El famoso “yo no leí la conciliación” que fue aceptada por varios congresistas y que ha puesto a la opinión pública con los pelos de punta, tiene una explicación legal y es producto del sistema legislativo que Colombia ha adoptado.

Miremos lo siguiente: El Poder legislativo en Colombia, tiene un sistema bicameral, que suma en total 268 Congresistas (102 Senadores y 166 Representantes) repartidos en 7 Comisiones Constitucionales y que operan de manera conjunta en dos plenarias. En promedio en una legislatura se radican 500 Proyectos de Ley. Esto conlleva un volumen amplio tanto de representatividad, intereses, temas y complejos trámites. De entrada el panorama es abrumador.

Por esta razón, ante el numero de representatividad y de distintas visiones que comporta un Congreso como el colombiano, nuestro trámite legislativo, pone la confianza de las iniciativas en los llamados ponentes, que son los encargados de estudiar a fondo las iniciativa y en las comisiones de donde se supone nacen los debates técnicos por ser los conocedores de la temática. En la misma línea, aparecen figuras como el ‘pupitrazo’, las omisiones de lecturas de articulado, la posibilidad que las plenarias y comisiones sean preguntadas sobre si aprueban varios elementos de los proyectos en bloque, entre otras. Estos mecanismos implican, como es obvio, una confianza en quienes conocen las delgadas filigranas de las iniciativas, lo cual obviamente no exime la responsabilidad de los congresistas de conocerlas, pero sin las cuales el trámite legislativo sería tan extenso que nunca podría concluirse.

Es decir, nuestro esquema legislativo, busca un trámite que si bien no es sencillo, fluya con cierta velocidad y que premia legislaturas que aprueban gran cantidad de normas, a diferencia de otros esquemas que buscan más un debate detallado sobre cada iniciativa pero que sacrifican el volumen de leyes.

En la Reforma a la Justicia y más en el apresurado trámite de la conciliación, primó ese esquema que se ha construido en la práctica legislativa. Ahora el Congreso, víctima de sus propias normas, deberá revisar La Ley 5 de 1992 para que de ahora en adelante tengan el tiempo prudente de leer lo que votan.