Desde la ya lejana época en que se adjudicó la concesión para la construcción y operación de esta vía, relativamente corta, en EL NUEVO DÍA se han escrito multitud de cuartillas sobre el tema. Desde editoriales moderadamente optimistas y otros francamente pesimistas, hasta informes y noticias sobre las vicisitudes de este contrato, ejemplo de lo que el estado no debe hacer.

El gobierno nacional (con plata de estupefacientes) le prestó dinero a uno de los concesionados, los negativamente famosos Nule, para que cumplieran sus obligaciones contractuales. Ni las cumplieron ni utilizaron el dinero en la vía. Pero, la pregunta que surge es ¿si se da una vía en concesión, porque el Estado no tiene con qué construirla de manera directa, por qué este termina financiando a quien ha debido poner la plata para construirla y lucrarse (lícitamente, por supuesto) con el recaudo de los peajes a lo largo de muchos años? Este mal no se limita a esta concesión. Es de antología lo que a finales del siglo pasado se afirmaba en las oficinas de concesiones del ministerio cuando, recién iniciada la concesión Espinal-Neiva (graciosamente ampliada a Girardot), admirados los funcionarios mencionaban la habilidad financiera del concesionario, quien hasta el momento había ejecutado las obras con lo recaudado en peajes y sin poner un peso de su bolsillo. En esas condiciones, ¿para qué concesiones?

Una vía en concesión se debe construir muy rápidamente con el dinero del concesionario (y la ingeniería colombiana es capaz de hacerlo como se nota en una doble calzada ubicada totalmente en el Tolima), se debe comenzar a cobrar los peajes una vez se dé al servicio en forma completa y el concesionario debe cobrar esos peajes por el tiempo necesario para recuperar su inversión y obtener una utilidad. Así de sencillo.

Los usuarios de la vía a Bogotá llevamos, ya, como ocho años pagando los onerosos peajes correspondientes a una carretera de altísimas especificaciones, pero seguimos sufriendo los trancones y atrasos que se producen en un corredor saturado de tráfico, en obra, y todavía con bajas especificaciones. Construyeron un túnel de dos carriles para que funcione en un sentido, pero con cierta frecuencia se encuentra que uno de los carriles está fuera de uso sin razón aparente, lo que lleva a que el tráfico fluya a la velocidad del camión más lento y no a la velocidad indicada para esa vía.

Las autoridades afirman por todos los medios que, ¡ahora sí!, las obras serán terminadas en corto tiempo. Y han señalado como plazo el de la mitad del año entrante. La verdad, es que si tomamos el promedio de tiempo gastado en lo ejecutado, se necesitarán dos años para que completen lo que falta. Si en el INCO y en Mintransporte aplican los correctivos y aprietan (de verdad, no con discursos) a los concesionarios, estos deberían terminar pronto. ¿Le creemos al gobierno que para las fiestas regionales, los bogotanos podrán viajar al Tolima por una vía completa y cómoda? Como dicen en Medellín: ¡Viéndolo!