La libertad condicional del contratista Guido Nule Marino, condenado a 21 años de prisión por el denominado ‘Carrusel de la contratación’, y Emilio Tapia, también vinculado en el mismo proceso, ha generado polémica en varios sectores del país, incluso en los entes de control, aún sabiendo que la acción se registró de manera legal y constitucional.

Para el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, es evidente que la actuación elevada por el juzgado Cuarto de ejecución de penas y medidas de Seguridad de la ciudad de Barranquilla, que le otorgó la libertad al contratista, tuvo irregularidades, pues dejó en evidencia que Nule Marino no cumplió con la exigencia económica que debía pagar una vez fue condenado.

“No podemos seguir aceptando que la navidad de las excarcelaciones se convierta en una situación normal y que los beneficios a los corruptos se conviertan en una regla”, consideró Carrillo Flórez.

El jefe del Ministerio Público celebró que en este momento hay dos proyectos de ley en curso que incorporó la imposibilidad de sustituir la detención preventiva por una detención domiciliaria.

“Esos privilegios no caben para los corruptos y no caben, además, porque para eso están las convenciones internacionales de corrupción, si es el caso vamos a valorar cada uno que se ha registrado en lo corrido del año”, dijo Carrillo.

Si bien el procurador hizo énfasis en que Colombia tiene una serie de compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción, aseguró que es necesario replantear la política legislativa y “habrá que hacer más severas las penas en materia de decretos de corrupción, que es el problema más grande que tiene el país”.

Contrario a lo que opina Carrillo Flórez, el penalista y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Bernate, consideró que la solución no está en el aumento de penas.

“Resulta increíble que ante personas que si bien es cierto cometieron delitos muy graves, pero que ya pagaron su deuda con la sociedad, se genere una reacción en la que se pretenda aumentar las penas sin saberse a qué topes”, dijo Bernate.

Consideró que esto no tiene asidero, dado que hoy en día Colombia tiene las penas más altas del continente. En ese sentido, dijo que la justicia colombiana tiene que reconocer que las penas tienen un límite y que cumplen una función resocializadora.

“Todas las personas tienen derecho a una oportunidad. No es claro que todo conduzca a nada malo ni nada bueno, ni tampoco a aumentar las penas, ni mucho menos a restringir beneficios, por el contrario hay que buscar verdaderas alternativas que ataquen la razón por la que se delinque y no pensar que la razón a todo es subir las penas y quitar los beneficios”, aseguró Bernate.

Por otro lado, desde un sector independiente, Hernando Herrera Mercado, en cabeza de la Corporación Excelencia a la Justicia, expresó que es necesario que “existan sistemas de redención de penas para los delitos, porque eso está aliado a la rehabilitación de cualquier confeso condenado, pero en el caso de los condenados por delitos que tienen que ver con la desviación de recursos consideramos que no se deben tener esos beneficios”.

Para Herrera Mercado, el caso de la redención de delitos por penas deben ser mucho más estrictos y en el caso de la casa por cárcel deberían prohibirse tajantemente.

El presidente de la corporación consideró que es necesario valorar cada acción que tiene el condenado, si bien obtuvo el tiempo cumplido de la pena para adquirir el beneficio de casa por cárcel e incluso la libertad, se deben considerar los lineamientos que se dictó una vez fue leída su sentencia, que en ese caso resulta importante realizar los pagos al Estado y a las víctimas que dejó la comisión de delitos.

Así las cosas, lo que ahora se espera es que en el Congreso de la República se surtan las diligencias debidas para considerar si se aplican penas más severas o si por el contrario lo que se debe aplicar es un reajuste en la política legislativa y judicial.

Interrogatorio a jueces que concedieron

libertades

Tras la inspección judicial que se llevó a cabo en los juzgados Cuarto y Primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, la Fiscalía llamó a interrogatorio a los funcionarios judiciales que le concedieron la libertad al contratista Guido Nule Marino, condenado por el denominado carrusel de la contratación.

La polémica se generó desde el pasado 28 de diciembre cuando el juzgado Cuarto le otorgó la libertad por el cumplimento de las tres cuartas partes de su pena. Sin embargo, lo que es irregular para la Fiscalía es que los funcionarios judiciales no habrían observado a cabalidad los requisitos exigidos por la ley.

“Específicamente no se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización a las víctimas de que trata el artículo 64 del Código Penal”, dijo la vicefiscal María Paulina Riveros.

La delegada de la Fiscalía aseguró que los despachos fueron los encargados de emitir decisiones que hoy tienen fuera de prisión a Emilio José Tapia Aldana, quien tiene detención domiciliaria; Guido Alberto Nule Mariño, quien se encuentra en las playas de Barú, y Mauricio Antonio Galofre Amín, quien fue responsable de afectar las finanzas públicas de la capital del país en que la que se registró una defraudación superior a los 500.000 millones de pesos. 

La investigación 

En este caso, la Fiscalía demostró la participación de Tapia Aldana, Nule Marino y Galofre Amín, de quienes además señaló que cumplieron un papel determinante en el millonario desfalco.

Por su parte, el ente acusador descubrió que Guido Nule “era el controlante de hecho de las empresas contratistas del grupo Nule”. En su contra pesan dos sentencias: una de nueve años y seis meses de prisión, por peculado por apropiación, y la otra de ocho años y seis meses, por cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal.

En contra de Tapia Aldana, la Fiscalía dijo que era el intermediario de recibir y entregar las coimas del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván.

A Tapia le figuran tres condenas en su prontuario criminal: 42 meses, por concierto para delinquir; ocho años y dos meses por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, y a cinco años por enriquecimiento ilícito de particulares.

En cuanto a Galofre Amín, la Fiscalía recordó que era el jefe de licitaciones del Grupo Nule. Las sentencias que pesan en su contra son por peculado por apropiación (11 años y nueve meses) y por cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contrato (seis años y ocho meses).