Ojo al Plan Nacional de Desarrollo

Pocos colombianos saben qué es el Plan Nacional de Desarrollo. Básicamente, se trata de la carta de navegación del Gobierno. Cambia cada cuatro años, incluso cuando hay reelección presidencial. Es elaborado por la administración, con algún nivel de participación. El Congreso lo aprueba, con o sin modificaciones, por medio de una ley.

Los intereses que se mueven cuando se elabora un plan de desarrollo son muy poderosos. Las tensiones al interior del Gobierno para decidir su contenido son intensas y en ocasiones derivan en disputas que pueden incluir cálculos electorales futuros. Pero sobre todo, es un pulso por el poder para definir hacia dónde se quiere llevar al país en los próximos cuatro años.

El futuro de la minería en Colombia no escapa a esa disputa por el poder. En la actualidad, la única norma que prohibe hacer minas de cielo abierto en los páramos se encuentra en el actual Plan de Desarrollo, que pronto será reemplazado por uno nuevo.

El Gobierno no ha sido claro sobre si mantendrá o no esa prohibición legal en su propuesta del Plan. Si se retira, los efectos podrían ser muy negativos. Esos ecosistemas pueden dejar de ser fábricas de agua y bien se pueden convertir en inmensas minas a cielo abierto. Si ha sido difícil mantener a las empresas a raya mientras existe la prohibición, es impensable qué puede pasar cuando ellas y sus ejércitos de abogados corporativos no tengan esa barrera en la ley.

En el Plan de Desarrollo se juega el futuro de nuestros páramos. Por ende, el del agua que llega a nuestros grifos en varias ciudades del país, incluyendo a la capital de Tolima. Los ibaguereños han empezado a padecer los efectos del deterioro de nuestras cuencas de agua. Los racionamientos son un recordatorio de ello.

No hay que quitarle el ojo al Plan de Desarrollo, ni a los congresistas que lo aprueban.

CARLOS LOZANO ACOSTA, Ambientalista tolimense

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