El accidente del bus de matrícula colombiana en Ecuador que dejó 24 personas fallecidas y otras 22 heridas, abrió la polémica sobre el control que deben ejercer las autoridades nacionales frente a las empresas y vehículos que prestan el servicio de pasajeros en el país.

Aunque de las causas de la tragedia se sabe muy poco y las autoridades, tanto nacionales como ecuatorianas, apenas avanzan en las respectivas investigaciones, queda claro que existen serias irregularidades en el control de este tipo de transporte, no solo dentro del país sino en las zonas de frontera.

Dentro de la investigación son muchas las conjeturas que se tienen. Por un lado, el exceso de velocidad y las fallas mecánicas que pudo haber presentado el automotor al momento del choque, y, por otro lado, las irregularidades en la falta de control migratorio, los comparendos registrados en el Runt, el traspaso no concretado de la venta del vehículo, el punto de partida, hasta la droga que llevaba en su interior.

A estos temas respondió el superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, quien señaló que hace falta mayor control para los vehículos y responsabilizó directamente de los hechos a la empresa Cotrans Especiales del Oriente, a la cual estaba afiliado el automotor siniestrado.

- ¿Por qué logra un bus de servicio especial evadir tantos controles y presentar tantas irregularidades, que a la postre fueron determinantes en la tragedia del pasado martes?

Los documentos que se presentaron cuando lo pararon para hacer el control por parte de las autoridades mostraban que todo estaba supuestamente en regla, hay presunción de legalidad. Allí el policía ve los documentos y dice siga, pero no tiene cómo comprobarlos y por ello es que estamos proponiendo tener un Formato Único de Extracto de Contrato (Fuec) electrónico, que valide frente a muchas entidades y frente a los requerimientos para poder despachar un vehículo.

- Pero la persona que conducía al momento del accidente tampoco tenía la licencia respectiva...

Creemos que al bus lo pararon antes de cruzar la frontera y quien manejaba en ese momento era el segundo conductor, que tenía la licencia falsa. Allí vemos toda una cadena de falsedades, vemos que el representante legal de la empresa, Gino de Jesús Moreno, a la que está afiliado el bus, también señala que el contrato era falso y que falsificaron las firmas del Fuec, pero eso a nosotros no nos convence.

- ¿Quiénes son los responsables entonces?

La empresa. En el Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), vimos que el vehículo tenía vigente la tarjeta de operación expedida desde el año 2017 y esto tiene una duración de dos años, es decir, hasta 2019.

Es por esto que la responsabilidad de la empresa si expide una tarjeta de operación y tiene un vehículo afiliado, es que chequee los planes de mantenimiento y de trabajo en el día a día y sepa qué está pasando con su automotor.

- Frente a eso el representante de la empresa argumentó que el vehículo estaba en venta y en proceso de traspaso...

No importa, él es responsable y las pruebas lo demuestran. El propietario dice que lo vendió al que supuestamente aparece en la tarjeta de propiedad, pero las cosas no se hicieron a tiempo y eso genera responsabilidades e irregularidades como las que hemos encontrado.

- ¿Existen más irregularidades por parte de la empresa?

Nosotros estamos viendo lo de la investigación, lo que acontece con el accidente. La Supertransporte no investiga accidentes, simplemente investigamos en qué condiciones se prestó ese servicio de transporte y ahí es donde hemos visto que hay una cantidad de falencias, fraudes, pero lo que sí podemos determinar es que la responsabilidad es absolutamente de la empresa. Sabíamos que ese vehículo estaba prestando una operación pirata y siendo de transporte especial se facilitaba su tránsito con documentos falsos.

- ¿Qué sanciones se pueden aplicar en este caso?

Desde nuestra parte solo podemos sancionar a la empresa. Estamos esperando los resultados de la investigación, pero la multa puede ir de 1 a 700 salarios mínimos, eso es algo más de 510 millones de pesos, así como también se le podría cancelar la habilitación de la placa, es decir, se acabaría la compañía.

- Teniendo en cuenta la cantidad de irregularidades que se han presentado con este caso, ¿qué tan sencillo es conseguir documentos falsos para transitar en el país?

El sistema de transporte informal en Colombia cubre un 40% o 50% en carretera y este incidente nos recordó la tragedia ocurrida en Fundación (Magdalena) hace un tiempo con un bus de turismo. Los piratas siguen expidiendo tarjetas de operación, pese a que nosotros hemos aumentado los controles, pero es que no es solo responsabilidad nuestra el tema sancionatorio, sino también una política desde el Ministerio de Transporte y ahí se está fallando, hay debilidades.

- Es decir, ¿no se está sancionando?

Sí, pero no se está teniendo en cuenta cuando un vehículo ya cumplió su ciclo de vida y se sigue expidiendo tarjetas, cuando debe ir a chatarrización. Controlar eso es un gran problema latente.

- ¿Y el control de las carreteras?

Nuestro grupo operativo es la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía nacional. El número de vehículos de servicio especial que está transitando asciende a cerca de 112 mil, de servicio intermunicipal son casi 38 mil y cuando van los de carga son como 400 mil; si uno suma eso, el total de vehículos de servicio público son 950 mil y hay casi ocho mil policías que cubren las vías de los 32 departamentos, teniendo en cuenta que muchas veces los utilizan para vigilancia. ¿A qué horas puede haber control?.

