Hoy, a dos años y medio de terminar la vigencia de la norma, son muchos los logros y aprendizajes, pero también los pendientes y los retos que plantea esta política.

Desde uno de los frentes de la ley, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, quien asumió el cargo el pasado mes de octubre, reconoce que son varias las regiones donde el proceso aún no logra avanzar – principalmente – por la presencia de grupos armados ilegales, pero destaca que existen muchos lugares donde la restitución y el acompañamiento con proyectos productivos han logrado transformar la vida de las comunidades.

Para el funcionario, se trata de una política que está enclavada profundamente en los pilares del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, y aunque reconoce que el proceso debe cerrar en algún momento, también cree que el Estado debe encontrar la manera de atender a las víctimas que no hayan logrado una reparación dentro de la vigencia de la ley.

- Le quedan dos años y medio para terminar la tarea…

Sí, nuestra tarea nace con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, que estableció un proceso judicial de justicia transicional. La restitución de tierras es un proceso abreviado, de única instancia, donde se invierte la carga de la prueba, es decir que quien está ocupando el predio hoy tiene que demostrar su buena fe exenta de culpa.

Entonces, la vigencia de la ley va del 2011 al 2021, exactamente el 11 de junio. Yo diría que la primera etapa, que es la administrativa, que es cuando se recibe una solicitud de restitución y el trámite, nosotros tenemos que culminar a 2021 con esa etapa. Ya lo que pasa desde el punto de vista judicial y del acompañamiento que hace la unidad, porque la unidad asume la representación judicial de las víctimas, uno diría que eso tomará más tiempo.

Pero mi objetivo es terminar al 2021.

¿Qué papel juega la restitución en las políticas del Gobierno del presidente Iván Duque?

Nosotros incluimos la restitución dentro de los pilares del Gobierno Duque. Legalidad, que tiene que ver con aclarar todos esos procesos donde hubo despojos, destierros, compras ficticias, todo ese tipo de figuras a través de las cuales a la gente se le quitó la tierra, y esto termina en una sentencia judicial.

El segundo pilar de emprendimiento es muy claro. Yo diría que ahí nos inscribimos mucho en eso. Como con las políticas de agricultura por contrato que el ministro de Agricultura (Andrés Valencia) ha planteado, como coseche y venda a la fija. Es decir que los proyectos productivos que desarrollemos en esos predios restituidos no solo sean para ocupar a la gente sino que permitan que haya una economía donde estas personas ya tienen un comprador de estas cosechas, de los productos que se obtienen desde esos desarrollos.

Esos dos componentes, legalidad y emprendimiento, en lo que finalmente deben resultar es en el tema de equidad, que se inscribe dentro del tercer pilar del pacto por la equidad.

- Recientemente hubo un debate sobre el tema de segundos ocupantes, incluso la senadora María Fernanda Cabal ha planteado un proyecto de ley que aborda el tema…

Sobre este tema uno puede señalar que a través de una sentencia de constitucionalidad de la ley se resolvió. En la sentencia C330 de 2016, la Corte Constitucional atendió el tema de segundos ocupantes, cuando se trata de campesinos, población vulnerable.

Como les mencionaba, el proceso abreviado invierte la carga de la prueba, en ese sentido el que ocupa, si es un campesino, él cómo hace para demostrar una buena fe exenta de culpa. Eso en términos jurídicos es muy complejo, porque es como demostrar lo que llaman en derecho la debida diligencia, es decir que yo llegué al territorio, me ofrecieron el predio y yo hice una indagación donde pude establecer que esas tierras no eran de despojo y fueron bien adquiridas. No se trata simplemente de revisar los títulos de propiedad, los certificados de libertad, sino de ir más allá. Eso para un campesino es imposible de demostrar.

Entonces, a través de esa sentencia y desde el 2016, se reconocen a los segundos ocupantes cuando son población vulnerable y ellos no tienen que demostrar la buena fe exenta de culpa sino buena fe simple. Y para ellos, los jueces ordenan compensaciones, es decir que a esas personas se les va también a reparar.

