Una inversión tan grande en infraestructura de transporte va a inducir mayor crecimiento económico y mayor empleo directo e indirecto que el que generaría una inversión de igual magnitud en otros sectores de la economía.  

El año pasado se hizo una estimación de este efecto para una inversión privada en el mismo sector cuyos flujos anuales equivalían a un tercio de los de este programa y los técnicos especializados estimaron que generaría un poco más de medio punto porcentual del PIB por año durante la construcción. El programa de inversión del Gobierno generaría entonces un crecimiento adicional del PIB que puede estar entre uno y dos puntos porcentuales por año de construcción. 

Basado en este mismo análisis se puede prever que el programa de inversión en infraestructura podría crear empleo directo e indirecto de 250 mil a 300 mil puestos de trabajo durante el mismo período de cinco años. La mayor parte de esos empleos se generarían en sectores que demandan personal con bajos niveles de calificación. 

También hay que tener en cuenta que a partir del año cinco los proyectos contribuirán positivamente a la productividad de otros sectores rebajando costos y tiempos de transporte. Esto induciría un aumento de la competitividad de las exportaciones y abarataría también las importaciones. El efecto combinado de menores costos, mayor productividad y el crecimiento de las exportaciones tendría un impacto adicional positivo y permanente en la tasa de crecimiento anual de la economía y efectos muy positivos sobre la distribución del ingreso. 

Superados los obstáculos existentes para poder avanzar con estos proyectos que provienen de las autoridades ambientales y de comunidades étnicas existentes o creadas ad hoc, el principal cuello de botella es la financiación en general y en particular el aporte que debe hacer el Gobierno. 

Es un bocado grande para el sistema financiero internacional y para la programación fiscal del Gobierno. El Ministerio de Hacienda ha concebido un plan que involucra a la Financiera de Desarrollo Nacional S.A y su capitalización con recursos provenientes de la venta de las acciones de Isagén y de algunos de los activos que posee el Gobierno que haría viable la financiación del programa. 

Conservar las acciones como solicitan varios comentaristas puede causar que el programa de inversión en infraestructura no se lleve a cabo. Esa es la consideración que tiene que entrar a hacer parte de la evaluación y discusión de los costos y beneficios de la venta.