“Recibí un mensaje directo en el que me decían que me iban a matar, que sino me mataban a mí, matarían a mis hijos”. Así recuerda Edgardo Flórez Mesa la amenaza que grupos al margen de la ley le hicieron el año pasado. Este hombre se suma a los cientos de líderes sociales que defienden los derechos humanos en el territorio nacional.

El defensor vive en el corregimiento de El Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar, y en diálogo con Colprensa expresó que ha recibido dos amenazas: la primera en junio del año pasado y la segunda en agosto, cuando vincularon a sus familiares.

Según Flórez Mesa, la primera se dio por cuenta de unas denuncias que realizó por hechos de extorsión en la zona donde vive, y por el cual el Gaula Militar generó una serie de capturas; la segunda como una advertencia por lo ocurrido.

Si bien aseguró sentirse desamparado por el Gobierno nacional, dice que no escatimará esfuerzos en denunciar los hechos que hoy no le permiten a la sociedad que lo vio crecer salir adelante. Lo que sí es cierto, es que Flórez Mesa teme por la vida de su familia, pues aseguró que pese a que la Unidad Nacional de Protección (UNP), fomenta esquemas de seguridad, estos no son suficientes.

“Lo que ha hecho es levantar medidas sin mayor fundamento y el interés ya no está en tener un carro o un escolta, sino en que se nos brinde una protección integral”, aseguró el defensor mientras lamentó la situación que no solo padece él, sino al menos 160 personas más en esa zona del país.

El hombre, quien se ha dedicado a denunciar inconsistencias en esa región del país desde hace más de 10 años, anunció que hoy en día 60 líderes sociales que habitan en Carmen de Bolívar han sido intimidados de alguna manera, bien sea directamente, por medio de recados o mensajes en las redes sociales.

“No hay una sensación de seguridad para nosotros, porque vemos muy pocas opciones. Hemos estado solicitando al Gobierno que se monte pie de fuerza en el territorio, porque hay personal extraño y ajeno a las comunidades, pero no se nos ha prestado atención”, dijo Flórez Mesa.

La atención de la que habla es la que en su momento solicitaron los 172 líderes sociales que, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados en 2018. Para Flórez Mesa es evidente que algunas autoridades han querido apoyar la labor que realizan, sin embargo, estas se esfuman una vez hay cambios en los gabinetes del Gobierno.

“El año pasado se realizó una reunión con el Ministro del Interior saliente, se habló que se continuaría con talleres de integración y protección para nosotros, pero salió de su cargo y junto con él se fueron las propuestas”, aseguró.

Lo que preocupa al líder social es que el actual Gobierno no genere los espacios para brindar seguridad. Para él, es evidente que el Estado colombiano debe implementar una estrategia de protección colectiva y de territorio. “Una estrategia más de prevención y de acciones que se trabaje con inteligencia para prevenir estas acciones en el territorio que nosotros estamos denunciando”.

Según lo expuesto, en la zona hacen presencia personas que están vinculadas con estructuras dedicadas al delito de narcotráfico, fleteo, extorsión y sicariato, actos que son denunciadas por las líderes de la región.

“En cuanto al tema de quienes son: aquí hay de todo”, dijo el líder cuando se indagó sobre los responsables de tales hechos. Si bien el líder social puede tener nociones de quienes pueden generar los hostigamientos, el único que fue osado en asegurar cuáles eran los actores del conflicto, fue el propio fiscal general, quien confirmó que el ‘Clan del Golfo’, el Ejército de Liberación Nacional y las Disidencias de las Farc están detrás de dichos actos.

Por último, el líder social aseguró que en un futuro los defensores de la zona se ven reparados integralmente, por lo que piden “que se restablezcan las cadenas productivas y que se restablezca la vida tranquila que teníamos, pero ya estamos en etapa de posconflicto y hasta el momento no tenemos”.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

Diana Sánchez, vocera de Somos Defensores, anunció que en el país no existían acciones que garantizaran la labor de los defensores de derechos humanos en el territorio nacional; sin embargo, el acuerdo de paz que se suscitó entre el Gobierno nacional y las desmovilizadas Farc dejó muchos lineamientos que, a su juicio, eran apoyados por las entidades gubernamentales y tenían un seguimiento y acompañamiento por parte de la ciudadanía, que es la que conoce las constantes amenazas.

Sánchez consideró que una vez se instaló el nuevo Gobierno las iniciativas desaparecieron, teniendo como base empezar todo desde cero, lo cual, a su juicio, no es necesario sabiendo que hay un avance en esa materia.

“El Gobierno Duque todo lo desconoce, nada de lo que dejó el antiguo Gobierno está funcionando, todo está congelado, todo lo que se derivó del proceso de paz está quieto”.

