Viviendo al lado del ‘enemigo’

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El atroz asesinato de una adolescente de 16 años en la vereda Aparco de Ibagué, a manos de un interno de la cárcel de Picaleña, a quien el 26 de febrero se le otorgó un permiso de 72 horas de libertad, reavivó el debate sobre el riesgo al que están expuestas las personas que viven cerca del centro penitenciario.

Una semana después del crimen, la Policía Metropolitana, Sijín y servidores del Inpec, activaron las alarmas a causa de la fuga de dos presos que burlaron la seguridad del Coiba.

Estas y otras situaciones, mantienen a los pobladores de los barrios Picaleñita, Ciudadela Comfenalco, Praderas de Santa Rita, Los Tunjos, Villas de Gualará, Las Américas, junto a los asentamientos Milagro de Dios y Villa Prado, en una eterna zozobra.

 

Detalles

Aunque les tocó acostumbrarse a vivir como vecinos de los internos de la cárcel de Picaleña, los habitantes de los barrios aledaños al centro de reclusión dan cuenta de lo complicado que es llevar una vida tranquila.

Falencias en la comunicación celular, alto consumo de estupefacientes, trabajadoras sexuales en exhibición, excesivo ruido en horas de la madrugada, piropos obscenos desde las celdas, inseguridad ante la salida de presos y hasta problemas en la red de alcantarillado, que los conecta con el centro penitenciario, son algunas de las dificultades que sortean los residentes que tienen frontera con el Coiba de Picaleña.

“Vivo en esta zona desde hace 26 años y aunque muchas veces pensamos en abandonar el predio como consecuencia de estas problemáticas, nos es más difícil salir a pasar necesidades en otro lugar porque esta es nuestra casa.

A lo que más le tememos es a la fuga de presos, porque cuando eso pasa la guardia se alborota y si el recluso tiene armas, puede ocurrir hasta tiroteo. Ya estamos enseñados y sabemos que cuando hay una fuga, debemos encerrarnos para cuidarnos de que ingresen a la casa”, sostuvo Angie Paola Bernal, residente del barrio Picaleñita.

 

La voz de los líderes

Los presidentes de Junta de Acción Comunal, líderes de estos barrios, coinciden en que el ambiente no es el adecuado para vivir en familia, por lo que han solicitado mayor presencia policial y cámaras de seguridad para proteger a la ciudadanía.

“Uno creería que por la cercanía con una cárcel de máxima seguridad, se debería tener más presencia de las autoridades en la zona, pero no es así. Nos sentimos abandonados por la poca gestión en lo referente a las denuncias como el consumo de estupefacientes, hurtos y actividades obscenas que son ejercidas por mujeres, que los sábados, llegan a mostrar sus partes íntimas para concretar una visita conyugal con los reos.

De otra parte, en 2016 fueron aprobadas varias cámaras de seguridad a través de los recursos participativos, pero la Alcaldía no nos ha proporcionado ese parte de protección”, sostuvo Cristian Villas, presidente de JAC de Villas de Gualará. Por su parte, José Javier Castañeda Zuluaga, coordinador de obras de la JAC Tunjos 1 y 2, revelo que: “Las directivas del centro penitenciario no le ponen control a las mallas y por ahí es que los delincuentes aprovechan para lanzarle a los reclusos droga, celulares y otros elementos. Con caucheras es que se ejecutan este tipo de anomalías y aunque se informa a los cuadrantes y al Inpec, la acción no se ve y por eso es que las personas vienen a este sector a cometer esas fechorías”.

Este medio le muestra en detalle los problemas que alteran la tranquilidad de estos ciudadanos.

 

Fuga de presos

La última fuga de presos en el Coiba ocurrió el pasado 8 de marzo. En ese momento, se creyó que uno de los reos ingresó a una de las viviendas de la zona, donde al parecer se expenden estupefacientes. Sin embargo, la versión no se pudo confirmar. Lo que sí es claro para los habitantes, es que los operativos por fuga de presos son constantes en los alrededores.

El número de vecinos

Se conoció que al interior del Coiba, habrían alrededor de 5 mil 160 reclusos internados tanto en el pabellón antiguo, como en el nuevo, el cual empezó a operar desde octubre de 2017, con el aumento de 576 cupos.

Alcantarillado

Los residentes del barrio Los Tunjos sufrían por el rebose de las aguas residuales que provenían de la red sanitaria del Coiba. A las 6 de la mañana y 3 de la tarde, desfilaba el río de heces frente a las casas de este sector. El daño habría sido mitigado por el Ibal, pero no de forma definitiva, según los afectados.

 

Ciudadela Comfenalco

Con la instalación de unas antenas al interior del Coiba para impedir las llamadas telefónicas de los internos, la señal de los sectores aledaños quedó restringida. “Estamos incomunicados y ese no es el único problema. Cada vez que salimos a la zona verde a pasear a las mascotas o a tomar aire, los prisioneros gritan morbosidades a cuanta mujer ven, sin importar la edad. Es una situación incómoda porque ellos observan todos nuestros movimientos”, advirtió una ciudadana. 

 

Villas de Gualará

Cerca de 365 viviendas conforman el barrio Villas de Gualará, que en su mayoría, son habitadas por víctimas del conflicto armado. Este sector colinda con el barrio Los Tunjos y 20 metros de distancia lo separa de la última reja que protege al Coiba. Su respaldo en cuanto a seguridad, recae en una cámara de vigilancia ubicada en medio del asentamiento Milagro de Dios. La única instalada en los alrededores del centro carcelario. 

 

Picaleñita

En el barrio se ha impulsado el comercio gracias a las visitas que reciben los presos y a los estudiantes de la sede del Sena, ubicada a pocos metros de la cárcel. Sin embargo, el emprendimiento no puede esconder la realidad. “Los fines de semana se escucha mucho ruido desde las 2 de la mañana, porque llegan los buses que traen a los familiares de los presos que residen en otras partes del País. Las filas son extensas y de vez en cuando ocurren riñas”, sostuvo un morador del sector.

 

Milagro de Dios y Villa Prado

 Estos asentamientos conformados por unas 400 casas, están ubicados detrás de la penitenciaría. Su principal problemática, además de la precaria comunicación, estaría relacionada con el consumo de estupefacientes, el cual tendría relación directa con los reclusos de la cárcel que harían negocio con las bandas que van tomando fuerza en el sector. No obstante, los líderes de estas zonas luchan por la legalización de los predios y por anular el estigma que los ha catalogado como una zona peligrosa.

 

Praderas de Santa Rita

 La Alcaldía de Ibagué invierte más de cuatro mil millones de pesos en la adecuación de un megaparque que se construye a un lado de la cárcel. “Sin duda alguna será un gran escenario deportivo, pero también sabemos que los ojos de los presos estarán concentrados en morbosear a las mujeres que hagan uso del parque. Las cosas que gritan son de alto calibre y perturban la tranquilidad de cualquiera”, contó un residente del barrio. 

 

Los Tunjos:

 ‘La Oficina’ y ‘La Virgen’ son dos zonas verdes que son usadas para entablar comunicación entre los presos y el exterior. “Las mujeres llegan ahí para mostrar sus partes íntimas y exponen números, al parecer telefónicos, que serían usados por los presos para realizar llamadas extorsivas. Ellas también se exhiben para distraer a la guardia, mientras en otro punto están lanzando droga. Además concretan citas para la visita conyugal a la vista de los habitantes de este sector”, contó un ciudadano.

Credito
LAURA MARTÍNEZ - REDACCIÓN LOCAL

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