Las cifras sobre fuerza laboral y educación para el año 2012, recientemente presentadas por el Dane, nos permiten extraer algunas conclusiones importantes. 

En primer lugar, hay una tendencia al incremento en el nivel de formación de los trabajadores, lo que se hace evidente en que la Población Económicamente Activa (PEA) con educación superior alcanzó el 18.6 por ciento en el 2012, frente al 17.7 por ciento en el 2011 y al 17 por ciento del 2010. No obstante, la proporción de fuerza laboral sin ningún título académico es aún muy elevada, 51.5 por ciento. 

Las cifras también nos muestran que ante un mayor nivel de educación hay una mayor probabilidad de acceder a un empleo, ya que de los trabajadores sin ningún título académico solo el 50 por ciento se encontraban ocupados en el 2012, mientras que de los técnicos o tecnólogos el 76,4 por ciento y de los profesionales universitarios y las personas con postgrado el 80,3 por ciento y 86,5 por ciento, respectivamente. 

Si a lo anterior sumamos los datos presentados por ‘Compite’ en el Informe Nacional de Competitividad, que muestran que la informalidad se va reduciendo a medida que aumenta el nivel educativo (la tasa de informalidad de la población sin ningún título es de 88.5 por ciento, mientras que para los que tienen educación secundaria es de 57.5 por ciento y para quienes tienen educación superior es de 23.4 por ciento), podemos ver que el mercado laboral formal valora cada vez más el capital humano cualificado, con competencias más avanzadas. 

Entonces, un nivel de educación más alto facilita a los trabajadores acceder a un empleo de calidad y por lo tanto a mayores niveles de bienestar; y a esto se suma que tener trabajadores con un significativo capital humano en la economía permite aumentar el valor agregado y la innovación. 

Definitivamente la educación es un elemento determinante del desarrollo, pero además tiene que ser una educación de calidad, integral, orientada tanto a la generación de conocimiento, como a la aplicación del mismo, buscando contribuir a la competitividad y al desarrollo del aparato productivo. No obstante, este es un aspecto en el que evidentemente hay fallas en el país, como lo revela el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, en el que en el pilar de educación superior y entrenamiento, Colombia ocupa el puesto 67 entre 144 países, siendo superado por países de la región como Argentina y Chile. Por lo tanto, el sistema educativo superior no está generando mano de obra con un alto nivel de competitividad. 

Por último, y a propósito de la discusión del tema agrario en los diálogos de paz, uno de los grandes problemas, que también evidencia las cifras presentadas por el Dane, es que del total de trabajadores técnicos o tecnólogos solo el 1.8 por ciento se encuentra ocupado en el sector agropecuario y forestal, y del total de empleados con título universitario o con posgrado solo el 1.4 por ciento hace parte de este sector. De hecho el 88.2 por ciento de los ocupados en el sector agropecuario no cuentan con ningún título. 

Bajo este panorama se requieren, con urgencia, políticas que permitan incrementar la fuerza laboral con mayores niveles de preparación para garantizar empleos de calidad dentro de la formalidad y remuneraciones más elevadas que permitan la movilidad social. De igual forma, se necesita mejorar la calidad de la educación, para que efectivamente contribuya al aumento de la innovación y la competitividad en la economía. Además, es fundamental volver la mirada al campo, incentivar a los jóvenes a formarse profesionalmente en temas agrarios para que al complementar los saberes campesinos puedan darle un impulso al desarrollo rural.