Para la vocera, sí hay herramientas con las cuales se puede atacar el flagelo de los homicidios, que a juicio del fiscal son sistemáticos. “Tampoco nos quemamos las manos diciendo que con ello se va a lograr frenar toda la problemática, pero sí había una ruta que efectivamente prometía desestructurar la criminalidad”.

Para Sánchez, con la entrada en vigencia del mandato de Duque ninguna de las iniciativas que ha mencionado han servido o se han invocado, por lo que consideramos que es necesario reactivar las propuestas que quedaron en una normativa construida.

“Nosotros hicimos una crítica con el Plan de Acción Oportuna (PAO), que es un espacio creado por la sociedad civil de los derechos humanos, para crear una ruta y diseñar una política pública para la defensa de los derechos. Con esto lo que buscamos es que Colombia de un salto en la protección y las garantías de seguridad”, dijo.

Para Sánchez, la protección es una serie de mecanismos instrumentales para proteger físicamente a los líderes, pero hace falta una política integral que desestructure las acciones agresivas en contra de los sindicales.

Si bien, el nuevo Gobierno pretende erradicar por completo los focos de inseguridad, se deben implementar las iniciativas que dejó el antiguo mandato, incluso sosteniendo reuniones con miembros del actual Estado que entregue reporte de lo que hasta la fecha se pretende hacer para garantizar y proteger la vida de los defensores.

SOS de los entes de control

Si bien no han corrido más de 15 días de este nuevo año, las autoridades ya tienen la lupa puesta en la epidemia de asesinatos que promete ser uno de los retos del actual Gobierno. Un reporte de la Defensoría del Pueblo anunció que hasta la fecha han asesinado siete líderes sociales en Meta, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Magdalena y Caquetá.

En una reunión que sostuvo el fiscal General, el procurador Fernando Carrillo, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el gabinete presidencial, en cabeza de Iván Duque, el jefe del ente acusador anunció que los datos dan cuenta de 238 líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y 2018.

Lo que le genera cierto grado de confiabilidad es que en materia de esclarecimientos de los homicidios, la Fiscalía da cuenta del 53 % de los casos, de los cuales, algunos de ellos están en etapa de juicio, imputaciones y en 30 más se han promovido órdenes de captura.

Martínez Neira anunció que una de las estrategias que implementarán durante este año, relaciona al Consejo Superior de la Judicatura, que apoyará con jueces especializados para esclarecer de manera exclusiva los asesinatos.

En su discurso, el jefe del ente acusador afirmó que el 50% de los líderes asesinados son miembros de las juntas de acción comunal. “Se puede deducir que se trata de una sistematicidad masiva. Esa afectación la producen los grupos armados residuales, el Eln y el ‘Clan del Golfo”.

En el informe, que fue presentado en la mañana de este viernes, Martínez Neira aseguró que los hechos vinculan expresamente a estructuras criminales, más no a miembros del Estado, lo que les genera cierto grado de tranquilidad.

Por su parte, el presidente Iván Duque rechazó de manera categórica uno a uno los asesinatos perpetrados contra los líderes y añadió que hasta la fecha hay más de 3000 líderes que tienen protección de la UNP, por lo que están prestos a fortalecer los instrumentos que tiene la Fuerza Pública para evitar que casos como los ya ocurridos se vuelvan a presentar. 

Por otro lado, el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, anunció que en los próximos días instalarán ‘La Mesa Por La Vida’, esa misma con la que pretenden evitar que la epidemia de los asesinatos siga aumentando.

El jefe del Ministerio Público anunció que es necesario visibilizar qué ha ocurrido en las diferentes regiones del país en relación a los atentados contra los defensores de derechos humanos. “Hemos dicho que no solo hay responsabilidad de la Fuerza Pública sino también de alcaldes locales, ha habido casos en donde se han hecho acusaciones y sobre estas trabajamos para determinar la responsabilidad en la misma”, manifestó una vez se conoció la cifra de asesinatos durante este año.

Del mismo modo, otra labor que adelantará la Defensoría es una audiencia en la que se realizará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan los activistas. Además, se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.

Según Negret, el objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos. “Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado”.

A juicio del Defensor, su máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades, y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017.

Alertas tempranas

El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría (SAT), encontró que los crímenes ocurridos durante 2018 se cometieron en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Nariño, Chocó, Arauca y Córdoba.

En cuanto a los municipios, los 30 con mayor número de homicidios corresponden a los departamentos con más altos niveles de ocurrencia de esta violación a los derechos humanos, entre ellos Corinto (16 casos) y Caloto, en Cauca (13); Tumaco, Nariño (12); y Riosucio, Chocó (9).