Con la política de estabilización ‘Paz con legalidad’, se busca la transformación de los territorios más golpeados por la violencia, con visión de largo plazo, centrada en los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad.

Según explicó Archila, por 15 años el Estado implementará esta política con la que espera impactar en todo el territorio, pero que se focalizará en 170 municipios fuertemente golpeados por la violencia y la pobreza, y que beneficiará a 6,6 millones, de las que 2,5 millones son víctimas del conflicto armado interno.

Con esta nueva política del Gobierno se busca fortalecer los programas que vienen desde la firma de los acuerdos como la Ley de Víctimas, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la reincorporación de excombatientes de las Farc, entre otros temas.

- ¿En qué se diferencia esta política de estabilización con la que venía funcionando?

En muchas cosas, porque cada frente que manejaremos tendrá características diferenciadoras y esto se puede ver desde dos puntos de vista: el primero, que acompaña la visión de país del presidente Iván Duque, en la que prima la equidad en una política integral. La segunda es que trabajamos siempre de una manera gerencial y eso implica hacer buenas planeaciones y utilización de los recursos, una focalización de estos para lo que se puede hacer y lo que no, tener siempre planes articuladores dependiendo de las circunstancias legales y las restricciones presupuestales.

- ¿Cuáles son los 170 municipios a los que apuesta?

Aunque apuesta al país, nos vamos a concentrar en la violencia que se ha dado históricamente en municipios de regiones como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Tolima, Guaviare, Norte de Santander y Chocó, por mencionar solo algunos que son los nacederos, pero que llevan a que la violencia mute hacia otras regiones y afecte a todo el país.

- ¿Qué lleva a que se reproduzca la violencia en estos municipios después del proceso de paz?

Hay circunstancias geográficas, sociales y de conectividad que hacen algunas de estas zonas propicias para el delito. Históricamente el Estado no ha llegado a todas ellas y eso tiende a facilitar que los criminales se ubiquen allá. Por eso, escogimos los municipios que tienen que ver con la afectación por la violencia, la mayor pobreza, la mayor pobreza absoluta, la mayor pobreza multidimensional, el mayor índice de no educación, de no salud, los sitios más desconectados del resto del país. En resumen, ‘Paz con legalidad’ es por el territorio con el que tenemos la deuda histórica como consecuencia del conflicto.

- ¿De cuánto será la inversión de ‘Paz con legalidad’?

La manera como está prevista la financiación es con recursos de la Nación, de los municipios, departamentos, recursos de cooperación internacional e inclusive recursos de privados. De esos, el Gobierno solo es controlador directo de los recursos del Presupuesto General de la Nación, en el que hay un mínimo de 2,6 billones de pesos que ya están, más el presupuesto para intervenir en estas zonas de todos los sectores.

- ¿Que aristas trabajará en el marco de la implementación del proceso de paz?

Muchos. En un primer momento hay un frente político, que corresponde en brindar las garantías al partido político Farc en el ejercicio de sus derechos. También está el frente de justicia transicional y aquí la principal responsabilidad del Gobierno es que exista una total independencia, manteniéndose fuera de órbita.

Vamos a concentrar todos los instrumentos de planeación que pueden existir con la temporalidad de 15 años, para que durante este tiempo se acorten las brechas de la violencia en el país. También daremos tratamiento a la Ley de Víctimas, la restitución de tierras y los excombatientes, de modo que con esta política no existirá más excusa para que la violencia se reproduzca en el territorio.

- Uno los temas relacionados es la seguridad del partido Farc. ¿Cómo será esto?

En relación con las elecciones que vienen, presido la mesa técnica de seguridad y allí estamos trabajando en un plan de protección para la campaña de ellos, ya que somos conscientes de que están expuestos a riesgos de seguridad distintos a los de otros partidos. En ese sentido, vamos, y es nuestro deber, a protegerlos para que puedan llevar a cabo su actividad proselitista sin restricciones.

- ¿Cómo trabajará esta política de estabilización frente a los excombatientes de las Farc?

