El proceso de paz, que cumple cuatro años, luego de la firma final del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Farc, ha dejado grandes retos de implementación, prueba de ello es la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene la responsabilidad de juzgar los delitos de conflicto, no solo en los excombatientes del grupo guerrillero, sino de miembros de la Fuerza Pública y terceros vinculados en los mismos.

En un balance de los cuatro años después de la firma Colprensa habló con el nuevo presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, quien aseguró que los retos de la justicia transicional son entregar verdad, justicia y reparación a víctimas.

Además, habló sobre los detractores del tribunal de paz, los macroprocesos que tiene, los avances de los mismos, la relación con la Fiscalía y las decisiones venideras en cada uno de los procedimientos jurídicos que se surten en la justicia transicional.

- Hace poco llegó a la presidencia del tribunal de paz, pero ya hacía parte del equipo. ¿Cuáles son los retos que tiene la jurisdicción?

Los retos que enfrenta la jurisdicción tienen que ver con responder la demanda de justicia de las víctimas del conflicto armado interno.

Precisamente la JEP es la constitución llamada a identificar a los máximos responsables, con el objeto de que ellos rindan cuentas ante las víctimas, y lo hacen a través de los procedimientos previstos en las normas, de modo que, el mayor desafío es que esa justicia transicional permita que las víctimas sean redignificadas y que los comparecientes tengan la oportunidad de cimentar la paz en el país a través de sus aportes plenos de verdad.

- Para nadie es un secreto que los detractores de la JEP prácticamente quieren acabar con ella. ¿Qué decirles como presidente?

La inmensa mayoría de los colombianos y, particularmente, las víctimas cuyo número excede los ocho millones en Colombia, esperan que la JEP pueda ponerle término a la larguísima impunidad que los crímenes del sistema y graves infracciones al Derechos Internacional Humanitario han tenido en el pasado. Los detractores de la JEP son los mismos detractores del proceso de paz.

Colombia ya no puede aceptar esa invitación de devolvernos al pasado, un pasado de impunidad, un pasado de silencio, por el contrario, cuando el tren de justicia comienza a develar la verdad del conflicto, se escuchan voces temerosas de aquellos que le temen a la verdad.

La JEP es la paz, hay una minoría que tiene medios de comunicación, tiene un relativo poder político y sobre todo prejuicios, si esa minoría conoce lo que hace la JEP también se unirían. Me propongo tratar de convencer a esa minoría para que se unan a la paz.

- La mayor crítica de los detractores es que los exjefes de las Farc hoy estén ocupando plazas en el Congreso, ¿ellos también tendrán condenas ejemplarizantes?

Todos los exmiembros de las Farc, todos las personas de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto e incurrido en infracciones al Derecho Penal Internacional, son objeto de sanción por parte de la JEP, todos, sin excepción, buscando a los máximos responsables.

En el caso de exmiembros de las Farc, la dejación de las armas hace parte del proceso de paz, que consistía en dejar de lado el conflicto armado interno, y en ese caso se pactó que a través del Congreso se busque transformación del país, entonces, personas que están hoy sentadas en el Congreso deben asumir un proceso democrático.

Ellos son colombianos y también están sometidos a los procedimientos de la JEP, que buscan ponerle fin a la verdad. Ellos tienen que aportar toda la verdad y serán objeto de sanciones si no aportan verdad, podrían exponerse a sanciones privativas de la libertad hasta con 20 años.

- El tribunal de paz ha sido criticado porque no ha sido “eficaz” en sus decisiones, no se conocen condenas aún, ¿los autos emitidos son un paso para llegar a sentencias que esperan los colombianos?

La JEP se instaló hace tres años, muchas normas importantes de la JEP fueron objetadas por el presidente de la República, y eso demoró los procedimientos. Tan pronto se aprobó la ley estatutaria se inició la labor de las salas de justicia, que tienen que garantizar el debido proceso, verificar la información, eso sin contar que los jueces ordinarios, la Fiscalía, la Justicia Penal Militar tenía que enviarle todos los expedientes para que la JEP pudiera conocer qué pasó en el conflicto.

La JEP no analiza, ni examina un delito individualmente como lo hacen en la justicia ordinaria, acá se trata de delitos de sistema que tiene miles de víctimas e infracciones masivas, frente a estos delitos se mantienen una metodología muy distinta.

En los escasos meses de funcionamiento de la JEP, se han abierto siete macrocasos, en los cuales se han reconocido más de 300.000 víctimas, se han recibido versiones, se ha reconocido verdad. Se está avanzando. Hay resultados para mostrarle al país y van a venir resultados mayores, inclusive, con el paso del tiempo, porque trabajamos con enorme capacidad, no solo se recibe verdad sino que se contrasta con las víctimas.

