El 23 de enero pasado, César Ceballos, el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, era el anfitrión de una reunión a la que asistieron la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; los directores saliente y entrante del Inpec, los generales Jorge Luis Ramírez y William Ruiz, respectivamente, y funcionarios que tienen a cargo el tema penitenciario del país.

La cita era presentar el plan de transformación y humanización del sistema carcelario y las propuestas para mejorar las reclusiones nacionales. Ocho días después del anuncio, Ceballos fue capturado por presunta corrupción.

A Ceballos lo detienen por una serie de aparentes irregularidades relacionadas con el cobro de sobornos a internos para permitirles el ingreso de elementos restringidos en las celdas. Su arresto se suma al del director de La Picota, Luis Perdomo, detenido en septiembre pasado también por hechos de corrupción y quien está a la espera del llamado a juicio para que se decida si es culpable o inocente de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Que las cabezas de dos de los centros penitenciarios más importantes del país estén involucradas en hechos de corrupción, como lo asegura con vehemencia la Fiscalía, es una señal de alerta para revisar el sistema penitenciario nacional tan congestionado como retrasado en programas de resocialización y en infraestructura.

El propio Ministerio de Justicia reconoce que de los 126 establecimientos carcelarios que hay en el país, más de la mitad no cumple con los estándares modernos de calidad. De hecho, de 1991 a la fecha, solo se han construido ocho penales nuevos.

“Es preocupante la dificultad que implica para el país construir una nueva infraestructura de cuarta generación, la cual puede tomar cerca de cinco años para ser llevada a término. Esto, partiendo del punto en el cual se cuenta con el terreno en óptimas condiciones”, dice un documento elaborado por las autoridades penitenciarias sobre el diagnóstico de la situación carcelaria nacional.

De acá se empiezan a desglosar elementos que puedan dar luces sobre la corrupción dentro de las cárceles.

La sobrepoblación carcelaria favorece la corrupción ya que, como se ha evidenciado, crea un negocio de pagos a cambio de privilegios, en el que han resultado involucrados, según las autoridades, guardianes y directores del Inpec. Ceballos, dijo el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, exigía dinero para que los internos tuvieran opción de un espacio en una celda o en un pabellón ‘decente’ con algunos beneficios.

Sobre el director Ceballos, Martínez Neira reveló que el funcionario hacía una especie de estudio socioeconómico del interno para así mismo ubicarlo en uno de los patios de la que es considerada como la cárcel más peligrosa de América Latina.

“Por ejemplo, en el patio tres eran ubicadas las personas con más dinero y, presuntamente, debían pagar 3 millones de pesos mensuales por su permanencia en ese lugar. Al parecer, ante cualquier incumplimiento en las ‘cuotas’ fijadas, los reclusos eran trasladados y, supuestamente, no les garantizaban su seguridad”, describió el fiscal sobre las conductas irregulares del director Ceballos.

Drogas y mujeres

El director saliente del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, quien asumirá la dirección de la Policía Antinarcóticos, manifestó que por hechos de corrupción han capturado 120 funcionarios de la entidad entre los que se incluyen personal de la guardia y administrativos.

Sin embargo, parece una tasa baja partiendo de que hay 12.848 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia y 1.913 del personal administrativo.

“Los delitos que más incidencia tienen son tráfico y porte de estupefacientes, concierto para delinquir, y cohecho. La Picota es el establecimiento que más casos reporta en detenciones”, explicó el oficial.

La droga, como lo señala Ramírez, ha sido uno de los dolores de cabeza permanente para quienes custodian los penales ya que la mayoría de los internos son consumidores activos de alucinógenos y, al no tener un programa de resocialización sólido, continuarán en ese mundo.

De hecho, son frecuentes los comunicados de prensa del Inpec reportando la detención de alguna persona que pretendía ingresar determinada cantidad de dosis a un penal. De esta práctica, incluso, es acusado el director Ceballos quien cobraba 500.000 mil pesos por cada libra de droga que ingresaba a esa cárcel.

