Cada partido escoge a unos voceros para que  defiendan esas ideas o intereses desde los cargos públicos, los presenta como sus candidatos y certifica que son productos genuinos, es decir, que representan de veras al partido.

Así funcionan la democracia y los avales en los países de verdad. Pero en Colombia la cosa es diferente. Los partidos en realidad no existen, porque no organizan a la sociedad en sectores afines; y sin embargo la Constitución supone que sí existen y les encomienda la función de postular candidatos para los cargos “de representación popular”. El resultado es convertir a los directorios en distribuidores de las licencias para ser candidato y convertir el aval en un contrato que al concesionario le permite inscribirse y al dueño de la marca le suma los votos que obtenga el candidato y que, a su vez, aumentan la fuerza de su marca. Por eso en vez de partidos que escogen sus voceros, aquí tenemos candidatos que buscan el aval de los partidos. Y súmele el detalle de narcotraficantes y bandidos de todos los pelambres que necesitan llegar al poder para hacer o agrandar sus negocios, y tienen el dinero o los fusiles suficientes para sacar muchos votos: son la narco, la farco y la para-política.

Desde el siglo XIX y hasta el Frente Nacional, los partidos fueron dos odios heredados.  Con el Frente Nacional se convirtieron en federaciones de caciques clientelistas. Y con la narco-paramilitarización creciente de los últimos años, sirvieron además como caballos de Troya de los grandes criminales, desde Pablo Escobar y el 8.000 hasta el Pacto de Ralito y las condenas a cárcel para más de 30 ­congresistas.

Tanto así que el mismísimo Congreso aprobó el Acto Legislativo 1 de 2009, según el cual el partido perderá la curul del congresista, diputado o concejal que sea condenado por paramilitarismo o narcotráfico. La ley 1475 del pasado 13 de julio desarrolla esa reforma y detalla las sanciones de multas, suspensiones y hasta disolución del partido o movimiento que avale semejantes  candidatos. También ordena que los estatutos de todos los partidos incluyan un código de ética y un tribunal que vele por la moralidad de sus voceros.    

De modo pues que los partidos sabían a qué atenerse cuando a base de cálculos y componendas comenzaron a repartir licencias por los pueblos y ciudades.

Hasta que vino el otro escándalo y entonces decidieron retirar centenares de avales: 517 del Partido Liberal, 500 de La U, 400 de los conservadores, 308 de Cambio Radical y 16 del PDA.

Y lo mejor o lo peor del cuento es que esto puede terminar en una farsa. Primero porque no es claro que al perder el aval el candidato pierda su inscripción: ya estaba hecha. Segundo porque las sanciones eventuales las impondría el Consejo Nacional Electoral, que está integrado por calanchines de esos mismos partidos. Y tercero, porque quitar el aval es una linda manera de esquivar los castigos que el día de mañana podrían imponerse a los partidos.

Pobre la democracia.