Luego de que el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y su equipo de abogados ayudaron a cuatro colombianos a librarse de la cadena perpetua en Qatar y fueran repatriados a Colombia a mediados de diciembre pasado, algunos internos recluidos en la cárcel Qingpu ubicada en Shanghai (China) solicitaron ayuda al Estado por las condiciones precarias en las que se encuentran.

Jhoan Sebastián Guerrero es uno de los siete connacionales que se encuentra en dicho penal desde 2011 pagando una condena de 25 años por el delito de narcotráfico. El hombre, quien tiene permiso de comunicarse una vez al mes con sus familiares puso de presente que en la próxima comunicación, que fue el pasado dos de enero, grabaran la llamada para dejar la denuncia pública.

La llamada la recibió una prima a través del Consul en Colombia. En la comunicación Guerrero dijo “hago uso de este medio debido a que me ha sido negada la oportunidad de dar a conocer la situación que se padece al interior de la cárcel”.

El hombre aseguró que las condiciones del centro penitenciario son “deplorables y van en contra de nuestros derechos humanos y la dignidad humana es pisoteada y vulnerada a diario”.

Guerrero afirmó que si bien en los centros de reclusión los internos deben realizar algunas labores como parte de la reinserción social, en Quingpu no es la excepción pero lo hacen de manera irregular.

“Somos obligados a trabajar en lugares ubicados dentro de la prisión, ocultos al público realizando labores de ensamble y empaques para compañías chinas y extranjeras como Zara y GAP, entre otras, que subcontratan a la cárcel para llevar a cabo estas tediosas tareas en condiciones infrahumanas”, dijo el preso.

Guerrero dejó de presente que en caso que los reclusos se rehusen a realizar tal trabajo se enfrentan a que les quiten los beneficios como rebaja de pena e incluso a recibir alimentos.

Sobre la atención médica al interior del centro penitenciario aseguró que es indebida, “al paciente le toca conseguirse su propia medicina debido que las autoridades no los proveen ni en los más de los extremos casos sin importar que la vida dependa de ello”.

El preso sacó a colación la situación que padece Francisco Javier Rondón, quien es colombiano y sobreviviente de cáncer de testículo. Según el reporte, en medio de su reclusión ha presentado fuerte dolor estomacal que le fue diagnosticado nuevamente como cáncer.

Guerrero expuso que para que le tomaran los exámenes y le diagnosticaran la enfermedad fue necesario enfrentar una huelga de hambre. En julio pasado le confirmaron que padecía la enfermedad y en noviembre recibió la primer quimioterapia.

Francisco quien también hizo llegar información a Colombia para que se conociera su situación señaló, “me estoy muriendo de cáncer, esa es la verraca realidad, debido a la negligencia carcelaria de Quingpu sumadas a la indolencia y el silencio cómplice del Gobierno colombiano”.

Rondón dijo que responsabilizaba al doctor de la prisión sobre su deterioro en la salud, además del oficial que ha estado a cargo de su celda. El hombre oriundo del Valle del Cauca señaló que por su condición de sobreviviente de cáncer debía estar en constantes chequeos para evitar la aparición de la enfermedad, sin embargo, esto no pudo ser posible dado que en el centro carcelario ya le fue diagnosticada tal anomalía.

El caso de Francisco se suma al de Luis Leoncio Pérez, oriundo de Pereira condenado por el mismo delito, recluido en el mismo penal, y quien hoy padece complicaciones de vejiga y próstata denunció que debido a la falta de tratamiento “le han ocasionado una dolorosa y peligrosa infección en el conducto urinario”.

Guerrero quien expuso la situación de sus compañeros, dijo que Pérez debía solventarse su propio medicamento con el poco dinero que le logra enviar su familia.

La comunicación

Además de la salud, Guerrero dijo que la falta de comunicación también es una de las más grandes adversidades. “Solo tenemos permitidas dos llamadas al mes que duran seis minutos y que valen 10 dólares, es decir, unos 29 mil pesos colombianos. Es imposible comunicarnos por medio de correspondencia ya que pese a que el consulado recoja las cartas estas nunca llegan a Colombia”.

Guerrero añadió que todos los connacionales que están pagando condena en Shanghai son de escasos recursos y no tienen la manera de recibir una visita. Lo que más le preocupa es que “algunos compañeros por su avanzada edad morirán sin volver a ver a sus esposas, hijos y seres queridos”.

El hombre que usó el tiempo de su llamada para hacer la denuncia pública aseguró que “la mayoría de personas consideran que estamos pagando por los errores que hemos cometido, pero creo que tenemos derecho a una segunda oportunidad para lograr que el Congreso y la Corte Constitucional aprueben el tratado de repatriación entre Colombia y China”.

El tratado de repatriación

 En julio pasado, durante su visita diplomática a China, el presidente Iván Duque destacó la firma del tratado de repatriación de presos entre Colombia y la República Popular China.

El acuerdo, que tras la firma deberá ser tramitado en el Congreso, establece que los colombianos condenados en el país asiático podrían regresar a pagar sus penas en Colombia. Esto, según el presidente, “teniendo en cuenta condiciones de carácter humanitario”.

El requisito para que aplique la repatriación, según explicó el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, es que tanto la pena como el delito de cada detenido existan en ambos países.

Según establece el tratado, este aplicaría para condenados colombianos por delitos como narcotráfico, el cual es castigado en China con la cadena perpetua. Además, Duque informó del interés del presidente chino Xi Jing Ping en la posibilidad de un tratado de extradición entre ambos países.

En septiembre pasado, el Viceministro de Justicia de la República Popular China, Yuan Shuhong, expresó la voluntad del gobierno de su país de avanzar en el Tratado para el Traslado de Personas Condenadas.