El Gobierno nacional finalmente dio a conocer esta semana el borrador del decreto que pretende facultar a la Policía nacional para incautar la dosis mínima de droga en espacios públicos, como parte de la estrategia del presidente Iván Duque para afectar las bandas de microtráfico y proteger lugares de educación y recreación de los niños.

En el borrador se explica que los uniformados tendrán la potestad de decomisar pequeñas cantidades de productos ilegales como marihuana, cocaína, hongos alucinógenos y todo tipo de estupefacientes.

La ley 30 de 1986, denominada Estatuto Nacional de Estupefacientes, estipula que la dosis mínima para la marihuana son 20 gramos; del hachís, cinco; cocaína o cualquiera de sus derivados, uno; de metacualona, dos. Sobre sustancias sintéticas no se ha legislado, por lo que las autoridades pueden incautar cualquier cantidad que se encuentren. Así mismo, en esta norma se aclara que una dosis terapéutica es la cantidad de droga que se le recetó a un paciente médico como parte de un tratamiento.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha aclarado que se trata de una medida administrativa que pretende sacar la droga de las calles y que no está enfocada en hacer detenciones indiscriminadas.

Además, de tratarse de un adicto que haya sido diagnosticado, tendrá la oportunidad de mostrar documentos que certifiquen su condición o sus padres podrán comunicárselo a los uniformados para devolver el estupefaciente.

Sin embargo, algunos analistas se preguntan si la medida que prepara el Gobierno se ajusta a la Carta Magna, por una posible afectación del libre desarrollo de la personalidad que la Corte Constitucional amparó en el año 1994 al aprobar la dosis mínima, un pronunciamiento que desde entonces ha dividido posturas en la opinión pública.

Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa del Gobierno es apropiada para enfrentar esta problemática sin afectar los derechos individuales.

“Creo que es un decreto bien intencionado. Lo que busca no es reversar la permisión de la dosis mínima que garantizó la Corte Constitucional, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad, y la jurisprudencia de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, que considera que el consumo no debe penalizarse. Aquí lo que se pretende es combatir el microtráfico, porque este país se volvió consumidor y algunos se valen de que la dosis mínima está despenalizada para ir a las universidades, los colegios y los parques y quedar impunes en la comercialización de estupefacientes”, opina el jurista.

En un sentido similar se pronunció el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, quien cree que “legalizar la dosis mínima terminó generando que los parques, plazoletas y vías públicas se convirtieran en lugares de consumo. Creo que el país está cansado y agotado con este tema, porque cómo pretendemos que nuestros hijos no caigan en el terreno de las drogas si el país les está diciendo que ese es el libre desarrollo de la personalidad, como si fuera lo mismo que ser artista o artesano. Entendemos que los consumidores no son delincuentes, pero ese es un mensaje que no corresponde con la realidad de Colombia”.

Por su parte, Yesid Turbay, jefe de la oficina de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Barranquilla, resalta que la Policía ya estaba facultada para incautar la dosis mínima con la ley 30, siempre y cuando se tratara de pequeñas cantidades destinadas a su comercialización, pero eso generaba un desgaste para la Policía, que debía demostrar que en efecto la droga decomisada era para el narcomenudeo.

“Es digno de elogio adoptar medidas que no buscan más que la protección de nuestros niños y adolescentes, que son los principales objetivos de estas bandas de expendió de microtráfico de drogas y que se concentran, como lo muestran los estudios, en escenarios tales como los colegios, los parques y los centros de concentración y de juegos”, expresa Turbay.

Así mismo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, respalda el decreto porque ha evidenciado que la dosis mínima no solo ha sido utilizada para el comercio de estupefacientes sino para buscar nuevos adictos.

“Es como un parapeto de los expendedores que en muchas ocasiones cargan pequeñas cantidades para regalárselas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que consuman y caigan en la dependencia. Realmente nuestra población se está viendo muy afectada por eso, nuestro principal problema es el microtráfico y yo creo que nosotros debemos estar de acuerdo con esta medida”, opina la mandataria.

El general (r.) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía nacional, es otro de los que celebra la medida porque facilita la acción de las autoridades, al menos, en lo que tiene que ver con la reducción de la presencia de estupefacientes en las calles.

