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Según el oficio firmado por el titular de la cartera, Diego Herrán, la decisión se tomó tras la información que allegó Carlos Alberto Silva, quien solicitó la revocatoria del acto administrativo, argumentando que existía una diferencia aritmética en los componentes de obra y consultoría.
“Queriendo significar que se le está otorgando a los oferentes un valor diferencial como tope para presentar sus ofertas que irían en detrimento de los intereses económicos del Municipio y un incumplimiento a su deber objetivo de publicar de manera clara y concreta los valores que componen el presupuesto oficial. Así las cosas, la entidad obró al publicar un presupuesto oficial en contra de normas que regulan específicamente el tema y coloca en riesgo en que no se garantice el principio de economía que los servidores públicos están llamados a garantizar”, reseñaba la denuncia.
En el mismo sentido se reconoció que la Alcaldía expuso su error; sin embargo, tampoco lo hizo de la manera en que se requería, lo que en algún punto pudo limitar la participación de oferentes.
Tras la situación, la Secretaría acotó que en protección del ordenamiento jurídico y pese a lo que se avanzó en el proceso de selección no se podía pasar por alto la modificación al pliego en cuanto a los valores de los ítem y cantidades de obra, asimismo se mostró la necesidad de ajustar las características técnicas y condiciones del pliego, “para determinar con absoluta claridad las cantidades de obra que se deben contratar y los respectivos valores que obedezcan a la realidad sin que haya lugar a dudas o confusión en desmedro del interés de los participantes e interesados del proceso”, reseñó la entidad.
Frente a los tres oferentes que ya habían allegado sus propuestas se dijo que no se efectuó una situación de carácter particular, pues no se había hecho la apertura de la propuesta económica y se ordenó hacer la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.
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