Es preocupante que haya un país donde, cuando una persona piensa distinto, su patrimonio y su buen nombre estén amenazados. Un país donde la oposición no es vista como un elemento indispensable para la democracia, sino como un obstáculo.
Un país donde el fruto del trabajo honrado es mal visto y está bajo la amenaza de las calumnias y las difamaciones. Un país donde primero se señala públicamente y luego se investigan los hechos.
Cualquier lector desprevenido debe pensar que se está haciendo referencia a Venezuela. Pero no, infortunadamente es a Colombia y la persona que ha sido sometida a los cuatro ejemplos mencionados, es, ni más ni menos, que un expresidente de la República.
El martes, la Contraloría General produjo un documento en el que solicitó a las autoridades competentes adelantar “las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales”.
En total fueron reportadas 33 personas, entre naturales y jurídicas, propietarias de 322 predios que suman más de 123 mil hectáreas en cinco departamentos.
Lo extraño, es que el comunicado de prensa no lo encabezaron las haciendas más grandes, una en Puerto Gaitán, Meta, de 22.834 hectáreas y varias de más de 10.000, sino El Ubérrimo, en Córdoba que tan solo tiene 103 Hectáreas, propiedad de Álvaro Uribe Vélez.
Y entonces hay que preguntarse: ¿Hasta dónde quieren llevar al ex mandatario? Ya tiene un hermano en la cárcel por hechos poco claros sucedidos hace más de 20 años en Antioquia. A sus dos hijos también han querido empapelarlos.
Varios de los que fueron sus ministros o colaboradores o están en prisión o están tratando de conseguir refugio en otros países. En el tema mediático, no se le da respiro con informaciones a veces tendenciosas. Y las Farc, envalentonadas hasta más no poder, están a la espera de que coja fuerza la llamada Jurisdicción Especial para la Paz para írsele al cuello.
Como si fuera poco, ahora a Uribe se le quieren meter con su patrimonio. Él, convincentemente, ha dado todas las explicaciones del caso sobre la forma como adquirió El Ubérrimo. La ciudadanía le cree. Esos colombianos de a pie que están cansados de ver cómo primero se hace daño a su buen nombre y luego se rectifica. Esos que en casi todas las encuestas le catapultan como el político con mejor imagen del país. Esos que le agradecen el hecho de que durante su gobierno sacó al país del abismo.
Pero no, a Uribe hay que arrinconarlo, al decir de sus enemigos políticos. Hay que arrinconarlo porque –como la mayoría de colombianos lo demostró el 2 de octubre pasado– no está de acuerdo con el proceso de paz que a la brava nos impusieron en La Habana Santos y las Farc.
Hay que arrinconarlo porque se opone a que el país le sea entregado al terrorismo. Y hay que arrinconarlo, sobre todo, porque constantemente alerta de que Colombia va rumbo a convertirse en un régimen castrochavista.
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