En estas últimas semanas se les están presentando formidables dilemas éticos al Gobierno y a la sociedad. En primer lugar se destacan los derivados del secuestro y liberación del general que secuestraron las Farc en el Chocó. Seguramente no fue fácil decidir si el Gobierno debería dejarlo retirar.
Es difícil no castigar a un general que viola inexplicablemente todos los protocolos de seguridad en un territorio cuya situación militar conoce a cabalidad. Permitir que permaneciera en el servicio activo hubiera establecido un precedente que debilitaría la disciplina y premiaría la falta de criterio. Pero al mismo tiempo hay mucha gente, mayoritariamente del Centro Democrático, que aduce que si a alguien se debería castigar tendría que ser a los jefes guerrilleros por secuestradores, en lugar de transportarlos en avión para que salieran a recibir al general, y salir en la foto abrazándolo.
Este abrazo también trajo consigo controversia. El general y el guerrillero que aparecen abrazados lo hacen con timidez, con el pudor que se siente cuando se abraza a un extraño, pero los dos parecen estar haciéndolo de buena gana. El general porque Alape lo vino a rescatar y Alape porque está haciendo una buena obra, oficio que le es extraño pero que seguramente también le es grato.
Son dos seres humanos en una situación tensa que los acerca. Es la foto de la reconciliación. O lo fue, porque aparentemente molestó al Ejército y a la derecha, y puso en aprietos al Gobierno. Al final, triunfaron la hipocresía y la inconsistencia. La primera porque logró ensuciar un gesto natural y espontáneo; y la segunda porque llevó a que la opinión rechazara lo que se propone alcanzar con el proceso de paz. Cuando se acabe la guerra van a haber razones para salir en la misma foto con alias Timochenko, hasta para abrazarlo.
Cuando se está creando un marco para la paz se hacen muchas cosas que no se hacen normalmente. Por ejemplo llevar a Timochemko hasta La Habana para que dirima algo que sus delegados no sienten que tienen la autoridad para dirimir sin su visto bueno. El comentario que hizo Santos sobre la posibilidad de calificar como delito político las actividades de la guerrilla vinculadas al narcotráfico ha puesto a sus opositores al borde del paroxismo. Se preguntan cómo va a legitimar de esa manera al narcotráfico.
Se les olvida cuando se admitió que varios mafiosos se hicieran pasar por paramilitares con ayuda de altos funcionarios de gobierno. Además, si no fuera por el narcotráfico, las Farc no hubieran podido convertirse en un formidable adversario militar.
Durante muchos años se cometió el error de ignorar el poder táctico que les confería esta actividad. Por hacer caso omiso de eso se han perdido muchos años durante los cuales hubiera sido posible debilitar a la guerrilla haciéndole seguimiento a su flujo de caja.
No darle carácter de delito político al narcotráfico de la guerrilla es equivalente a no dárselo a que porten armas ilegalmente. Eso no quiere decir que se le debe dar ese mismo tratamiento al secuestro, entre otras razones porque es un crimen monstruoso.
A medida que se aproxima la paz van a surgir muchos otros dilemas éticos. La manera como se resuelvan va a ser un elemento esencial del éxito.
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