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Para la derecha, la única opción de alcanzar la paz, partía de derrotar militarmente a las Farc. Nada de perdón y olvido. Los derrotados, al cementerio o la cárcel. De ahí, la tesis de volver trizas dichos acuerdos, y las instancias, organismos y políticas que surgieron de esa negociación. En especial, la JEP a la que consideran una especie de organismo demoniaco de impunidad.
Como podemos observar, se está presentando una pedagógica confrontación democrática, que revive la considerada desueta polarización entre derecha e izquierda. En aspectos actuales, por ejemplo, la derecha pretende limitar los alcances jurídicos de las altas Cortes, y a través de una hipotética y espuria constituyente, concentrarlas en un sólo organismo judicial: una “corte única”. Y, de carambola a tres bandas, reformar la justicia.
Uno de sus sabios impulsores, el próspero ganadero José Félix Lafaurie, recomienda crear una “rama” que investigue el poder judicial, por cuanto según el experto en vacas lecheras, “es el único poder que no tiene quien lo haga”.
Tratadistas que si conocen y saben de estos asuntos, mencionan como fundamentales en la reforma judicial, una serie de estudiadas propuestas, entre las cuales se encuentran: mejorar el tema de la eficacia de la justicia; garantizar autonomía e independencia, al margen de intereses partidistas o de otra índole, en la selección de altos dignatarios del Estado; abordar el tema de la tutela contra sentencias, el gobierno de los jueces, la politización y congestión, entre otras consideraciones.
Jaime Arrubla, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, anota sabiamente que no se puede concebir la paz ni la seguridad ciudadana, sin una justicia sólida a la que vislumbra con una serie de especiales y acordes características: autónoma, independiente, plural, solidaria, organizada, moderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los justiciables.
Igualmente –como lo menciona correctamente el Profesor Federico Suárez Ricaurte– cambiar todo el sistema de elección de magistradas y magistrados, atenta contra ejes fundamentales consagrados en nuestro orden constitucional.
La izquierda, defiende la autonomía e independencia de las Cortes y acata dentro de los términos constitucionales y legales sus decisiones en derecho. El apoyo a la JEP, dentro del camino estratégico para alcanzar paz estable y duradera en Colombia, es incondicional por parte de los sectores democráticos. Ahí, se encuentra uno de los más serios y trascendentales puntos de quiebre conceptual, en la dinámica política nacional.
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