En 1986, es decir, hace escasos 25 años se inició un proceso de descentralización política y administrativa, con una lánguida autonomía en el aspecto fiscal, pues el artículo 287 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, pero dentro de los límites de la Constitución y de la Ley.

Hay autonomía para elegir a nuestros gobernantes municipales y departamentales, con una gran responsabilidad para administrar el exagerado volumen de funciones administrativas, pero sin equilibrio en los recursos económicos para poder darles una solución adecuada a sus necesidades, pues aun cuando los dineros salen de las regiones, llegan a Bogotá y desde aquí los magos del centralismo la distribuyen milimétricamente, por sectores, en pequeñas porciones que en nada contribuyen al desarrollo del país. Es como curar un cáncer con aspirina.

Así las cosas, el proceso de descentralización, antes de fortalecerse, va debilitándose poco a poco por obra del gobierno central, con el apoyo de los dirigentes políticos de los entes territoriales.

Una prueba de este golpe es la reglamentación del Sistema General de Regalías establecido en el Acto Legislativo 05 de 2.011, sus decretos reglamentarios 4923, 4950 y 4972 de 2011, que centraliza el manejo de estos recursos en una Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, como órgano encargado de definir la política general de esta fuente de recursos, el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el de Minas y Energía.

En este sentido, un municipio que necesita dinero para financiar una obra, deberá elaborar un proyecto, viabilizarlo ante Planeación de su Departamento y llevarlo a Bogotá, al Departamento Nacional de Planeación, para ver si le hacen el milagro, naciendo de nuevo las famosas firmas consultoras amarradas en las altas esferas, en detrimento del empleo local, con una fuerte centralización de la contratación estatal.

(*) Profesor de derecho administrativo