El propio presidente Santos ya se ha pronunciado públicamente en dos oportunidades, quejándose por todas las dificultades que su propia comunicación genera y que interfiere toda su actividad como mandatario, así como la de su equipo de gobierno.  

Pero las cosas no pueden quedar ahí, en la simple queja, en la reiterada protesta, sin que los aludidos respondan de manera clara y precisa. Estamos hartos de oír referentes a posibles causas como la falta de equipos, la no actualización de los sistemas operativos, la sobresaturación de los usuarios y la no disponibilidad de algunos vecinos para dejar colocar antenas repetidoras de la señal. 

Todo eso puede tener algo de cierto, pero no exime a las empresas prestadoras del servicio de garantizar la operación, de acuerdo con las condiciones en que han vendido las líneas a sus clientes. 

Una indebida capacidad técnica para las comunicaciones interfiere las relaciones personales y también toda la actividad económica y en general cualquier actividad diaria, y ello, sin duda alguna, constituye un indicador de ineficiencia que afecta la productividad, que genera pérdidas económicas y produce un trabajo ocioso que trae toda clase de repercusiones. 

A los usuarios nos gustaría que cesen, de una vez por todas, las excusas destempladas y que las autoridades se llenen de valor para exigir respeto a los responsables, aplicándoles las multas que señala el estatuto del consumidor y las cláusulas estipuladas en los respectivos contratos en los que les fueron adjudicadas las licencias de operación. 

No hay derecho a que la burla se haya generalizado y que la impunidad sea la triunfadora en este tema tan fundamental para la vida del país y de sus habitantes. Los colombianos merecemos respeto y consideración. 

Seguramente, si las autoridades no se deciden de una vez a hacer aplicar el rigor de la ley, con energía y determinación, los responsables seguirán pasando de agache frente a este fundamental problema, sin que se atrevan a poner la cara, como es debido.