De esta manera todo el país se enteraba de cómo las investigaciones adelantadas al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), arrojaban tenebrosos resultados, entre otros, que todos los trámites que quisieran adelantarse, por ilegales que fueran, tenían precio.

Agilización de un registro minero, otorgamiento de derechos de explotación en zonas prohibidas y permisos de explotación minera en zona de páramo, pese a que la Ley 1382 del 2010 protege a estas zonas de la actividad minera, siendo algunas de las Compañías beneficiarias Anglogold Ashanti, Oro Barracuda, Negocios Mineros, entre otras, fueron parte de los hallazgos que arrojaron las investigaciones.

Este preámbulo hace necesario resaltar la necesidad para que desde la institucionalidad se combatan todos aquellos hechos de corrupción, particularmente, aquellos que involucren y atenten directa o indirectamente contra nuestro medio ambiente; pero también que desde la misma institucionalidad nazca el compromiso para defender de manera vehemente el patrimonio ecológico de nuestra nación, exteriorizando este compromiso no solo con posiciones sino también con acciones.

Los gobiernos de turno en nuestro Departamento y Municipio han sido bastante tímidos y mesurados en exteriorizar su preocupación en torno a la creciente cifra de títulos mineros que ponen en riesgo nuestros recursos naturales.
    
Para el caso de Ibagué, con un área de 138.070 hectáreas, tiene, aproximadamente, 49.290 hectáreas (35.7%) bajo Títulos Mineros Concesionados y 59.167 (42.9%) en Títulos Mineros Solicitados.

Más grave aun que las bocatomas que surten el agua de consumo doméstico a más de 500.000 habitantes también se encuentren superpuestas sobre títulos mineros, al igual que la captación de agua del acueducto complementario en Cocora.

Frente a esta realidad no puedo dejar pasar por alto como el Concejo Municipal de Ibagué manifestó su profundo rechazo ante esta situación particular, pues no es un secreto que con ello se está poniendo en riesgo el Derecho Humano al agua potable de cientos de miles de habitantes, producto de la contaminación que se generaría ante la eventual utilización de cianuro, drenaje ácido de mina y la liberación de arsénico.

La actuación de la corporación tiene como principal objetivo crear desde la institucionalidad conciencia ambiental pues permitir la destrucción de nuestros ecosistemas traería consigo el detrimento a la calidad de vida de los ibaguereños y tolimenses.

Basta con observar los impactos sociales y ambientales sufridos en países del sur donde grandes multinacionales han llevado a cabo proyectos de minería a cielo abierto, dejando hambre, pobreza, contaminación y desigualdad.

La proposición aprobada por unanimidad el pasado 9 de mayo es un hito histórico no solo porque comprometió al cabildo municipal en pleno para participar en las actividades que se han programado por el Comité Ambiental, organización de carácter civil que ha nacido con el objeto de generar conciencia ambiental, proteger los recursos hídricos y conservar nuestra biodiversidad, sino que garantiza su participación activa en la 3ra Marcha Carnaval en Defensa de la Vida a realizarse el próximo 5 de junio en la Ciudad de Ibagué.

Con estas líneas quiero exaltar el compromiso asumido por el Concejo Municipal para hacer parte activa en este escenario de construcción colectiva e incluyente, con el propósito de avanzar en la protección de nuestros bienes comunes y la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, con el objeto de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano, tanto para las presentes como las futuras generaciones.

Abogado Universidad de Ibagué