Cuando se conocieron las posibles zonas de concentración para los guerrilleros de las Farc, un alcalde quedó muy inconforme, pero contrario a lo que la justa razón indica, su inconformismo no se derivó del hecho de que su municipio hubiera sido incluido en la lista, sino por el contrario, porque precisamente quedó excluido.
Inmediatamente los periodistas lo abordaron para tratar de entender si se trataba de un mal chiste, o simplemente hacía parte de la consabida estrategia mediática. El mandatario sin ruborizarse ratificó su ofrecimiento al Gobierno nacional para ubicar en su territorio una de las zonas de concentración, es mas, no tuvo reparos en dejar abierto un plan b para que si un municipio de los escogidos terminaba no aceptando, fuera entonces la capital musical su reemplazo.
Mientras esto ocurría en una movida semana en materia de paz, un profesor de la Universidad Nacional en un debate promovido por la Revista Semana se atrevió a comparar a los promotores de la consulta popular minera con los temibles Yihadistas, los mismos terroristas islamitas que desprecian la vida y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para defender sus ideas.
Ante semejante comparación hay que poner en contexto lo que está pasando en este momento en la ciudad de Ibagué, en donde se está confundiendo la defensa del medio ambiente y la defensa de la vida, con el fundamentalismo y la estigmatización a todos los que no compartan la forma en que se quieren proteger estos derechos. Es decir, no es suficiente con estar a favor del medio ambiente, sino que se debe estar de acuerdo con la realización de una consulta popular a cualquier costo, para no ser considerado “prominero”.
Craso error, porque si bien suena taquillero el hecho de hacer una consulta popular para que sea la misma ciudadanía la que decida sobre el futuro de su territorio, hay que tener cuidado sobre los límites que deben existir en cualquier ejercicio como este, y además hay que revisar cuál es el mecanismo mas idóneo para hacerlo.
Considerar que todo el que no esté de acuerdo con la consulta popular hay que denominarlo “prominero”, o lo que es peor, que por el hecho de no estar de acuerdo con la misma, es porque se está en contra de la vida, es tan antidemocrático como evitar la consulta si este fuera el único mecanismo existente.
En este sentido hay que ser claros. El propio alcalde reconoció en el debate en mención, que además de la consulta popular, hay otras opciones, por cuanto el marco normativo actual le otorga facultades a los municipios para reglamentar la minería en los respectivos territorios. Entonces, ¿si existe la facultad para hacerlo, para que privar a las comunidades de unos recursos económicos que pueden destinarse para otros fines como la salud o la educación? ¿Cual sería el valor agregado de una consulta popular?. ¿O es que acaso tendremos que seguir preguntándoles a los promotores de la consulta si detrás de la misma, existe un interés político para promover candidaturas a corporaciones públicas o cargos uninominales?
Sí al final se realiza la consulta, votaré en contra de la minería como ya lo he manifestado en varias oportunidades, pero no por ello dejaré de pensar que por existir otros mecanismos idóneos, ese dinero pudo haber sido mejor utilizado.
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