Hace pocos días, la Corte Constitucional dio vía libre a la entrada en funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), creada con la firma del Acuerdo de Paz junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Víctimas, organismo que se contempla tendrá un periodo de 20 años prorrogables para construir un universo de desaparecidos en el país a causa del conflicto.

En entrevista con Colprensa, Luz Marina Monzón, directora de la entidad, cuenta el significado de esta decisión, cuál será proceso para establecer el universo de desaparecidos en el país y la solicitud de recursos económicos para la planta de personal y estructural que se requiere para llevar a cabo con éxito el proceso de identificación de las personas y que no termine todo convertido en papel.

- ¿Qué significa la decisión de la Corte para ustedes?

Significa mucho, particularmente en seguridad jurídica en términos de que no se limitaron ni se cuestionaron las funciones y el mandato que se le dio a la unidad. Eso, viéndose desde las posibilidades de planeación y concertación o coordinación con las demás instituciones del Estado, refleja mensajes muy importantes ya que es un avance para poder escalar en la planeación de nuestro trabajo y en el desarrollo de la misión que se nos ha dado.

- ¿Cuál es el paso a seguir?

Lo que viene es que el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de Función Pública aprueben la propuesta que hemos hecho de estructura y planta final de la unidad, en la cual se determinaron los recursos que se necesitan para poner en marcha un modelo de respuesta para la búsqueda de los desaparecidos que satisfaga las expectativas de las víctimas, pero que sobre todo ayude a superar los obstáculos a los cuales se han enfrentado los afectados durante muchos años en la identificación de sus seres queridos.

- En ese sentido, ¿cuánto tiempo tiene el Ministerio de Hacienda para dar respuesta?

De acuerdo con el decreto 288 de 2018, con el cual se aprobó la planta parcial de la unidad, se estableció que la unidad deberá entrar en pleno funcionamiento dentro de los cinco meses siguientes a la aprobación de ese decreto, es decir, este tiempo se cumplirá el 15 de julio de este año, más o menos en 20 días.

- Dado el caso de que el 15 de julio no haya respuesta ¿qué pasará?

¡No!, yo no quisiera considerar ese escenario, yo tengo confianza en que hay un compromiso del Gobierno en que los acuerdos se cumplan y que los mecanismos que se establecieron dentro del acuerdo tengan todas las condiciones tanto jurídicas como técnicas y de recursos financieros para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en relación con las víctimas.

- ¿Por cuánto pasaron la propuesta?

En nuestra propuesta hablamos de 57 mil millones de pesos para una planta de 529 personas, sin embargo, en esa solicitud falta incluir gastos generales que tienen que ver con arrendamientos, funcionamiento de sedes -que básicamente sería lo que es la presencia territorial de la unidad- y lo que es el mantenimiento (pago de servicios), más lo que son transportes en términos de diligencias.

- ¿Cuántas sedes piensan instalar?

Nosotros estamos planteando un punto de contacto en cada departamento, o sea 32 con equipos de 8 integrantes, que serían básicamente dos tipos de personas: de contacto y los encargados de recolectar información, recibirla y enviarla para que entre a sustentar la formulación de planes de búsqueda y un equipo que facilite la participación de las víctimas en la documentación de los hechos. Así mismo, apoyos administrativos para muchos efectos de coordinación interinstitucional que es necesario realizar con las autoridades locales. Ese es el equipo que estamos planteando, pero nos han dicho que se deben priorizar ciertas funciones. De todas maneras, esta es la principal.

- ¿Qué les dice el Ministerio de Hacienda?

Hemos sostenido reuniones con la viceministra de Hacienda, Cristina Arango, y allí hubo comentarios que reflejaron preocupación por parte de ellos frente a la cantidad de cargos que se están planteando para la unidad. Se debe tener en cuenta que es un grupo de personas que en un 73% realizarían labores misionales y no están muy convencidos de los lineamientos en relación con el gasto del Estado y las restricciones presupuestales.

La viceministra nos manifestó en su momento que la planta de trabajo que necesitamos es más de lo que puede ser la planta de tres ministerios.

Yo puedo decir que tiene razón, pero eso son ministerios que no realizan la labor que va a desarrollar la unidad. Lastimosamente, no hay consciencia de ello y allí ha habido inconformidades.

- ¿Esas inconformidades con el Minhacienda se han dado también con Función Pública?

No mucho, nos han convocado a reuniones para contarles cuál es el sentido de la propuesta del diseño institucional y cuáles eran las razones de las dependencias que se estaban proponiendo. Para mí fue una reunión muy positiva. Hubo aportes muy preliminares en función de que no llevaba mucho tiempo el documento radicado allí, algunos llamados de atención sobre los niveles de dirección, que no hubieran tantos y pensando un poco cómo racionalizamos en términos estratégicos algunas labores para que todo se dé a cabalidad.

Esperamos que en las próximas reuniones podamos ir mucho más a fondo sobre lo que se ha presentado, porque es lo justo y necesario para buscar personas que lastimosamente han estado desaparecidas por muchos años y eso conlleva ciertos requerimientos.

- Ahora que usted menciona el acuerdo ¿cómo se ha dado la desaparición después la firma?

Algo que se debe entender es que la firma del Acuerdo de Paz no suspendió por completo el conflicto, este sigue siendo latente en muchas zonas y eso lo confirmamos cuando hicimos un recorrido que incluía Cúcuta, Arauca y Norte de Santander. Cuando estaban en pleno paro armado, lo que nos plantearon en todas esas partes es que el conflicto sigue, los actores armados están en el territorio y eso significa que hay miedo.

Esto para nosotros es un reto enorme, porque debemos entrar al territorio y dar garantía de seguridad para que haya una participación de la comunidad y se disminuyan los riesgos latentes.

- El país está en transición de Gobierno. ¿Qué espera la unidad con este cambio?

La unidad tiene un mandato que es humanitario y que busca satisfacer una expectativa humanitaria, jurídica y legal con el objetivo de encontrar los desaparecidos.

A mí no me cabe en la cabeza que una persona de derecha, izquierda, centro o lo que sea no pueda estar de acuerdo con esta labor, no creo que vaya a pasar por ahí.

Espero que no vaya a haber dificultad y lo importante es poder ayudarle al Estado a reducir su deuda histórica al no dar respuesta sobre los desaparecidos, eso es lo que yo esperaría que pasara.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- ¿Por qué es tan importante este equipo?

El modelo de la unidad no es tener oficinas donde la gente llegue, sino más bien tener equipos que puedan movilizarse por todo el territorio y que sean ellos los que lleguen a las personas para poder atender las necesidades que se vayan mostrando. Esto, se debe entender, es para lograr por fin crear el universo de desaparecidos que no hay en Colombia, aquí no hay información sobre ello que nos pueda dar un punto de partida para priorizar. Es por esto que nosotros tenemos que estar en el territorio, esto no se documenta con información que nos envíen, porque así no se construye la confianza que facilita el acercamiento al problema.

Hoy, los únicos registros son los 83.000 desaparecidos del Centro Memoria más los 42.000 de la Fiscalía y los 22.000 de Medicina legal. De dónde comparo para decir qué voy a priorizar. Yo honestamente creo que si queremos tomarnos en serio el rol de la unidad en las funciones que se le han otorgado, debemos hacer el esfuerzo de garantizar las condiciones para poderlo construir.