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La medida permitirá que oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) consideren las solicitudes de asilo de ciertos solicitantes que ingresaron por la frontera sur del país, tarea que ha sido exclusiva de jueces migratorios.
Ana Ortega, estratega de abogacía para la protección de refugiados de Human Rights First, asegura que la regla tiene “cosas buenas y cosas malas”. Aplaude el hecho de que un oficial de asilo de USCIS sea el que realice la entrevista sobre miedo creíble a los solicitantes y establezca si el extranjero tiene un caso viable o no.
Pero la mayor preocupación es el poco tiempo que tendrá el solicitante para exponer por primera vez su caso, lo que puede afectar el derecho al debido proceso.
“Estos solicitantes de asilo van a ser entrevistados poco tiempo después de ser detenidos y creemos que no les va a dar tiempo para contactar y obtener una representación legal”, advirtió Ortega. A esto se suma que la mayoría desconoce el procedimiento y no tiene toda la información para exponer su caso.
Carrera contrarreloj
El panorama tampoco es muy halagüeño para aquellos que logren pasar la primera entrevista. Ortega indica que estos emprenden una “carrera contrarreloj” para la que no están listos.
“Solo cuentan con 45 días para preparar los casos después que son puestos en libertad y deben presentar la entrevista final de asilo”, explica.
Incluso la regla ha puesto a correr a estos oficiales de USCIS que tendrán tan solo 60 días para emitir una decisión. “La línea de tiempo es muy acelerada”, insiste Ortega.
El Gobierno del demócrata Joe Biden ha defendido que la medida intenta descongestionar el atasco de estos procesos, tanto en USCIS como en las cortes de inmigración. Las personas que reúnan los requisitos para el asilo recibirán protección “más rápidamente”, expresó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, la implementación será gradual, comenzando esta semana con un pequeño número bajo custodia en dos centros de detención en Texas.
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