Ante el problema, aunque pinta complejo, fue presentada una propuesta por el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien puso a consideración del presidente Iván Duque la ‘Estrategia disruptiva contra el narcotráfico’.

Disrupción significa, básicamente, una interrupción brusca. En síntesis, lo que pretende esta hoja de ruta es cortar los puntos más visibles de la producción de sustancias sicoactivas. Narcocultivos, producción de clorhidrato de cocaína, distribución, comercialización, consumo y lavado de activos son los puntos que plantea Martínez Neira que se deben afectar.

A principio de siglo el país tenía 162 mil 510 hectáreas de narcocultivos, según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para 2017, esa cifra llegó a las 171 mil hectáreas. Bien podría decirse que el incremento fue de apenas el 5.22% en 17 años. No obstante, esa es una cifra engañosa si se tiene en cuenta que 2012 y 2013 el país apenas tenía 48 mil hectáreas con matas de hojas de coca y marihuana.

En el documento de 39 páginas emitido por la Fiscalía, se precisa que Nariño con el 27% y Norte de Santander con el 26% de hectáreas de cultivos ilícitos son los departamentos que encabezan este listado.

Tanto para esos puntos como para los demás departamentos afectados, se plantea la erradicación como “punto central de la estrategia, (pero) debe comprender trabajos científicos disruptivos que mermen los aumentos de productividad que han obtenido los narcotraficantes en los últimos años”.

La propuesta va encaminada a que se desarrollen estudios científicos que se centren en el genoma de la planta con el objetivo de desarrollar inhibidores del alcaloide de cocaína en la planta de coca. Es decir, que se busque la forma de neutralizar la acción estimulante de esa sustancia.

Con respecto al polémico uso del glifosato, Martínez Neira exhorta a que se adelanten investigaciones que “permitan encontrar una fórmula alternativa al glifosato para asperjar sobre la planta de coca y destruirla sin daños ambientales”.

Con respecto a los cultivos hidropónicos de marihuana, el fiscal propone “racionar el suministro de energía eléctrica en las zonas con presencia de marihuana sicoactiva y controlar y/o restringir la venta de plantas eléctricas en zonas con alta presencia de invernaderos de marihuana sicoactiva”.

Cortar la producción de marihuana tipo creepy evitaría, a juicio del ente investigador, la proliferación de armas en las calles y campos. Esto en razón a que se ha detectado un trueque macabro en las regiones en las que abundan los narcocultivos de la marihuana.

Uno de los informes confidenciales señala que por tres libras de marihuana se intercambia una pistola y por ocho libras se entrega un fusil. El cambalache está llevando a que se armen estructuras delincuenciales que estarían copando las zonas estratégicas que dejó la antigua guerrilla de las Farc y que son corredores vitales para la salida de droga hacia Centro y Suramérica.

El general Leonardo Gallego fue director de la Policía Antinarcóticos y uno de los que lideró el tema de la erradicación y fumigación de los cultivos a finales de la década de los noventa del siglo pasado.

Para él, la propuesta de Martínez en el sentido de cortar el suministro de electricidad es viable siempre y cuando no perjudique a comunidades que no estén inmersas en el mundo del narcotráfico. “El señor fiscal ha dejado muy en claro que precisamente se trata de una acción individual, una medida puntual contra quien se detecte que está usando la energía eléctrica para esas actividades ilegales, por lo tanto es un procedimiento que no debe afectar a ningún ciudadano diferente y menos a comunidades o poblaciones. Tiene que estar basada en la labor de inteligencia a través de las cuales se detecta dándole ese uso indebido al servicio eléctrico”, advierte el coronel (r). Todo apunta a que la presentación que Martínez revela va encaminada a recibir la certificación por la lucha antidrogas que expide el Gobierno de Donald Trump y que en septiembre pasado fue otorgada en calidad de condicional, lo que significa que Colombia va perdiendo el año en esa materia.

Sí, pero...

Ahora, con respecto a la producción de clorhidrato la estrategia para frenarla es reducir el suministro de combustible en la zona y se plantea la posibilidad de que se promulgue una norma que excluya a los alcaldes de tener la facultad de otorgar los permisos para la instalación de nuevas estaciones de gasolina.

No obstante, la medida suena compleja toda vez que en las mayores zonas de los cultivos, Nariño y Norte de Santander, hay otro flagelo que no han podido combatir las autoridades: el contrabando de combustible.

El profesor en Derecho penal y Criminología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Rafael Velandia Montes, señala que la medida que se busca es “un discurso simbólico” de cara a la lucha antidrogas que se plantea desde el Gobierno.

“Esto, da la impresión, parece una respuesta a la crítica de Estados Unidos del aumento de la producción y tratan de reflejar que el Estado está implementando medidas con el propósito de disminuir esa producción, de acuerdo a las cifras que se manejan por parte de entidades internacionales“, argumenta el jurista.

La Fiscalía plantea el ejemplo de Barbacoas, Nariño, donde hallaron una correlación entre el aumento de la cantidad de galones de gasolina y el incremento de hectáreas de narcocultivos. Dice la entidad que en 2015 se tuvo un registro de 1.977.029 galones de combustible a 3.393.244 en 2017. En ese lapso las hectáreas cultivadas aumentaron de 1.330 a 3.359.

La zona norte, Catatumbo, Golfo de Urabá, Llanos orientales, Amazonas y el sur del Pacífico son las seis rutas que los organismos de inteligencia han identificado como los corredores para movilizar la droga que es enviada al extranjero y la que es distribuida a través del narcomenudeo.

Como ya se trata de un eslabón de la cadena cuya georreferenciación es más amplia que los laboratorios o los invernaderos, los actores que deben estar inmersos en este proceso tendrían tareas como intensificar los controles a los motores fuera de borda, labor que le correspondería a la Armada.

Con respecto a las aeronaves, se propone la incautación y decomiso de aquellas en las que se detecten que no tienen vuelos autorizados. Para los vehículos que se movilizan por tierra se proyecta que tengan un dispositivo GPS obligatorio para las empresas de transporte de pasajero y de carga.

Uno de los oficiales que enfrentó al Cartel de Cali fue el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, quien añade que uno de los puntos a tener en cuenta para frenar la distribución es la creación de una fuerza binacional con las autoridades de México, toda vez que se han hallado nexos entre emisarios de los capos de ese país con los colombianos.

“Dedicarse, principalmente a los cultivos ilícitos, no funciona. Ahí no está la prioridad, la clave está en la conformación de un cuerpo con los mejores fiscales y los más expertos en asuntos de narcotráfico para internacionalizar la lucha contra el narcotráfico en países centroamericanos”, explica el oficial.

Por su parte, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios Seguridad y Paz, hace énfasis en que el paquete de medidas que propone el fiscal no solucionará el problema de fondo toda vez que está comprobado que los delincuentes mutan sus actividades delictivas cada vez que las autoridades cambian su estrategia para combatirlas.

“El Gobierno ha sido reactivo y no ha ido adelante en la lucha, y se había demorado en sacar nuevas estrategias y no esperar a ejecutar una política reactiva. Ahora, hoy se hace la propuesta, pero no es que se empiece a ejecutar de una vez, porque debe haber un marco normativo y legal, vendrá un tema de Comisión Segunda y de Comisiones Constitucionales”, advierte el experto.

Para Rosanía mientras se hace todo ese trámite legislativo los narcos ya habrán pensado la forma de actuar frente a la comisión del delito.