Diez familias del barrio Tolima Grande luchan en los estrados para no perder sus casas

HÉLMER PARRA - EL NUEVO DÍA
Un fallo de segunda instancia de 1997 sería la esperanza de 10 familias del barrio Tolima Grande para no perder sus casas. Los inmuebles ya fueron entregados a otras personas tras ser rematados.

La esperanza de 10 familias que viven hace 30 años en el barrio Tolima Grande para no perder sus casas, es un fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior de Ibagué – Tolima en 1997, donde se excluyó de un proceso ejecutivo al titular de los lotes donde residen las familias, y que impediría el embargo de los inmuebles que ya fueron rematados.

Por esta razón, la abogada representante de las familias afectadas, Sandra Patricia Buriticá González, se opuso al proceso del Juzgado 4 Civil Municipal que se iba a llevar a cabo el 18 de julio del presente año y que obligaba a las familias a entregar los bienes inmuebles. En este sentido Buriticá obtuvo el recurso de apelación ante el Tribunal Superior.

Para la profesional, se omitió la decisión de 1997 del Tribunal Superior en segunda instancia que desvinculó de un proceso ejecutorio al señor Eladio Díaz Lozano, quien figura como propietario de los lotes, impidiendo que sus bienes fueran embargados, bienes entre los que están los 10 lotes que ya fueron rematados, y en donde viven las familias afectadas.

De esta manera, las 10 familias acusan que los lotes no debieron haber sido embargados ni rematados, puesto que ellos son los dueños de estos, llevan viviendo allí 30 años, y ya tienen casas totalmente construidas.

A pesar de comprar los lotes, las escrituras seguían figurando a nombre de Eladio Díaz, quien en 1996 cuando inició el proceso de embargo en su contra buscaba escriturar los lotes a nombre de las familias, y así lo hizo saber en un comunicado a la opinión pública. Pero la decisión del Juzgado Primero del Circuito en primera instancia impidió este trámite.

 

Un proceso de 1994

El señor Mario Bolívar Gaitán en el año 1994 demandó a la Sociedad Ingeniera Civil e Hidráulica Inchi Ltda y a Eladio Díaz como persona natural, quien era el representante legal de dicha empresa, por unos dineros que adeudaban a Bolívar.

Dentro del proceso el Juzgado Primero Civil del Circuito en 1996 resolvió disponer el remate y el avalúo de los bienes embargados a Díaz, entre los cuales estaban 32 lotes del barrio Tolima Grande.

Respecto a este fallo, Buriticá explicó: “Desde la primera demanda formulada se solicitó medida de embargo de unos lotes que aparecían a nombre de Gustavo Eladio Díaz, eran 32 lotes en ese momento, posterior a ello, en el año 1996 sale la sentencia de primera instancia donde el Juez Primero Civil del Circuito de ese entonces ordenó que se pagaran esos dineros por parte de Ingeniera Civil y Gustavo Díaz al señor Bolívar”.

Posteriormente, el señor Gustavo Díaz con su apoderado apeló la decisión, y la Sala Civil del Tribunal del Tolima y los magistrados consideraron que el demandado había firmado como representante legal de Inchi, más no como persona natural. “Y era claro y evidente que no había adquirido responsabilidad de índole económico con Mario Bolívar para responder de su propio peculio con esas obligaciones”, agregó la licenciada.

Es así que las medidas cautelares de esta sentencia, de acuerdo con lo expresado por la apoderada de las familias y conforme a su interpretación del fallo de la Sala Civil del Tribunal del Tolima, deberían haber sido levantadas contra Díaz y continuar el proceso contra Inchi, anulándose el proceso de embargo de los 32 lotes del barrio Tolima Grande.

En el fallo de 1997 el Tribunal Superior del Distrito resolvió: “En cuanto a la ejecución de la demanda principal deberá continuar únicamente en contra de la Sociedad Ingeniera Civil e Hidráulica Inchi Ltda”.

 

Entre zozobra y esperanza

La comunidad compró el lote de tres hectáreas y media donde está el barrio, aproximadamente en el año 1986, a una familia de apellidos Patiño Mora, y allí se ubicaron 503 familias.

Norma Rodríguez ha vivido toda su vida en el barrio, pagó su lote, construyó su casa, y ha cancelado impuestos a lo largo de 25 años.

Sobre cómo se asentaron los habitantes, Rodríguez comentó: “Se formó una asociación para vivienda que entre todos en una asamblea escogimos el nombre de Adescom, con el fin de realizar el proyecto por autogestión y autoconstrucción (…) Nosotros para poder construir hacíamos rifas, bazares, trabajos de excavación, entre otras labores”.

Lucero Enith Rubio, quien también adquirió su lote en 1986, se refirió al por qué el señor Gustavo Eladio Díaz Lozano figuraba como propietario de los lotes, señalando que todo empezó por el despilfarro de los dineros que hacían los socios que presidían la junta directiva de Adescom en cabeza del gerente de la empresa Aldemar López Rivillas.

“Nosotros nos dimos cuenta que quienes estaban en la junta directiva de Adescom estaban vendiendo lo que nosotros habíamos comprado para construir las casas, y en las asambleas le pedíamos a Aldemar López que nos diera explicaciones, pero no respondía (…) Decidimos que no les íbamos a firmar las escrituras porque la junta de Adescom se estaba quedando con unos subsidios que nos daba el Inurbe a nombre nuestro y que ellos reclamaban”, acotó Rubio.

En medio de este conflicto, y ante la negativa de 32 familias de firmar dichas escrituras, Aldemar López, por razones que desconocen las familias escrituró los lotes a nombre de Eladio Díaz Lozano, quien era ingeniero contratista encargado de las obras de infraestructura de la Urbanización Tolima Grande.

Las dos personas ya fallecieron, pero el ingeniero Díaz en una carta dirigida a los socios de Adescom y a la opinión pública, aclaró: “Además de 30 lotes que están en mi poder y son de Adescom, bienes que entregaré inmediatamente a quién designe la autoridad competente y que puede contribuir a mitigar las dificultades de los beneficiarios de este programa”.

 

¿Qué sigue?

Mientras tanto las 10 familias de Tolima Grande están a la espera del pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior. Los habitantes compraron los lotes, pagaron a lo largo de los años el impuesto predial de mejora de sus viviendas, los servicios públicos llegan a su nombre, pero lo que han construido, por los malos manejos de externos, depende de una decisión judicial.

Sobre la situación, Buriticá concluyó: “Estamos dispuestos en tal caso a tutelar, pero yo sé que no va a ser necesaria esa instancia, es hacerle una simple ojeada al proceso y se darán cuenta que a lo largo del tiempo lo que se ha hecho es omitir el pronunciamiento de 1997 y se han cometido unos cuantos errores por esta omisión”.

Juan José Aguirre

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