Los opositores arguyen que una empresa de esa magnitud debe conservarla el Estado, pues ofrece rendimientos y ellos se deben aprovechar, conservando un control que le permite al sector público tener presencia en un área importante como es la de la generación de energía, vital para el desarrollo del país.  

Pero el Gobierno dice que necesita los recursos para incorporarlos al plan de inversiones en infraestructura, en donde Colombia ha tenido rezagos muy notorios que en estos momentos afectan la competitividad y desde luego el nivel de desarrollo del país, con las incidencias que ello tiene en la calidad de vida de los habitantes. 

Creo que la propuesta de vender no es para nada descabellada, pues el papel del Gobierno es el de estimular sectores en donde en determinados momentos no hay suficiente interés del sector privado en invertir, para luego de valorizarlos y utilizar sus recursos en otros frentes que beneficien el interés general. 

Soy abiertamente partidario de que el Estado no puede convertirse a su vez en empresario, abarcando inversiones en los más diversos sectores, pues la politiquería puede llevar a que muchas de esas empresas entren en cualquier momento en crisis y desaparezcan por sustracción de materia, como hemos tenido muchos ejemplos dolorosos a través de la historia. 

Qué mejor que vender un activo cuando este representa un valor apreciable y que ese dinero se aproveche en otros desarrollos de los cuales el país tiene urgencia y no puede atender por falta de recursos. Si dentro del proceso de venta se establece claramente en qué se va a invertir el dinero recuperado, no debe existir temor en que la operación se haga, por cuanto se trata de aplicar dinámica al desarrollo y de satisfacer necesidades apremiantes para los ciudadanos. 

Alguien decía que entre más grande sea el Estado, más pequeño es el ciudadano, y esa es una tesis que ha tenido suficiente comprobación en la historia política del mundo.