Tenemos dos grandes bloques de responsabilidad: el primero es mantener la seguridad de ellos, tanto individual como de los que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr).

De otra parte, debemos seguir con el apoyo a los que decidieron reintegrarse a la vida. En esto hemos trabajado en un censo que se va a terminar, más o menos, en enero y a partir de ello se dará paso al diseño de las rutas específicas para la estabilización psicológica, capacitación laboral como empleados o emprendedores con proyectos productivos.

- ¿Cuántas personas hay en proceso de reincorporación?

Algunas están en los Etcr y otras que llevan su proceso de reincorporación por fuera de estos, porque aquí no hay obligación legal para que lo hagan en esos lugares. La proporción que tenemos es que debe haber cinco mil en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y ocho por fuera.

- En dos años y medio vencerá la Ley de víctimas. ¿Qué pasará?

Allí tenemos un trabajo muy importante, tanto en las reparaciones individuales como en las colectivas. En las primeras, la Unidad para las Víctimas ha desarrollado un trabajo muy importante en el análisis que debe darse el año entrante sobre si se renueva o no, en qué consistiría y en qué condiciones estaría.

En lo que tiene que ver con reparaciones colectivas, hemos entendido que estas forman parte de la renovación de los territorios y este actor no quedará aislado, sino que las vamos a manejar en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza.

- ¿Qué han pensado respecto a los cambios que traería la Ley?

En 2019 iniciaremos a pensar sobre ella. Por ahora, se debe entender en cómo dar mejor reparación a las víctimas, en los niveles que está y que con los recursos que tiene demoraríamos alrededor de 70 años en poder cubrir a todas las víctimas. Eso se traduce en que algunos recibirían lo que la Corte ha considerado suficiente y otros nada, porque uno no vive tantos años. Creemos es que de cara al análisis que debe darse en 2019 es importante hacer un esfuerzo en racionalizar la orientación de la Ley de víctimas.

- ¿Y en relación con la restitución de tierras...

Estamos articulando la gestión con la Unidad de Restitución de Tierras para que este bloque no sea independiente del resto de políticas. Tenemos identificado un número muy alto de más de 115 en los que ellos operan y hay una oportunidad de articulación. También está el tema de los fallos que ordena la restitución acompañada de proyectos productivos para las familias como parte de su reparación.

De otro lado está la reforma o el desarrollo integral del campo y aquí tenemos compromisos con el Banco de tierras. También estamos dando los primeros pasos en el catastro multipropósito, la jurisdicción agraria y algo muy importante, el desminado, y no se puede obviar que acompaña a todo este frente.

- ¿En qué consiste el catastro multipropósito?

Es la documentación de la información que se necesita de los territorios, sus usos, y su gente. Es un proceso demorado, difícil y muy costoso y por ello mismo, el Gobierno adquirió un préstamo por 150 millones de dólares para fortalecer a las entidades encargadas de desarrollarlo.

Con esta herramienta esperamos cubrir el 60 % de los municipios del país durante estos cuatro años, de ellos la mitad serán del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), entre ellos los 170 municipios. El crédito va a quedar contratado en el Conpes de este año.

- ¿Qué viene en materia de sustitución de cultivos ilícitos?

Hay dos frentes de esto: el primero es la erradicación forzosa con glifosato, siempre y cuando haya estándares legales; lo segundo, los esquemas de sustitución voluntaria. En ese frente sostendremos el esquema del Plan de Atención Inmediata (PAI familiar) y lo que se conoce cómo familias guardabosques, que dio buenos resultados y así asegurarnos que no hay oportunidad para la coca.

Lastimosamente venimos de una época con incremento muy significativo del número de hectáreas de coca y de fenómenos culturales que hacen difícil que Colombia asuma su compromiso consigo mismo y con el mundo de reducirlo. No obstante, dentro de esa adversidad el programa de sustitución voluntaria dejará 35 mil hectáreas limpias, un número muy impresionante.