“Le hacen un gran favor a la Policía levantando el tema de la dosis mínima, porque así le facilitan el trabajo. El policía no puede ponerse a negociar con el enfermo qué cantidad es la que lleva en el bolsillo. Además, la mayoría de los ‘Jíbaros’ se amparan en este tema para estar comercializando droga a lo largo y ancho de las ciudades. Con el cuentico de que ‘es mi dosis mínima’ están moviendo todo el día droga de un lugar a otro. Estamos inundados de microtráfico en todas las ciudades”.

Además, el general Gilibert solicita al Gobierno aplicar nuevas ideas para combatir el narcomenudeo. “Todas las herramientas que le dan a la Policía para luchar contra el narcotráfico son válidas, necesarias y urgentes. No podemos permitir que la calle esté llena de estupefacientes y se permita su comercialización amparados en la dosis mínima. También necesitamos más cárceles para poder confirmar a los delincuentes allí, porque mientras se busque alguna salida para no sobrepoblar las prisiones se le hace mucho daño a la sociedad”.

Guerra en las calles

Otro exdirector de la Policía, el general (r.) Rodolfo Palomino, también considera que se deben aplicar todas las alternativas posibles para enfrentar el narcomenudeo, innovar en las estrategias para ser más efectivos contra este flagelo.

“Lo que hemos tenido hasta el momento en la lucha contra el narcomenudeo la verdad es que no ha sido exitoso, porque buena parte de la violencia y la inseguridad ciudadana en las calles tiene su origen en la distribución y comercialización de estupefacientes, por lo que sacar las drogas de las calles sería un avance. Muchos celulares robados, joyas y otros elementos terminan siendo cambiados por dosis de drogas”, dice Palomino.

Por su parte, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, manifiesta que el decreto del Gobierno no ataca los principales focos de concentración de ganancias de las organizaciones de narcotráfico, como lo son el tráfico de químicos para procesar las drogas y el lavado de activos, que en buena parte se hace fuera del país.

“En términos de política de Estado, Colombia sigue dando palos de ciego en términos de política de lucha antidrogas. Lo que se había avanzado en garantías constitucionales se podría perder con decretos como este”, opina Rosanía.

Así mismo, el director sugiere que el decreto solo será exitoso con una gran inversión en personal de inteligencia para que tanto la Fiscalía como la Policía puedan demostrar ante un juez quiénes son los que forman parte de las bandas de microtráfico en los centros urbanos.

Por otro lado, Carlos Ballesteros, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Bogotá, pide al Estado la promulgación de políticas públicas que hagan conscientes a los niños del peligro del consumo no solo de drogas, sino también de alcohol.

“No es la prohibición, sino la prevención lo que hay que incentivar, porque toda medida restrictiva, prohibitiva, lo que genera es ansiedad, retos; como sucedió en los Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol y surgieron grandes mafias como la de Al Capone, cuando lo legalizaron se acabó el problema porque bajaron los precios del licor”.

Ballesteros además pide supervisión de los entes de control para evitar excesos por parte de los uniformados. “El darle extralimitación de funciones a la Policía nacional para llevar a cabo esta acción puede también generar corrupción, porque pueden sorprender a una persona con una dosis mínima, pero, como dicen vulgarmente, se la quieren ‘montar’, entonces el uniformado puede pedir abrirle un proceso por microtráfico o puede chantajearlo”.

Por su parte, Juan Antonio Santa Cortés, presidente de la Federación de Padres de Familia de Risaralda, llama la atención en cuanto a un espacio al que recurren mucho los menores de edad: las redes sociales.

“En Pereira tuvimos el caso de un joven que murió luego de consumir estupefacientes en una fiesta que fue convocada por Facebook. Había una persona que tenía eso como negocio, cobraba la entrada y los estupefacientes, hasta cuando falleció este chico y fue detenido”, cuenta Santa.

Por el momento, la Policía y los alcaldes están a la espera de que el presidente Duque firme el decreto y se entre en acción para buscar, decomisar y destruir las pequeñas dosis de estupefacientes y a medida que se implante la medida verificar si es útil para combatir a las bandas de microtráfico.