La solución al gravísimo problema del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe no es sólo de la empresa Electricaribe sino también de la comunidad, del sector empresarial público y privado, así como de las entidades gubernamentales, especialmente las del control político, fiscal y administrativo, tanto en el nivel regional como el nacional.

El informe de EL HERALDO, en su edición del domingo 21 de octubre del año en curso, bajo la orientación de la periodista Leonor De la Cruz es completo porque recoge las quejas de los usuarios de los diferentes sectores de la región así como el pronunciamiento de la empresa Electricaribe. En los primeros, se revela el disparo del valor de la facturación, que es el gran negocio de esa empresa, los daños en los electrodomésticos, los apagones continuos y sin previo aviso; por el otro, la respuesta de un gerente  sobre el acuerdo de mejoramiento suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos, documento que no conocemos ni sabemos cómo se está evaluando su cumplimiento. 

Lo único cierto, tal como lo expresa en el citado informe periodístico, la Red Caribe de Usuarios de los Servicios Públicos, es la mala calidad en la prestación de ese servicio y la falta de una respuesta efectiva por parte Gas Natural Fenosa que es la patrona de Electricaribe.

El problema del mal servicio que presta esta empresa Electricaribe no es nuevo y cada día empeora, sin que tengamos la acción efectiva de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que tiene la obligación de ejercer el control, la inspección y vigilancia de estas entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, según lo indica el artículo 75 de la Ley 142 de 1994, así como las de evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de esas empresas, y las de imponer las sanciones según la naturaleza y la gravedad de las faltas, como la toma de posesión o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias.

El artículo 58 de la citada ley establece que “cuando quienes prestan servicios públicos incumplan de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella, ésta podrá ordenar la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa de los cargos que ocupan”. Y esta es la medida que el pueblo de la Región Caribe está esperando, desde hace mucho tiempo,  de la Superintendencia de Servicios Públicos. Nada de paños tibios y de acuerdos por debajo de la mesa, para seguirle dándole palo al pueblo.

La medida efectiva es la toma de posesión  de la empresa Electricaribe, como medida preventiva, y a fin de preservar el orden público y permitir el desarrollo  económico de una región que como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena van a convertirse en los principales centros de desarrollo del país, por ser las puertas de los TLC.

Esta medida se puede implementar a través de un mecanismo jurídico como es la Acción de Cumplimiento, consagrada en la Ley 393 de 1997. Basta entonces, que los señores Personeros Municipales de los siete Departamentos de la Región Caribe, compilen y clasifiquen las quejas recibidas en los dos últimos años de sus respectivos municipios, y por Departamentos, organicen las  pruebas de la prestación del pésimo servicio de energía eléctrica, y bajo la orientación del Personero de las ciudades capitales, presentan las acciones ante un juzgado administrativo del circuito de cada capital. Acabemos ya con esta empresa de papel.