Para el jefe del Ministerio Público es incomprensible que la multinacional brasileña acuda a instancias internacionales para intentar sacar un provecho económico del Estado, a pesar de las múltiples investigaciones que hay en su contra por millonarios sobornos y otras maniobras ilegales para quedarse con contratos en el país.

“Colombia y esta Procuraduría impidieron que siguieran sobornando. No lo vamos a aceptar y nos vamos a defender con todas las herramientas legales internacionales, porque aquí lo que hubo fue una operación del crimen organizado internacional protagonizado por Odebrecht”, aseguró el jefe del ente de control.

Según la multinacional, el Gobierno hizo una expropiación ilegal de sus intereses en el país, específicamente en la Ruta del Sol. Si bien la compañía brasilera reconoce que hubo sobornos en la adjudicación de esta obra, indica que se trató de acciones de algunos de sus directivos y que Colombia incumplió el acuerdo que firmó con España para proteger la inversión internacional.

“Con fundamentos en las afirmaciones fácticas y legales expuestas en la presente, que sustentan cada reclamación, la presente carta constituye una notificación formal de disputa conforme al artículo 10 del Appri (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones). España reclama la indemnización y el resarcimiento de los daños causados a sus inversiones por las múltiples violaciones a sus obligaciones asumidas bajo el acuerdo”, dice la demanda.

De acuerdo con Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado, la acción de Odebrecht es una notificación de arbitramento a la que la empresa recurre, porque el acuerdo con España permite esos recursos. Sin embargo, señaló que el Estado ha actuado debidamente para proteger los intereses de los colombianos.