobre todo en momentos en que se ha vuelto una práctica recurrente, en especial en las redes sociales.

Incluso, no faltan los que consideran que el proyecto debe convertirse en una verdadera política criminal de largo aliento, pero advierten que para ello es necesario formar al ciudadano para que entienda que el único modelo de justicia no es el carcelario.

El proyecto, en términos generales, contempla tres grandes bloques temáticos: la despenalización de algunas conductas, la sustitución de condenas por penas alternativas y la modificación de algunos subrogados penales.

La voz del Ministro

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, explicó en rueda de prensa los alcances del proyecto de reforma criminal, y aseguró que el nuevo rol de los centros de reclusión “debe ser más humanista”.

Por eso, explicó, se propone la descriminalización de algunas conductas y la despenalización de otras, y aseguró que el objetivo es: “se mantenga un estricto respeto por la libertad personal, y que la pena de prisión sea la última opción”.

“Buscamos no solo la disuasión del delito, sino que se cumplan los fines de la pena y la resocialización haciendo énfasis en la prevención. Es que el delito tiene otras formas más eficaces de combatirlo que la cárcel”, agregó Gil Botero.

También desmintió que se vaya a dar una excarcelación masiva de presos, como se ha dicho. “No hay ninguna excarcelación masiva, no podemos seguir haciendo eco masivo a los rumores que han venido haciendo carrera”.

De acuerdo con el Ministro de Justicia, el Congreso tendrá la última palabra, pero insistió en que es necesario revisar la descriminalización de algunas conductas. “El populismo punitivo no da réditos de rehabilitación, por el contrario, esas penas en centros carcelarios hacinados, lo que genera es un fenómeno perverso que no permite la rehabilitación, sino la perfección de malas prácticas a quienes lleguen allí”.

Subrogados penales

Así mismo, el proyecto prevé la modificación de algunos subrogados penales entre ellos: Por cada tres días de trabajo y estudio se pueden redimir dos; detención domiciliaria para personas mayores de 60 años y desde el sexto mes para las internas embarazadas; detención domiciliaria al cumplirse 45% de la pena efectiva de privación de la libertad, y hasta salidas cortas del centro reclusorio y permisos transitorios para trabajar desde la libertad, cuando se haya cumplido 40% de las penas cumplidas.

En este aspecto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar afirma que “es evidente el esfuerzo del Gobierno Nacional por el deshacinamiento carcelario”.

El jurista señala que si bien “es un avance”, cambiar las penas de prisión por otras alternativas, el Gobierno “es incoherente”, pues mientras busca despenalizar unas conductas tipifica otras. Se refiere al proyecto anticorrupción que presentó al Congreso el fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira.

“Existe una enorme contradicción entre una propuesta como esta y la de tipificar nuevos delitos contra la corrupción”, sostiene Arrubla Paucar, aunque sí está de acuerdo con los trabajos comunitarios a cambio de prisión, “siempre que se tenga en cuenta el nivel socioeconómico de cada persona: por ejemplo, que los médicos (condenados) presenten un servicio comunitario en regiones donde no hay servicio de salud”.

Despenalización

El articulado del proyecto despenaliza algunos delitos como la inasistencia alimentaria, la transferencia ilegal de cheques, la venta de medicamentos suministrados por el Estado, la obstrucción de vía pública o la compra-venta de aparatos para interceptar comunicaciones privadas.

Para el ex Fiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez, “más efectivo que las penas de cárcel para la injuria y la calumnia son las sanciones económicas. Además que ese delito -injuria y calumnia- siempre ha sido excarcelable, es decir, la sanción penal ni se aplica”.

Frente al tema, el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, dice que ese tipo penal “hay que mantenerlo como está. “Hoy se volvió típico acudir a vilipendiar a las personas para dirimir las diferencias, en especial gracias a los avances tecnológicos, y eso no puede seguir así”, señala el jurista.

En cuanto a la despenalización de la asistencia alimentaria, los expertos aplauden la propuesta, entre otras cosas porque advierten que “un padre irresponsable en la cárcel no puede cumplir sus obligaciones”.

¿Momento oportuno?

Los expertos consultados por Colprensa sostienen que si bien el propósito de la iniciativa es bien intencionado, este no es el momento más adecuado para tramitar en el Congreso de la República.

“Yo veo muy difícil que pueda avanzar en un año electoral como este, porque para el Legislativo un tema como este no es prioritario”, sostiene el penalista Cancino.

Mientras, el exfiscal Gómez Méndez dice que esta iniciativa “debe ir acompañada de un modelo de educación en prevención criminal, no solo de represión”.

Penas alternativas 

El proyecto, así mismo, crea la figura de prestación de servicios de utilidad pública, es decir el cambio de sanciones penales por servicios comunitarios. Se trata de que la persona condenada pueda conmutar la privación de la libertad por un apena sustituta por trabajo social en favor de organizaciones sin ánimo de lucro o entidades públicas: recuperación o mejoramiento del espacio público, el apoyo o la asistencia a las víctimas, trabajo con comunidades vulnerables, o actividades culturales y ambientales, entre otras.

Esto, para el abogado penalista Iván Cancino, se trata de “un verdadero avance”. Dice el jurista que “a la ciudadanía no se le puede seguir amenazando con que va para la cárcel cuando una persona comete un error que puede ser subsanable y puede redimirlo con una sanción diferente a la cárcel”.

Cancino, además, señala que “es fabuloso” que la política criminal del Estado avance hacia una verdadera resocialización personal “que no se consigue estando privado de la libertad”.