Las investigaciones llevaron a que, además, se librara orden de captura en contra de Julio Alberto Álvarez y Luis Alberto Rivera Ayala, en su orden secretario de Planeación y exasesor jurídico de la Alcaldía de Quibdó.

Ante un juez de garantías a los exfuncionarios de la Administración municipal les imputarán los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por la adquisición de terrenos en los que se iban a construir escenarios deportivos para las justas.

Los lotes en disputa son dos terrenos ubicados en la vía que de la capital del Chocó conduce al municipio de Atrato. Por los predios, la Alcaldía pagó 3.400 millones de pesos. No obstante, las pesquisas de la Fiscalía llevaron a determinar que el valor real era de 893 millones de pesos, es decir que se configuró un detrimento al erario de 2.507 millones de pesos.

La persona a la que le compraron los predios es Samir Bechara Simanca, también capturado en la redada del ente acusador en este proceso.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que en las próximas horas se detendrá al presbítero José Óscar Córdoba y Martín Mazo, requeridos por esta investigación. Con respecto al religioso para la época de los hechos fue alcalde encargado, mientras que Mazo también fue vendedor de uno de los terrenos cuestionado.

Por estos hechos, la Fiscalía también vinculó en sus investigaciones a 16 concejales del municipio y a un diputado de la Asamblea del Chocó.

El ente investigador quiere determinar si estas personas, presuntamente, modificaron la ley para cambiar el uso del suelo.