Para que cada generación pueda desempeñar a cabalidad el papel que le corresponde, en el tránsito de una época a la siguiente, es preciso que existan posibilidades reales de hacerlo de manera armónica, impulsando el funcionamiento de múltiples hilos conductores que actúen como círculos virtuosos ascendentes y en cuyo recorrido vayan llevando a la sociedad a nuevos y mejores escenarios de prosperidad.

Cuando este tránsito no es posible adelantarlo en un ambiente de paz y concordia nacional, aparecen, entonces, condiciones adversas que dificultan el entendimiento hacia objetivos comunes, generando el rompimiento de la armonía que puede existir en quienes ejercen la oposición, aun dentro de la democracia. Esas rupturas comienzan cuando el modelo económico imperante deja de ser incluyente y empieza a producir imperfecciones en su funcionamiento, lanzando a grandes masas de la población al desempleo y con ello al marginamiento que significa carecer de ingresos para atender sus necesidades básicas de subsistencia en el corto plazo y comprometiendo, también, las expectativas de un futuro mejor para los suyos en el mediano y largo plazo.

Es lo que estamos observando en aquellos países donde se ejerce el capitalismo salvaje que beneficia al gran capital, usufructúa el conocimiento de quienes se han preparado bien y pueden vender su fuerza o capacidad laboral, cuyo beneficio mayor ayuda más a los dueños de los medios de producción que a la solidaridad que reclaman los sectores más  necesitados. Está realidad de comienzos del siglo XXI es la que ha dado origen al movimiento universal de los indignados, integrado, en su mayoría, por jóvenes que no encuentran oportunidades laborales y representan a una nueva generación de desplazados.

Las alarmantes cifras de desempleo en España (23 por ciento) y otros países europeos, así como el subempleo galopante en América Latina, son una bomba de tiempo, que afecta a la población más joven en edad de trabajar, en una cifra cercana al 50 por ciento, que junto con los mayores de 40 años desempleados y mujeres cabeza de familia necesitan ingresos para sostenerse, progresar y acceder a la seguridad social. El Estado como regulador debe actuar estableciendo políticas públicas redistributivas y de gran contenido social.