“Desde el primer Consejo de Ministros, el Presidente fue claro en afirmar que cualquier negocio o iniciativa relacionada con el Estado, en el cual hubieran tenido o tuvieran alguna participación parientes suyos, no se hace. Por eso el posible proyecto de ecoturismo en el Parque Tayrona está muerto”.

Esta declaración marca el regreso de las buenas costumbres en el ejercicio del poder ejecutivo en Colombia. Los mandatarios colombianos y los altos funcionarios del Estado y del sector privado se habían acostumbrado a una laxitud creciente frente a las normas y a los estándares de conducta que regulan el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.

Y se ha puesto de moda defender el derecho de quienes están cerca del poder de ejercerlo para su beneficio con la justificación de que “tienen derecho a hacerlo, como cualquier otro ciudadano”. (con la diferencia de que cualquier otro no cuenta con la obsecuencia de los que otorgan los beneficios).

En el pasado reciente, cuando los hijos del ejecutivo de turno quisieron ejercer su derecho a convertirse en hombres de negocios, un respetado columnista económico los animó a hacerlo,  si son tan hábiles, pero en otro país, “donde su papá no es el presidente”.    

Llama la atención que este significativo cambio de conducta ha sido recibido con indiferencia, ha pasado relativamente desapercibido y ha sido criticado, precisamente con el argumento de que lesiona los derechos de los parientes del presidente, o porque se desaprovechó la oportunidad de crear un precedente sobre hoteles en parques naturales.

El alcance ético de la decisión del gobierno y su importancia como ejemplo de conducta en casos de conflicto de intereses o abuso del poder es algo que tiene mayor jerarquía que la política del gobierno frente a los parques naturales, que debería parecerse a la de Costa Rica, que fue descrita sucintamente por la ministra de ese país cuando dijo que allá no dejan hacer hoteles en parques naturales (y por eso han podido promover el turismo ecológico).

Los países, como las organizaciones, imitan a sus líderes. Es lo en la literatura del ramo se conoce como el efecto de Pigmalión. Si el jefe de estado tiene estándares de conducta relativamente laxos y si es popular y generalmente admirado, entonces otros ejecutivos del sector público o del sector privado adoptan sus mismas prácticas y costumbres, y por obra de ese mismo efecto, al poco tiempo el país entero asume como propios los valores y el comportamiento del líder.

Surgen émulos e imitadores por todas partes como fue el caso de “Uribito”, del depuesto gobernador del Valle, y de numerosos otros casos en empresas en las que la noción de conflicto de interés o abuso del poder ha desaparecido, a tal punto que los directores o gerentes reciben comisiones por las compras, son propietarios de los principales proveedores, y los revisores fiscales de estos proveedores son los mismos de las empresas que los contratan. Son auténticos “carteles de la contratación” internos amparados por la ausencia de control.

Todo esto tiene, por supuesto, un elevado costo económico, porque la asignación de recursos es ineficiente. Se hace a dedo, motivada por consideraciones filiales o por el propio beneficio, sin tener en cuenta el interés o los derechos de  los ciudadanos corrientes y de los accionistas minoritarios. Por eso es tan interesante la decisión del Presidente Santos que ha revivido estándares de conducta que estaban prácticamente olvidados y son necesarios.

Colprensa