- O sea que se está fallando en el control desde la Policía de Tránsito...

Hay que fortalecer esto, nosotros hemos dicho que montemos controles electrónicos y hace un tiempo presentamos una propuesta para montar un Fuec electrónico al servicio especial, para que no se quedara engavetado en el Ministerio, sino que pudiera ser consultado a cualquier momento y que se cruzara con las demás entidades de recolección de datos para así generar veracidad.

Hoy tenemos algunas medidas, pero no son suficientes. Tenemos el sistema Integrado de control y vigilancia de los Centros de Diagnóstico Automotriz (Sicov), todo lo que hacemos en los centros de enseñanza automotriz, los centros de diagnóstico, la constancia biométrica con la Registraduría, pero sigue haciendo falta y eso es un trabajo en conjunto para cerrarle el camino al fraude de los tramitadores.

- Es decir, ante este panorama la Policía tampoco puede constatar cuando un vehículo presenta documentos falsos...

No, porque todos esos documentos gozan de presunción de legalidad. Usted le presenta a un policía el seguro obligatorio, la licencia, entre otros, y está bien porque hay presunción de legalidad, allí no sabemos qué falsedad hay.

- ¿Ha venido en aumento este delito?

La verdad no sé si ha aumentado, porque aquí no había números antes de que nosotros llegáramos. Sin embargo, cuando uno ve la proporción se define un poco más esto. Hace un tiempo hicimos un estudio de los contratos en las empresas de transporte especial y no menos del 60% eran ‘chimbos’. ¿Qué lleva a eso? El que los contratos amplían capacidades transportadoras y eso significa dinero para ellos. Sí hay control, pero primero se debe entender que no hay gente para hacerlo completamente, y ahí es cuando uno tiene que innovar, volverse creativo y pensar en tecnología que aplique a esto.

- Tras el accidente, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sostuvo que quería poner en la frontera radares para detectar las salidas. ¿Colombia debería pensar en algo similar?

Sería lo ideal y fundamental, y ojalá si un país vecino lo va a hacer, pues que lo haga conjuntamente y quizás saldría más económico.

- En un paso fronterizo como ese, ¿quién debería realizar el control?

Desde mi punto de vista, Migración Colombia. Pero, como mínimo, sí tendría que haber un permiso para salir del país.

- Entonces Migración debería controlar el tránsito vehicular de frontera...

Sí, ellos deben ser los encargados.

- ¿Qué tantos pasos ilegales puede haber en la frontera con Ecuador?

Hay dos cosas. Una es que usted entra por Ipiales y otra por donde lo hicieron los involucrados en el accidente. Lo que pasa es que esa vía es una trocha, geográficamente no conozco esa zona, pero dicen que las vías son complejas y se prestan para evadir controles, más en servicios informales.

- Se conoció que Migración les envió una carta alertando sobre el transporte informal. ¿Qué pasó con ello?

Aquí hay un tema fronterizo tenaz. Sí, nos hicieron llegar una carta donde advertían sobre esta situación y nosotros lo que hicimos fue un borrador de resolución dirigido al Ministerio de Transporte para regular esto. Sin embargo, no obtuvimos respuesta, ese documento se engavetó y Migración no nos envió más información sobre el caso.

- ¿Ustedes no insistieron sobre el tema después de que vieron que no respondían?

Nosotros llegamos a hablar verbalmente con el ex viceministro de Transporte, Andrés Chaves, pero hasta ahí. Le enviamos una carta a Migración Colombia diciéndole que eso no había salido, para que ellos de alguna u otra forma también buscaran a la cartera, pero no pasó nada.

- ¿Qué consecuencias tiene que se haya quedado engavetada la resolución?

Esto no hubiera resuelto o prevenido el accidente, porque lo más seguro es que en algún momento se presentara otro. Pero sí hubiera hecho un control más riguroso con más conciencia de esto, hasta de los mismos pasajeros. Aquí se está olvidando que los pasajeros también tienen una responsabilidad enorme, ellos pueden acceder a nuestra base de datos, consultar en la Superintendencia, en el Ministerio, ir hasta la empresa que le ofrece ese servicio y preguntar por sus documentos en regla.

- Eso quiere decir que Migración no presentó ningún otro documento...

No, nada. Nunca nos mostraron nada más que nos diera sustento de investigar.

- Y la Supertransporte tendría alguna responsabilidad en la falta de control...

Diría que frente al accidente no, no soy el que vigila a qué velocidad va el vehículo, sino que eso le toca a las autoridades en los municipios. Precisamente, los organismos de tránsito son los responsables de ello. Frente a las condiciones de prestación del servicio todo goza de presunción de legalidad.

- Frente a las declaraciones de la ministra de Transporte sobre la “debilidad” de la entidad y el fortalecimiento que falta en tecnología. ¿Qué opinión tiene?

Eso fue música para mis oídos, porque ese ha sido el sueño que he tenido desde que llegue aquí. Pero tampoco se puede llegar a decir que no hemos hecho nada, aquí desatrasamos la entidad administrativamente desde hace ocho años y nos ganamos un premio MinTIC a la innovación informática digital, que no se lo dan a cualquiera.

Yo pienso que la ministra de Transporte no ha venido a ver lo que tenemos aquí y no sé quién le diría que no hemos hecho nada.