Qué difícil escribir hoy esta columna. Aunque fui uno de los 26 parlamentarios que votaron negativamente la Reforma a la Justicia y que a lo largo de ocho debates elevé cuestionamientos sobre quién era el beneficiario final de las reformas y dónde estaban los ciudadanos afectados; hago parte de un colectivo que hoy quiere enmendar su acción. El Congreso de la República, consciente de sus responsabilidades y atento a la voz de quienes en zozobra han denunciado los peligros y las amenazas de la entrada en vigencia de la Reforma, ha decidido votar afirmativamente el archivo total y definitivo del proyecto de acto legislativo.

Este no es un momento para la indignación de congresistas. Ahora, ya no importa quiénes votaron a favor y quiénes en contra, el Parlamento en pleno se enfrenta al rechazo de la opinión de los ciudadanos, al rechazo de quienes nos han elegido. No podemos sustraernos al clamor popular. Ante todo, nos debemos a quienes nos han entregado su confianza, nos debemos a quienes nos han designado como sus representantes, no a nuestros partidos, ni a intereses personales. Por esto, es necesario asumir la responsabilidad colectiva y recuperar ese título honroso de ser “servidores públicos”, así como reconocer qué sucedió y enmendarlo, más allá de asumir posiciones de indignación frente al resultado final de la reforma.

No podemos pasar de agache ni endilgar toda la responsabilidad a un gobierno que la asume con la renuncia de uno de sus ministros. Aunque es importante recordar que Germán Vargas Lleras ha dejado solo a Juan Carlos Esguerra. Finalmente él, como Ministro del Interior y de Justicia, radicó el proyecto inicial y lo discutió con los magistrados desde el principio. Lo que propongo es hacer público el reconocimiento del error cometido. De esta manera, me acojo a la propuesta elevada por el senador Luis Carlos Avellaneda, de conformar una comisión que redacte un comunicado institucional por parte del Congreso, en donde se reconozca las acciones cometidas y se ofrezca perdón a todos los colombianos. Como acto de reparación, sugiero que colectivamente nos declararemos impedidos para volver a estudiar en este periodo, un proyecto de reforma a la justicia hasta tanto no recupere el Congreso, la confianza para legislar sobre esta materia y se renueve el mandato del constituyente primario.

Adicionalmente, considero que es necesario enviar un mensaje a los colombianos de nuestro compromiso de rectificar los errores. Por tal razón, respaldo la iniciativa del Partido Liberal, de conformar una comisión de la verdad que investigue y aclare la conducta de sus miembros, y que lleve sus hallazgos hasta las últimas consecuencias, con el fin de que el país conozca lo sucedido y se asuma la responsabilidad política debida.

Esta constancia, que dejo ante ustedes a través de esta columna, la dejé frente a mis colegas el pasado jueves 28 de junio, cuando, en mi calidad de miembro de la comisión accidental del Congreso, propuse admitir las objeciones de inconveniencia general que presentó el Gobierno a la Reforma de la administración de justicia.

*Senador