- ¿Y qué pasa con esas personas hoy y su permanencia en el predio?

En muchos casos esa población tiene que entregar el predio, pero se ordena que la unidad misma le adjudique un nuevo predio, que sea equivalente a una unidad agrícola familiar, y también se acompaña con proyectos productivos.

Ese es el tratamiento que hay actualmente previsto. Es decir, algo que la ley no preveía, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se atiende.

Yo diría que el proyecto de ley retoma un poco esas inquietudes, esas situaciones, y hay mucha casuística en eso. Casos en los que llega el juez, con la fuerza pública y la unidad de restitución, esa persona tiene allí su proyecto de vida y termina prácticamente en la calle, no, eso hoy en día no ocurre.

- ¿Entonces en su opinión el proyecto de ley no sería necesario?

La unidad, como tal, ejecuta la ley, nosotros no entramos sobre la discusión de modificar la ley, eso lo hace directamente el Ministerio de Agricultura y en la Presidencia verán la necesidad o no de hacerlo.

Nosotros lo que damos son unos insumos, donde podría decir – y eso es lo que les hemos dicho al ministro y al Gobierno – que hoy en día los segundos ocupantes están atendidos. Llegar faltando menos de tres años a hacer una modificación de la ley casi que termina desnaturalizando el proceso.

Lo que sí creo es que dentro del proyecto de ley de la senadora Cabal sí hay unos elementos que hay que tener en cuenta, es decir que hay que darles las garantías de debido proceso a esos terceros intervinientes, que ellos entiendan que no les cae encima un proceso de restitución y no tienen cómo defenderse.

Eso se puede hacer vía reglamentaria, no necesariamente hay necesidad de tramitar un proyecto de ley.

- El pasado 11 de octubre venció el plazo para las personas que querían inscribirse en los procesos de restitución. ¿Es posible que se amplíe?

Yo llegué a la unidad justamente cuando vencía el plazo de presentación de las solicitudes de restitución, esto era a través de un decreto que reglamentó la ley, que es el decreto 1167, que fue expedido el 11 de julio de este año. Es un decreto que viene desde el Gobierno anterior y nos vimos avocados a ver qué manejo se le daba a esta situación.

Aquí hay varias posibilidades. Una es derogar el decreto, si se considera que vulneró la ley, porque la ley no establece un plazo para el cierre de la presentación de las solicitudes. Lo otro es ampliar el plazo que da el decreto mismo. Lo otro es simplemente lograr que a través de un decreto posterior le demos posibilidad a la gente de que presente las solicitudes hasta la vigencia de la ley.

- ¿Pero está previsto que pronto se tome alguna decisión en ese sentido?

Claro, eso está hoy en día en la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica, para que definan cuál sería la mejor opción para resolver esto.

- ¿De dónde surge ese decreto?

Uno lo que ve a nivel de territorio es que la dinámica del mercado de tierras, el tema de los negocios sobre la tierra, donde hay microfocalizaciones, es decir donde hay procesos de restitución, está totalmente parado. Y esto ya lleva siete años, por lo que muchos inversionistas, mucha gente interesada, tienen interés en que se cierre el tema para poder hacer un negocio. Eso lo hemos oído en el territorio. No solo desde la gente interesada sino también desde las autoridades.

Frente a este tema, hay una vía que la unidad puede hacer y es que cerremos las microzonas donde ya hicimos el barrido completo y no hay más víctimas que se hayan presentado o estén inscritas en otras bases de datos. Allí la Unidad puede hacer un cierre de la microzona para que se levanten todas estas medidas.

- ¿Y qué zonas están pendientes?

