Pareciera que se tratara de la crónica de unas muertes anunciadas, no solo por el hecho de presuntamente haberse incumplido por el grupo de soldados los protocolos militares de seguridad que señalan la prohibición para que una escuadra permanezca más de dos noches en un mismo lugar, mientras nuestros inmolados héroes de la patria llevaban cinco días acampando en el mismo sitio.

Tampoco por el hecho de que dos días antes del ataque, una de las victimas habló telefónicamente con su padre manifestándole su preocupación ante el asedio constante de la guerrilla, quienes con francotiradores expertos, estratégicamente ubicados, tenían acorralado el escuadrón militar.

Las circunstancias reales que denotan la posible culpabilidad y corresponsabilidad del Estado en este nuevo asesinato viene desde más atrás, en el reclutamiento.

Ya que la excusa nuevamente vuelve a ser un presunto “error militar” por incumplimiento a los protocolos de seguridad, hoy me pregunto ¿Cuáles son los protocolos que sigue el Ejército Nacional para asignar a soldados regulares el manejo del orden público en zonas de reconocida influencia guerrillera?.

Como se justifica la presencia de nueve de nuestros paisanos en un territorio totalmente desconocido para ellos pero ampliamente conocido, analizado y estudiado por los terroristas de las Farc?.

Sin temor a escribirlo podría decirse que la muerte de nuestros jóvenes estaba escrita desde el momento mismo en que fueron absurdamente enviados al Departamento de Arauca, territorio donde hace poco menos de cinco meses 10 militares murieron y tres más resultaron heridos cuando fueron vilmente atacados con cerca de 30 cilindros bombas por parte de las Farc.

En Ibagué es común y ya hace parte de la cotidianidad ver uniformados del Ejército por las calles céntricas de nuestra ciudad “pescando” jóvenes sin libreta militar, quienes luego de las pesquisas pertinentes, son transportados en un camión ante la mirada atónita de los peatones, como si se tratara de una exhibición de gladiadores, para luego ser reclutados, en la mayoría de los casos en contra de su voluntad, no para servir a la patria, sino para ensangrentar aun mas esta guerra.

En los municipios el panorama no es para nada diferente, núbiles arrieros, agricultores, estudiantes, no tienen otra opción que cambiar sus bestias, machetes, azadones y sueños por un ancho uniforme camuflado y unas pesadas botas de cuero que en la mayoría de las ocasiones les quedan grandes.

Estos mismos jóvenes, ingenuos en la guerra, inexpertos para el combate, son los que están siendo enviados a los territorios más peligrosos e inhóspitos de la geografía colombiana.

Así el presidente Juan Manuel Santos siga pregonando a los cuatro vientos que no existe lugar vedado para la Fuerza Pública en nuestro país, esto no le da derecho de utilizarlos como carne de cañón, enviándolos a zonas con presencia permanente de terroristas de las Farc.

Así como hoy las fuerzas militares exigen garantías y reclaman ante el Congreso de la República el reconocimiento de un fuero militar reforzado, las familias colombianas exigimos y reclamamos garantías por el respeto a la vida e integridad de nuestros jóvenes, el departamento del Tolima no puede convertirse en la Cantera de héroes del Ejército Nacional que más muertos viene colocando en esta absurda guerra.