En 1990, en un artículo titulado “Soft Power” y publicado en la Revista Foreign Policy, Joseph Nye señaló: “Corporaciones multinacionales a veces son más relevantes para alcanzar los objetivos de un país que lo son otros Estados”. Para demostrar su punto, citaba como ejemplo el caso de empresas cuyas ganancias anuales superaban el presupuesto de países como Colombia o Kenia. En 2016, la misma revista en otro artículo titulado “Rise of Titans” y escrito por Parag Khanna y David Francis, introduce el término “metanacionales”, es decir, compañías con poderes ya no solo en algunas naciones, sino también a nivel global. A manera de ejemplo, mencionan (Glencore), “notoria por sus intereses de negocios en África, y la cual tiene el poder de quebrar economías en esa región”.
Hasta aquí, los argumentos expuestos son relevantes tanto para quienes son partidarios de un modelo extractivo como para aquellos que se oponen. Es decir, para el caso del oro de Colombia y del Tolima, lo que sea que tenga para ofrecer o decir la tercera extractora de oro en el mundo (Anglogold Ashanti), resulta mucho más relevante que la opinión de Ecuador, Argentina o Alemania. Es decir, una empresa está por encima de muchos Estados. Esa es la realidad. Así funciona el poder en la actualidad y ante esta nueva circunstancia hay que adaptarse.
La comparación entre América Latina y África, resulta inevitable. Por más que los imaginarios de la población latinoamericana estén en los Estados Unidos de Europa occidental o del norte de América, lo cierto es que el gran poder económico global, nos ve como una mera fuente de recursos naturales. Una mina de oro, un pozo petrolero, una selva, reservas hídricas, pocos impuestos, etc. Sociedades profundamente desiguales, con mano de obra barata y cuyas élites viven literalmente en otro planeta (incluidos los académicos). Pero lo peor, plagada de ciudadanos corruptos que no tienen inconveniente en hacer lo que sea con tal de vivir como el 1% de la población más rica del mundo.
Lo que Ibagué se está jugando a nivel local, nacional y global resulta fundamental para marcar el futuro del territorio. Esta no es la “consulta de Jaramillo”. Lo que decidamos sobre nuestros recursos naturales, marcará nuestro futuro; y de hacerlo bien, nos pondría en el mapa mundial como ejemplo a seguir. Los líderes políticos o sociales de “las provincias”, tienen el deber de acompañar y fiscalizar lo que está pasando con la consulta minera de Ibagué, sobre todo para que en Bogotá nos dejen de mirar por encima del hombro y se respete nuestra autonomía.
Pensando que éramos igual que la mayoría de África, el poder extractivo interesado en invertir en Colombia, quizá subestimó el poder que la Constitución de 1991 le da a la ciudadanía y a los entes territoriales. A diferencia de Venezuela o de muchos países africanos, en Colombia algo ha funcionado de la división de poderes; y ese algo se llama Corte Constitucional. Sobre la labor del intérprete de la Constitución, que ha sido reconocida positivamente a nivel mundial por autorizados expertos y las posibilidades jurídicas para el futuro de la consulta minera, me referiré en la próxima columna.
Comentarios