“La fiscal de conocimiento estableció que algunas residencias y bodegas en la localidad de Puente Aranda servían como lugares de almacenamiento de drogas, artículos lujosos y otros elementos que, con complacencia de algunos funcionarios del Inpec, eran ingresados ilegalmente a determinados reclusos”, detalló Martínez Neira.

Una de esas casas está ubicada en la carrera 56 con calle 18, muy cerca de la propia cárcel.

Este predio fue objeto de allanamiento, como también lo fue la casa del propio Ceballos, ubicada en el norte de Bogotá, tras la orden judicial obtenida luego de que varios internos elevaron una queja por las exigencias de dinero que les hacía Ceballos, según se dijo en la audiencia en la que le imputaron cargos por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La fiscal del caso señaló ante el estrado que “las declaraciones corresponden a víctimas que han tenido que cancelar (el dinero) de manera directa y por intermedio de terceras personas, como ha sido dejándole un sobre en un establecimiento de comercio ubicado al frente del penal conocido como ‘El paisa’ o a su conductor”.

El paisa fue identificado como José Armando Suárez y el conductor es Yovanny Esteban Rincón. Junto con ellos fueron detenidos el capitán Néstor Daniel Bernal, jefe de vigilancia de patios, y Ana Rosa Casas Martínez, dueña de una casa próxima a la cárcel que también era utilizada para almacenar elementos prohibidos.

Pero no solo era droga o celulares lo que ingresaba bajo la autorización expresa de Ceballos, de acuerdo con lo señalado por el ente acusador. También existen audios de interceptaciones que fueron presentados como pruebas en los que se negocia la entrada de personas en horarios no autorizados y el ingreso de trabajadoras sexuales.

En las pruebas de la Fiscalía figuran evidencias que aseguran que por permitir estas visitas extraordinarias les cobraban a los presos una suma cercana a los 500 mil pesos, si el interno estaba en el patio 3, o de 150 mil pesos, si el reo estaba en otro pabellón.

En el caso de Perdomo, director de La Picota, se le señaló de exigir dinero a José Bayron Piedrahita para permitirle ciertos beneficios en su celda del pabellón de extraditables de La Picota. En su momento, la Fiscalía reveló un video en el que se observa al entonces director reunido con un pariente de Piedrahita y recibiendo un sobre que, dijo la Fiscalía, contenía 20 millones de pesos fruto del soborno.

La acusación contra Perdomo ya fue radicada y se espera su llamado a juicio. Pero su situación jurídica podría enredarse ya que Martínez Neira anunció una nueva imputación en su contra por un caso similar al que protagonizó con el mencionado capo.

¿Sin salida?

 Como ya se dijo, la sobrepoblación es uno de los factores que favorece la corrupción. Por eso, en algún momento se pensó que la detención domiciliaria sería una de las soluciones. Sin embargo, allí también se han detectado irregularidades por parte de los detenidos. De esta medida actualmente se ven beneficiados 60.000 reos, pero la Fiscalía elaboró un estudio partiendo de una muestra aleatoria que incluyó a 782 presos.

“Una de las conclusiones es que 376 de los detenidos (casi la mitad) estaban evadidos, no han vivido ni residen en el domicilio reportado al Inpec o la dirección entregada no corresponde. Homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, receptación y hurto calificado y agravado son los delitos imputados a estas personas”, precisa el informe.

De las 144 visitas que se hicieron en Medellín, detectaron anomalías en 77 de ellas. En Cali descubrieron cinco inconsistencias en las 23 visitas. Se investiga si detrás de estas anomalías hay funcionarios involucrados.

La corrupción cabalga rampante en las celdas del país y tanto presos como funcionarios del Inpec podrían ser responsables de que esta práctica siga presente. Hay quienes aseguran que la educación y los programas de una vida digna en reclusión serían una verdadera salida para frenar este flagelo.

No obstante, esto dista mucho de que sea real ya que el 80% de los penales no tiene apoyo de docentes, el 42% carecen de aulas adecuadas para educación formal y el 60% no cuenta con los espacios para el desarrollo de cursos impartidos por el Sena. Estas cifras están consignadas en el más reciente diagnóstico de la situación carcelaria del país.