“En la historia de Colombia, de la violencia, siempre encuentra uno momentos especiales en donde parece que vamos a lograr la ampliación de la democracia y hay otros momentos en que le tenemos miedo a transformarnos en una sociedad distinta. Estamos en un momento de grandes pasos, pero en una coyuntura política que impide dar el paso al otro lado”.

De esta manera describe la abogada, doctora y magíster en Filosofía Camila de Gamboa, del Grupo de Estudios Interdisciplinario sobre Paz, Conflicto y Posconflicto de la Universidad del Rosario, el momento actual, de polémica política, por las dificultades en el Congreso para tramitar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, indispensable para poder poner en marcha la justicia que se pactó con las Farc en La Habana, Cuba.

“Es que uno no puede creer que los congresistas ni siquiera fueron, no hubo quórum para poder tomar decisiones respecto de la ley estatutaria de la JEP. ¡Eso no puede ser posible! ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? ¿Cuál es ese trauma que tenemos que preferimos estar en una situación de guerra o de inercia, estando ya desmovilizadas las Farc, y no damos toda esa vía institucional?”, agrega.

De Gamboa le habla a un público de víctimas del conflicto, profesores e integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, en el marco del lanzamiento de tres publicaciones de la Comisión Colombiana de Juristas sobre el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se pactó en el Acuerdo de Paz, que se compone no solo por la JEP, sino por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

De Gamboa, en compañía de Luz Marina Monzón, designada por el Comité de Escogencia como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, consideran como un obstáculo para la implementación real del Acuerdo estas dificultades que han surgido en el Congreso.

“Obstáculos son los que estamos viviendo, que se termine de concretar el marco jurídico que permita poner en funcionamiento prontamente el Sistema Integral y que este pueda tener las herramientas para poder responder a las expectativas que se generan con su creación”, señala Monzón.

Al frente, un hombre de pasados 40 años, hace un reclamo. Es víctima del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, desplazado forzadamente. Aunque ya tiene sentencia en su favor, no puede vivir con los 150 salarios mínimos de indemnización que le reconocieron y lo único que quiere es que la justicia opere y que se sienta en su territorio que el proceso de paz existe.

“Yo sufrí un atentado en Barrancabermeja en 2001 y la justicia, me atrevo a decir, que tiene unos movimientos paquidérmicos que desgastan a las familias víctimas de desplazamiento forzoso. Para mí es muy doloroso, me quitaron todo, fui totalmente desarraigado, hemos guardado la fe para buscar una nueva perspectiva y ha sido muy difícil”, dice al cuestionar las instituciones que deben proteger sus derechos.

Luego, otra víctima, Alirio, señala que no se trata solo de la justicia, sino de la tierra, de recuperar las tierras robadas, de que no importa solo que las Farc salgan de la guerra a hacer política si siguen matando a líderes sociales. “Mientras no se solucione el problema de la tierra el conflicto va a seguir y se lo hemos dicho al ministro: ‘ustedes están comenzado una nueva guerra porque no le están cumpliendo a los campesinos con las hectáreas que tienen que entregar, no le están cumpliendo a los campesinos con la sustitución de cultivos’”, asegura.

Y ¿qué hacer? Para Monzón, las víctimas tienen que seguir actuando, movilizándose, para vigilar la implementación de los Acuerdos de Paz. “Los acuerdos tenemos que verlos como nuestros, no de quiénes los firmaron, tenemos que ‘pelear’ para que realmente se cumplan”, señala.

En ese sentido, a través de Colprensa y a un mes de terminar el periodo del ‘fast track’, Monzón les hace un llamado a los congresistas para que asuman un sentido de responsabilidad y de compromiso con la construcción de un país que quiere dejar atrás la guerra.

“El llamado que haría a los congresistas y a los miembros del Gobierno es a que actúen con responsabilidad y cumplan con la función legal y constitucional que tienen. Porque no es que quieran o no quieran hacerlo, es que tienen que participar en una instancia a la que fueron elegidos”, señala.

El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, quien fue preseleccionado por el Comité de Escogencia junto con otras 30 personas para ocupar las 11 plazas de la Comisión de la Verdad, asegura que no hay alternativa diferente a aprobar la ley estatutaria de la JEP en el periodo del ‘fast track’, pues, de no hacerlo, sería una ‘catástrofe”.

“Si no se logra ahora, el año entrante, con la contienda electoral, esto se va a empantanar y sería un desastre. Hago un llamado a los congresistas para que superen sus preferencias personales y electorales y se pongan al servicio del país y de la Nación”, señala.

Y es que en ese escenario concreto del Congreso es donde se deberá definir el álgido debate que ha surgido por la participación política de las Farc, cuando basta resolver asuntos clave sobre los requisitos y procedimientos para las inscripciones de sus candidaturas; así como otros más espinosos sobre si para hacer política deben haber sido o no sancionados antes por la JEP, como reclaman víctimas de las Farc.

En ese sentido, aunque el acuerdo de paz dice que las sanciones de la JEP no inhabilitan para hacer política, algunas víctimas de la guerrilla aseguran que esto debe cambiarse. Herbin Hoyos, por ejemplo, aseguró que el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, tiene más de 184 procesos y condenas, lo que lo inhabilitaría para aspirar a la Presidencia de la República.

Yenis Pérez, hija de un sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, asegura que el momento actual es de “caos”, porque, en su criterio, las víctimas están lejos de ser el eje central de la paz, tal y como se anuncia por los dirigentes políticos.

“Se desvió todo el proceso y las víctimas tenemos que ser ese eje central. Se metieron más en el tema de la política y nosotros venimos reclamando que queremos saber qué pasó en los territorios, tanto por la política, como por las Farc, como por los paramilitares. Aquí nadie se salva porque todos son perpetradores del conflicto”, puntualiza.

Gallón remata: “los acuerdos son una contribución valiosísima para el avance del país. Algunos congresistas puede que no lo perciban en el momento actual, en medio de las contiendas partidistas, pero el acuerdo de paz es equilibrado. Ahora se discute la JEP y desafortunadamente tiene un estancamiento que impide que esa justicia prevista en los acuerdos comience a aplicarse rápido y su aplicación, el país lo verá, va a producir beneficios para todos los sectores”.