El Reino Unido acaba de aprobar la ‘snoopers charter’, una ley llamada ‘Investigatory Powers Bill’, que legaliza varios programas del Gobierno para revisar y almacenar los datos de lo que hacen sus ciudadanos en Internet.

Todos los sitios de Internet a los que accedan los ciudadanos de Inglaterra quedarán registrados en bases de datos de los proveedores de servicios de Internet del país europeo.

Es decir: las empresas que ofrecen servicios de conexión a la Red en Inglaterra tendrán que guardar durante 12 meses un registro de los portales a los que accedió cada uno de sus clientes.

Espionaje sin precedentes

Agencias del Gobierno podrán obtener acceso a estos datos sin mediación de órdenes judiciales.

Los recolectores de impuestos del país también tendrán acceso a estos datos con mediación de una orden gubernamental.

Agencias de espionaje de Inglaterra podrán también revisar datos de una persona particular, incluyendo transacciones bancarias e información de viajes. Todos los ciudadanos de Inglaterra tendrán su información personal almacenada y a disposición del Gobierno durante 12 meses.

“No hay ninguna otra democracia en el mundo, y quizá ningún otro país en el mundo, haciendo esto”, afirma Eric King, defensor de la privacidad y exdirector del grupo de defensa de los derechos humanos ‘Don’t spy on us’.

Libertad de expresión en juego

King y otros defensores de los derechos de los internautas argumentan que la forma en que las personas se comunican cambiará fundamentalmente cuando programas como este se impongan en todos los países.

La libertad de expresión está en juego para millones de personas que tendrán registradas sus acciones en la Red.

Otros países, opina King, podrían copiar el modelo británico e implementar leyes similares para espiar a sus ciudadanos. Regímenes autoritarios serían los primeros, pero no los últimos, en aprobar leyes de espionaje digital.

Incluso, Estados Unidos podría implementar medidas similares. El gobierno de Barak Obama fue laxo en el mejor de los casos con estas estrategias de vigilancia excesiva adelantadas por la NSA, y el presidente electo Donald Trump se ha mostrado inclinado a reforzarlas.

Problema para Latinoamérica

En América Latina proyectos como “Ojos que no parpadean: El estado de la vigilancia en América Latina” buscan evitar que la misma situación se vuelva la norma.

El proyecto es adelantado por la organización de defensa de los derechos de los internautas EFF y otras organizaciones, como Red en Defensa de los Derechos Digitales, Fundación Karisma, TEDIC, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Hiperderecho, Derechos Digitales, InternetLab, y Fundación Acceso.

Uno de los mayores problemas con la vigilancia por parte de los Estados modernos es que el Gobierno a menudo burla las reglas establecidas para limitar su capacidad de revisión y almacenamiento de datos.

La EFF propone precisamente que esta cultura de secreto alrededor de los programas de vigilancia se acabe, y que los gobiernos se vuelvan más transparentes con los ciudadanos en cuanto a la información que recolectan y que revisan.

La forma de lograrlo sería a través de participación ciudadana, con ayuda de los jueces y la rama judicial, que garanticen que se cumplan las leyes que prohíben a los gobiernos espiar a sus ciudadanos.