NELLY VECINO PICO

Al menos 183 líderes han sido asesinados en lo que va corrido de 2018, de acuerdo con reportes de la ONU; para otras organizaciones podrían ser más, pero lo cierto es que Colombia está viviendo una crisis humanitaria en materia de Derechos Humanos.

Y mientras la semana pasada el presidente Iván Duque firmaba un Pacto para garantizar la seguridad de los líderes y defensores de derechos humanos, dos comunicadores comunitarios fueron asesinados en Cauca y Valle.

La situación es cada día más difícil porque no es solamente el asesinato de líderes, sino también otro tipo de agresiones como las amenazas y las judicializaciones, de acuerdo los mismos defensores de Derechos Humanos.

Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, dijo que “hay una emergencia nacional que todavía no tiene eco suficiente ni en la sociedad ni en el Estado... creo que hay que calificar los asesinatos como una situación de emergencia social para que tenga una respuesta distinta, no puede ser simplemente que investigue la justicia sobre los muertos hay que prevenir y hacer algo profundo, porque estamos aterrados de lo que está pasando”.

Democracia herida

Diego Hernández Velásquez, profesor de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de la UIS manifestó que “es importante indicar que resulta llamativo el hecho que la sociedad civil no se pregunte por qué estos asesinatos de una manera colectiva, han sido muy pocas las veces donde cierto tipo de organizaciones también de derechos humanos son los que nos han llamado la atención a toda la sociedad en general de hacer algo efectivo frente a estos asesinatos”.

“En Colombia tenemos un modelo de democracia constitucional en donde el pluralismo, las diferentes posiciones respecto a los asuntos importantes y valiosos en la sociedad es fundamental, pero la sociedad no ha entrado en ese modelo, entonces podemos decir que la democracia está herida cuando se producen estos asesinatos. Y es que cuando atacan a un líder social atacan el principio fundamental que es el pluralismo”, explicó Hernández Velásquez.

Además, “falta una política criminal que entienda estos fenómenos: cómo ocurren, por qué se dan, qué facilita que en ciertos territorios la eliminación de líderes sea más sencilla. Si no estudiamos el fenómeno criminal es muy difícil coyunturalmente resolverlo”.

Las amenazas

Sobre el tema de garantías y protección a líderes y defensores de derechos humanos en Barrancabermeja hay una lectura diferente al resto del país, precisó Iván Madero, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos: “El hecho victimizante más destacado a líderes sociales son las amenazas, eso quiere decir, que la lectura es diferente porque el contexto no se puede analizar alrededor de la criminalidad, sino sobre la tipificación de la amenaza como un efecto que genera un impacto sobre el quehacer de los defensores de derechos humanos y esto invisibiliza la acción de los defensores, el trabajo de las organizaciones sociales, no solamente de derechos humanos, sino comunitarias gremiales y de víctimas” .

Es así como “En Barrancabermeja hasta mayo de este año se han registrado 30 amenazas donde su gran mayoría son hacia los presidente de Juntas de Acción Comunal, JAC, y el actor son las nuevas estructuras paramilitares las cuales quieren llamar bandas criminales o grupos organizados al margen de la ley los “GAO”, entonces nosotros hablamos de esa nueva faceta del paramilitar que gira alrededor del microtráfico y porque a los líderes, pues porque hay una disputa del territorio a nivel urbano, a nivel barrial”, precisó el presidente de Credhos.

Acciones desde la Fiscalía

De acuerdo con un reciente informe de la Fiscalía se ha avanzado en un 49.18% en el esclarecimiento de homicidios en defensores de Derechos Humanos.

Durante 2018, la Fiscalía ha recibido 1.291 denuncias de líderes sociales y desmovilizados de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

Atacados a bala

Beatriz Elena Alemán Parra, es la Gobernadora de la comunidad indígena Zenú radicada en Barrancabermeja y quien desde hace dos años debe andar con escolta y chaleco antibalas, debido a las constantes amenazas de las que han sido objeto.

“En mayo de este año llegaron al cabildo a las 11:50 de la noche y dispararon con changón y revólver a la casa del Cacique y yo vivo detrás de la casa de él. Del atentado no se sabe quién fue, porque hay paramilitares y grupos armados y, en agosto pasado nuevamente recibimos amenazas a través de panfletos”.

De acuerdo con la Gobernadora indígena “no podemos salir a campo y el liderazgo no lo hemos podido ejercer por el tema de seguridad ya que no puedo ni salir casi a la tienda, porque me toca estar con el escolta y además a veces utilizar el chaleco se me dificulta por una cirugía que me hicieron”.

“La comunidad indígena tuvo que salir de Córdoba por la llegada de los paramilitares”.