A la hora de tomar decisiones, después del plebiscito, la macroeconomía va a pesar enormemente, pero la paz tiene prelación en este momento histórico.

Se intuye que la reforma tributaria que se llevará al Congreso no va a ser suficiente ni estructural. Se presiente una inconsistencia pues se necesita elevar el recaudo significativamente, pero se está hablando de la necesidad de reducirles impuestos a las empresas y de acabar con el impuesto a la riqueza. No da la impresión de que estos objetivos sean conciliables, a menos que aumente otro impuesto, lo que hasta ahora no ha resultado oportuno proponer. 

Entonces hace falta pensar en mecanismos complementarios para cumplir las metas fiscales y las exigencias de la paz. La idea de gravar los dividendos no parece ser tan efectiva como creen los expertos tributarios y puede tener impacto indeseable en los precios de las acciones e inversión de las corporaciones. 

Una posibilidad concreta para reducir el desequilibrio fiscal es combatir la corrupción. Esta debe ser una prioridad de gobierno, sector privado y población, para darle respuesta al clamor popular y a la indignación de quienes advierten que es una de las mayores venas rotas del estado. 

Es el camino que propone Humberto de la Calle en su discurso de La Habana: “Este marco es también una oportunidad para profundizar la lucha contra la corrupción.

Es un cáncer que nos devora. Golpea duramente las finanzas públicas. Es verdad que los circuitos de la corrupción comienzan en la política, en particular en la local. Es allí donde se gesta la corrupción”. 

Es urgente hacerle caso y también a la propuesta de Iván Márquez de celebrar un gran acuerdo político nacional. Este tendría que tener un complemento económico. Se le podría dar prioridad a mayor inclusión social organizando un gran salto en educación, destinando una porción significativa de las regalías a financiar un programa nacional de apoyo a la primera infancia, y a la duplicación de cupos en las universidades públicas. 

Este es el complemento amplificador que le hace falta al programa “de ser pilo paga”. Sería también una manera de ponerle límite al desperdicio de recursos en los gobiernos territoriales.