La tarea consiste en diseñar un instrumento para el sometimiento colectivo a la justicia de una organización que cuenta con un estimado de mil 900 integrantes, de acuerdo con estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz.

No obstante, el ‘Clan del Golfo’, que pasó de ser ‘Los Urabeños’ y el ‘Clan Úsuga’, podría contar hasta con tres mil 500 integrantes si se tienen en cuenta las bandas que subcontratan para cometer crímenes en varias regiones del país.

El estudio de la Fundación da cuenta de una presencia en 107 municipios, ubicándose su componente armado principalmente en el Urabá Antioqueño y chocoano, el sur de Córdoba y en algunas zonas del Bajo Cauca, siendo Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, su máximo líder y el encargado de anunciarle al país el interés de someterse a la justicia.

Lo hizo públicamente el pasado 5 de septiembre en un corto video, luego de más de un año de acercamientos, ya que todo empezó hacia marzo o abril de 2016 cuando le enviaron una carta al senador del Polo Democrático Iván Cepeda, que iba dirigida al presidente de la República, en donde solicitaban un acercamiento para un “acogimiento” a la justicia.

El senador Cepeda la transmitió al Presidente de la República, quien lo autorizó, junto con José Noé Ríos, para llevar a cabo el proceso junto con el fiscal de entonces, Jorge Fernando Perdomo.

Entre tanto, avanzaba la negociación de paz con las Farc en La Habana, acuerdo que finalmente incluyó la creación de una unidad de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.

Y, en el punto 3.4.12, una medida para “desmantelar y perseguir las organizaciones y conductas descritas en el presente acuerdo”.

Fuentes consultadas por Colprensa explicaron que los acercamientos con los voceros del ‘Clan del Golfo’ dejaron en claro que no se trata de una negociación política, sino la búsqueda de un mecanismo que le permita al grupo someterse a la justicia de manera colectiva, frenar las acciones delictivas, entregar sus bienes y colaborar con las autoridades.

Tras sendas reuniones, el Gobierno Nacional anunció que trabaja en un proyecto de ley que permita hacer el sometimiento en estos términos, para ser tramitado por ‘fast track’, y agilizar el proceso que implicaría un alivio para zonas como el Chocó, el Urabá, la Costa Pacífica y Córdoba, principalmente, regiones afectadas por ‘paros armados’, la minería ilegal y el narcotráfico, entre otros.

Se trata de estructurar una salida a una organización criminal a la cual las autoridades le han afectado por extinción del derecho del dominio cuatro mil 540 bienes por un valor aproximado a 942 mil 232 millones de pesos, de los cuales solo la mitad corresponden a 2017.

Una organización que ha perdido más de 70 cabecillas, según la Policía Nacional, a lo largo de la operación Agamenón I y Agamenón II, y 97 toneladas de cocaína que han incautadas, entre otros.

Igualmente, es una organización que trabaja en alianzas con bandas delincuenciales locales, que tiene una supuesta ‘nómina’ de sicarios, informantes rurales y urbanos, y jefes militares, logísticos y financieros a los que pagan entre 200.000 y dos millones de pesos por actividades criminales que van desde el narcotráfico hasta la extorsión.

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, se trata de un sistema de ‘franquicias’ con cerca de 90 bandas delincuenciales.

¿Cómo lograrlo?

Y, con este panorama, ¿cómo podría ser ese sometimiento? Si bien alias ‘Otoniel’ afirmó en el mensaje público que tienen unidad de mando y que sería toda la organización la que acudiría a la justicia, es claro que existe un riesgo de que no sea así y todo dependerá del proyecto que estructure el Gobierno nacional.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, lo ve como un modelo ‘a lo gringo’, teniendo en cuenta el proceso que hace la Justicia de los Estados Unidos con los ‘narcos’ colombianos, en donde hay mucha entrega de información a cambio de una reducción sustantiva de la pena de prisión y la entrega de su capital ilícito.

Dicha colaboración implicaría delación, es decir, que los integrantes del ‘Clan del Golfo’ entreguen información detallada de sus actividades criminales, las rutas del narcotráfico, sus aliados en el proceso de producción de la droga y su salida del país, sus contactos con otras organizaciones como ‘Los Pelusos’ o ‘Los Puntilleros’; así como información concreta sobre los agentes estatales (Fuerza Pública y civiles) que les habrían colaborado de alguna manera.

“Si entregan los contactos, las rutas, pues se va a solucionar y avanzaremos a un mejor país. Si se hace bien hecho, tiene que ayudar al desmantelamiento de las organizaciones. Si es una farsa como los paramilitares, ‘Pelusos’, ‘Puntilleros’, serán un riesgo”, asegura Ávila.

En ese sentido, la ley que se adopte tendrá que ampliar el mecanismo que ya existe para el sometimiento individual de personas a la justicia, para que haya una posibilidad de enjuiciamiento colectivo.

El exfiscal General, Guillermo Mendoza Diago, considera que, si hoy existen preacuerdos, negociaciones y rebajas de penas, se debe crear un nuevo mecanismo para extender los beneficios a un conglomerado. No obstante, en su criterio, lo que idee el Gobierno nacional debería tener en cuenta que dentro del ‘Clan del Golfo’ hay integrantes que tienen un rol más destacado que otros y que participaron en crímenes más graves que otros.

“Cuando inician las investigaciones habrá que distinguir entre quienes pertenecen al grueso de la organización y quienes pueden ser cabecillas. El proyecto contemplará las condiciones por las cuales se puede procesar y eventualmente pueden recibir rebajas de penas”, señala.

La estructura

Por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, su escurridizo cabecilla, hay una recompensa de tres mil millones de pesos en el país y de cinco millones de dólares en los Estados Unidos, es buscado por múltiples crímenes como homicidio, desaparición y desplazamiento forzados, tortura y reclutamiento, narcotráfico y lavado de activos, entre otros, desde sus inicios en las Autodefensas.

Después estaba Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, abatido el 31 de agosto en zona rural de Turbo. Tenía 22 órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico y desplazamiento forzado.

Luego, le siguen Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’; Aristides Mesa Páez, alias ‘El Indio’; y Luis Orlando Padierna Pena, alias ‘Inglaterra’; sobre quienes hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Los crímenes

 De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el ‘Clan del Golfo’ o las Autodefensas Gaitanistas subcontratan organizaciones de menor envergadura para el cobro de extorsiones, asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia.

“Igualmente, carecen de un componente ideológico que cohesione a sus miembros. La permanencia de sus integrantes obedece, más que todo, a una lógica económica, ya que integran esta agrupación a cambio de un sueldo”, asegura la FIP en el informe denominado “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria”.

Allí se señala que en regiones como el Urabá antioqueño, estas actividades las cometen sus integrantes orgánicos, pero en otras regiones las actividades de extorsión, por ejemplo, las delegan.

“En cuanto a las actividades económicas, las AGC están vinculadas a múltiples mercados ilegales e informales, pero principalmente obtienen sus recursos del narcotráfico, la minería, la extorsión y la tala ilegal (…) Como producto del aprendizaje criminal de los diferentes actores, la cadena del narcotráfico se ha fragmentado entre las organizaciones, por lo que las AGC se han especializado en la transformación y comercialización de cocaína. También regulan el microtráfico, específicamente, se encargan de proveer la droga, imponer las reglas del mercado y cobrar a narcotraficantes y pandillas locales por la venta y distribución”, agrega el documento.