Tres mil siete votos, dos mil 791 de ellos por el No, 24 por el Sí, dos votos nulos y 10 tarjetas no marcadas, permitieron que este pequeño municipio de poco más de 350 kilómetros cuadrados de extensión y cerca de seis mil habitantes, pasara del anonimato a la fama internacional, tras hacer prevalecer la soberanía popular sobre los intereses particulares de una gran multinacional y las imposiciones de un Gobierno nacional empecinado en convertir al Tolima en un distrito minero.

“El pueblo Colombiano que no quiere oro. Es la historia de David contra Goliat que podría redefinir el rumbo de la minería colombiana: la del pequeño pueblo que dijo No a la que podría llegar a ser la mina de oro más grande de Colombia”, tituló la cadena BBC Mundo Noticias, y así, innumerables medios de comunicación, columnistas de opinión y diferentes sectores económicos, sociales, y políticos de la sociedad, daban cuenta de este resultado, que constituye indudablemente un hecho social y político que pasara a la historia de nuestro país y del mundo entero.  

Sin embargo, el panorama avizorado desde el gobierno central del presidente Santos no es nada claro ni esperanzador.

Con la expedición del Decreto 934 de 2013 por parte del Ministerio de Minas y Energía, que reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), la Resolución No. 592 de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Minería, mediante la cual se declara el proyecto minero de La Colosa como de “interés nacional”, las cartas intimidantes y amenazantes provenientes de la Procuraduría General de la Nación acusando de presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones al Alcalde de Piedras, las afirmaciones del Ministro de Minas, quien es radical en su posición según la cual, siendo el Gobierno nacional el dueño del subsuelo, no resulta oponible el resultado de la consulta popular, y las pusilánimes declaraciones del Ministro de Ambiente, quien se limita a decir que la decisión tomada en Piedras generará “tensión”, se cierra toda una estrategia jurídica y política claramente orientada a desconocer el principio constitucional de la soberanía popular, deslegitimar el resultado de la consulta y las consecuencias que esta tendrá en la modificación del Esquema de Ordenamiento Territorial de este Municipio, e imponer, en contra de la comunidad, un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la minería, con la obligada reconversión de los usos del suelo, cuya vocación es netamente agrícola.

Nuestra Carta Política es muy clara: “La soberanía reside EXCLUSIVAMENTE EN EL PUEBLO, del cual emana el poder público” (Art. 3º). “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (Art. 4º). “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” (Art. 79º).

Más clara aun es la Ley Estatutaria 134 de 1994: “La decisión tomada por el pueblo en la consulta, será obligatoria (Art. 55º). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva. Cuando para ello se requiera de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo periodo de sesiones y a más tardar en el período siguiente…” (Art. 56º).

¡¡Piedras dijo No!! Ahora es el momento para que el Tolima decida su futuro.