- Menciona un tema importante, los macrocasos, ¿cuáles son y cómo se están moviendo?

Son siete, la retención ilegal de personas, la priorización de la situación en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en Nariño; las muertes ilegítimamente dadas como bajas, la situación territorial en el Urabá, la priorización de la situación en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la victimización de los miembro de la Unión Patriótica y el reclutamiento de menores.

Los más avanzados son el caso de secuestro, es decir la retención ilegal de personas, y los falsos positivos, que son las muertes ilegítimas. Habrá que determinar cuáles son las decisiones para que se pueda conocer cuál es el trámite.

La primera decisión de fondo son los autos de determinación y conclusión, ahí van a determinar hechos conductas y personas que pueden ser llamadas a rendir versión, después de esto el país va a ver como concurren a la JEP a aceptar o no la responsabilidad.

Lo que ellos digan será considerado por las víctimas, luego se hará la contrastación por parte la Sala de Reconocimiento, al mismo tiempo se hace lo propio con los otros macrocasos.

Esto se hace para determinar a los máximos responsables y eso se conocerá a través de las resoluciones de conclusión y esa es la tarea de los próximos dos años.

Tenemos un término de dos años para evacuar y desarrollar en diferentes actos procesales de fondo los macrocasos de más escenarios de responsabilidad. El plazo de dos años no está estipulado, es parte de nuestro plan estratégico.

Nosotros sabemos que el país necesita resultados y estamos trabajando arduamente para hacerlo, y evacuar esta primera gran base de resolución de conclusiones. 

- Si bien los falsos positivos y el secuestro han sido los delitos más recurrentes durante el conflicto, llama la atención que los asesinatos a líderes políticos también eran parte de esa dinámica, ahora el tribunal de paz tiene la tarea de investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado...

Ese es un caso que está conociendo la Sala de Reconocimiento y por consiguiente ella va a tener que recibir declaraciones que van a ser objeto de contrastación.

De manera general, el país no puede sorprenderse de que el objeto de ese sistema, que ya está incorporado en la constitución, es que los comparecientes vinculados en crímenes revelen lo que han dicho.

La JEP es un órgano judicial con base en pruebas. La idea es que los comparecientes digan toda la verdad, sean francos en eso. Pero, no sé porqué el país está sorprendido de que los comparecientes van a decir la verdad y van a confesar.

- ¿Qué pasa si la jurisdicción no encuentra responsables en el caso de Gómez Hurtado?

Hay varias situaciones, si los comparecientes no aportan verdad o incurren en falsedades se les inicia incidentes de incumplimiento, que pueden llevar a que pierdan todos los beneficios e incluso que puedan ser expulsados de la JEP.

La actividad de la Fiscalía seguirá con sus funciones en principio hasta que la JEP asuma la competencia, por lo que tiene la responsabilidad de adelantar sus labores de investigación. En ese sentido se está garantizando la no impunidad por vía de la JEP y del ente acusador.

- Menciona a la justicia ordinaria, ¿cómo ha sido la relación entre la Fiscalía y la JEP?

La relación en este momento de la JEP con la Fiscalía son relaciones de colaboración y mutuo respeto. Entiendo cuáles son sus competencias, naturalmente, desde la JEP tendrá toda la colaboración y esperamos que sea viceversa. La colaboración no es una actitud generosa sino que reposa por orden constitucional.

Hemos señalado que situaciones como las de ‘Jesús Santrich’ no se pueden volver a repetir. A veces ocurren conflictos de competencia, que es totalmente normal.

- El tribunal de paz se mueve con base en pruebas y contrastación y si bien no ha existido una decisión macro, ¿qué decir de las determinaciones tomadas desde que empezó a funcionar la JEP?

Las medidas cautelares son acciones tendientes a asegurar pruebas, testigos, testimonios que van a ser necesarios cuando se vayan a juzgar. La medida cautelar es una medida previa que asegura que los resultados no vayan a ser ineficaces.

Al lado de las medidas cautelares, las personas que son llamadas a la JEP como comparecientes deben rendir versión, tienen que exponer la verdad en una manera exhaustiva, y nosotros tenemos que contrastar la verdad. Precisamente, los resultados de la JEP muy temprano en este momento, es que miembros de la Fuerza Pública han aportado a la verdad sobre casos de falsos positivos y para efectos de contrastación han tenido que acudir con funcionarios de la JEP a los lugares donde dicen -aquí están enterradas estas personas-. Las exhumaciones, por ejemplo, son pasos individuales pero que tienen reparación colectiva.