Dejusticia, por ejemplo, expuso tres argumentos ante la Corte Constitucional, ente que dio órdenes para que todos los lineamientos para usar este químico estuvieran acorde a lo estipulado para cuidar el medio ambiente y la salud de los colombianos.

A juicio de la entidad, los requisitos que deben tener para usar el glifosato deben contar con “objetividad, imparcialidad y participación del proceso”, los cuales, para ellos, no se han cumplido.

A su juicio no hay certeza de la probabilidad y la magnitud del daño que puede causarse, y hay evidencia científica del daño potencial del uso del químico, por lo que persisten las condiciones que motivaron la aplicación del principio de precaución, de parte del Gobierno y de la Corte.

Por último, concluyeron que la aspersión aérea es el método más costoso económicamente, menos efectivo en el mediano y largo plazo para reducir las hectáreas de cultivos ilícitos y además tiene mayores efectos colaterales.

Por estas razones, dijo la entidad que solicitaban al Gobierno que se abstuviera de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato y al CNE que no autorice estas acciones.

“Por último, expresamos nuestro apoyo al fortalecimiento de las medidas de reducción de cultivos ilícitos con menores impactos negativos contra los derechos humanos y que son más eficientes en el mediano y largo plazo”, dijo Dejusticia.

“El Gobierno debería aprovechar la oportunidad y tomarse en serio el fortalecimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, no solo para dar una respuesta con enfoque de derechos humanos a la problemática de los cultivos ilícitos, sino para cumplir la palabra pactada con las familias que se acogieron al programa de sustitución”, aseguraron.