Las zonas que no están microfocalizadas son todas las zonas donde hoy en día el conflicto se ha reavivado. El Catatumbo, Tumaco, el bajo Cauca, toda la cuenca del Pacífico, el Urabá, algunos territorios en los llanos orientales, una parte del Casanare, el Caquetá, una parte del Tolima y el Huila, el sur de esos departamentos, son como ocho zonas donde hoy en día todavía hay presencia de grupos alzados en armas.

Queda 90 mil solicitudes por tramitar 

- ¿Tiene algún cálculo de qué tanto falta y qué tanto ya se cumplió?

 Con sentencias, tenemos 330.000 hectáreas que se han restituido. De esas, 210.000 son restituciones étnicas, sentencias que cobijan a resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrodescendientes. Es decir que en un porcentaje es mayor la restitución étnica que la individual.

¿Por qué? Porque estamos hablando de territorios reconocidos por el Estado que tienen esa característica, resguardos indígenas y territorios colectivos. 

 En la ruta individual, que son campesinos o empresarios que están pidiendo cinco hectáreas, diez hectáreas, cincuenta hectáreas, para sumar en la cifra global va más lento.

Ahora, frente a lo que está solicitado, se han presentado prácticamente 200.000 solicitudes de restitución, validadas nos quedan como unas 90.000 para tramitar. Cuando uno suma las pretensiones que hay, está en el orden de 1.500.000 hectáreas. Eso no quiere decir que todas vayan a ser restituidas, porque esto es un proceso que define un juez, pero ese es el orden de magnitudes: 330.000 hectáreas restituidas, frente a 1.500.000 hectáreas que están pendientes.

- Pero hay una negación alta de solicitudes… 

Ha habido un cuestionamiento frente a los temas de restitución que tiene que ver con que cerca del 64% de las solicitudes se han negado.

¿Qué es lo que niega la Unidad? El registro o la inscripción en el registro de predios abandonados y despojados, que es la base para la presentación de la demanda de restitución ante los jueces. Ese volumen tan alto tiene que ver con que revisado el proceso se define si hay mérito o no hay mérito para pasar eso a un juez.

Lo que estamos haciendo en este momento, dentro de ese balance de los siete años de implementación de la ley, es revisando por qué el volumen tan alto de negaciones. Esas cifras hay que depurarlas para decir al final del proceso esto fue lo que se pudo hacer como restitución.

- ¿Esas 90.000 solicitudes que están por tramitar tienen que ver con esas áreas que no se han podido microfocalizar? 

Hay que hacer un esfuerzo por articularse con las demás entidades. Porque muchas veces estamos, por ejemplo, en Ocaña, Norte de Santander, donde empieza el Catatumbo, y nuestra oficina queda en Cúcuta. Un campesino para llegar de Ocaña a Cúcuta se gasta mínimo cinco horas, o sea que en un día no logra hacer esa vuelta. Organizaciones de víctimas han calculado que una persona que va a Cúcuta a presentar su solicitud se gasta 1.200.000 pesos, que es lo que vale el transporte, el alojamiento, la alimentación.

Yo tengo que articularme con otras entidades para llegar a Ocaña y poder atender allá a la gente. Casi que enviar a funcionarios de Cúcuta y que allá puedan atender las solicitudes.

Entonces, esas 90.000 solicitudes que faltan tienen que ver con todo ese rezago, pero también con las zonas que no están microfocalizadas, que están suspendidas, esas son las que le voy a presentar a la fuerza pública para que me indiquen dónde podemos avanzar. Inclusive, dónde puedo cerrar ya, dónde se hizo el barrido y ya no hay más, para darles seguridad a los inversionistas del campo.

- ¿Qué tan relacionada está la persecución a los líderes sociales en diferentes regiones del país con el tema de restitución? 

Muchos casos tienen que ver con la restitución de tierras. Cuando uno se pone a ver, el conflicto armado en el país era el tema del territorio, era la presencia en el territorio, quién domina el territorio, y obviamente eso se materializa en el tema de la propiedad de la tierra.