Los políticos no quieren cambiar sus prácticas marrulleras ni su intención manifiesta de defraudar a su electorado y, si pueden, al tesoro nacional. La esencia de este sistema político ha sido “la politiquería y la corrupción”, como la describió, con mucho acierto, Uribe I en su etapa reformista. Después de los escándalos del Proceso 8000 y el de la Parapolítica, lo que se podría esperar es que los políticos admitieran que es necesario cambiar de comportamiento y evadieran ese tipo de alianzas.

Pero lo que se observa es lo contrario. Ellos desean seguir en lo mismo e intentan cambiar las reglas del juego, alterando los procedimientos judiciales que les aplican para que nada cambie y puedan continuar su compinchería con diablos. Esto es lo que está detrás de intentos como el que hizo el Presidente del Senado de revivir la inmunidad parlamentaria, para consagrar su impunidad, y de los cambios que se impulsan en la actualidad en la Comisión de Acusaciones. No se trata de que los congresistas en ejercicio buscan favorecer a los que están en la cárcel, sino que quieren asegurarse de que si continúan haciendo política como saben hacerlo no tengan que vérselas con la Corte Suprema sino pasar primero por la Fiscalía, que, por alguna razón que valdría la pena tratar de entender, les ofrece mayor confort. También quieren ser juzgados en dos instancias, y que no los detengan hasta que hayan sido juzgados y condenados (¿Si se ha ganado tiempo se ha ganado todo?).

Los congresistas en ejercicio que aún no han sido investigados quieren estar seguros de poder seguir haciendo política como lo han hecho por los menos en los últimos 30 años, sin temor a tener que responder por lo que hacen. De esa manera, cuando surja el próximo escándalo, la Bacrimpolítica o quién sabe cuál, tendrán la oportunidad de protegerse gracias al fuero especial que quieren construir. Es posible que algunos o la mayoría de los congresistas que están en la cárcel o de los que tuvieron que ceder el centro del escenario a sus cónyuges estén arrepentidos de lo que hicieron. También es concebible que algunos de ellos deseen cambiar y que la experiencia les ha servido para que ayuden a reformar la política. Pero el sistema en su conjunto no tiene ese propósito de enmienda ni ha dado señal alguna de tener contrición de corazón.

En la cosmología católica, que es la dominante en la cultura colombiana, esos son dos requisitos para merecer perdón. Pero, a juzgar por lo que está haciendo el Congreso, los políticos profesionales no buscan redimirse ni que les perdonen sus fechorías, pecados o pecadil­los, sino poder seguir cometiéndolos sin que les caiga el peso de la ley. Por eso no hay que contar con ellos para limpiar el sistema.

Aunque el Ejecutivo y los directores de los partidos han sido los promotores de los cambios legales que infructuosamente intentaron reformar la política, tampoco se puede confiar en que lo hagan con sinceridad o en forma consistente porque dependen de los políticos para su gestión y terminan de cómplices, preservando el poder de los culpables, con lo cual promueven la reincidencia. La solicitud tardía que han hecho algunos directores de partido al Consejo Electoral para que anule los avales que ellos mismos han dado es una muestra lamentable de falta de sinceridad. El sistema no va a cambiar si seguimos eligiendo a los malos con la complicidad del gobierno y los partidos.